La Región

Condenaron a una abogada de Anses por "vender" trámites jubilatorios

La profesional, que le realizaba el trámite a particulares y cobraba honorarios por eso, era directora de Legales de la repartición.

Lunes 09 de Septiembre de 2019

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Rosario condenó a dos años de prisión en suspenso a una abogada de la Anses Venado Tuerto, quien en su carácter de directora del equipo de Legales de la repartición realizaba trámites sobre beneficios jubilatorios y cobraba para ello honorarios a quienes concluían el trámite. La pena, cuya cuantía le permitirá al juez no efectivizar la detención ya que la condenada no tenía antecedentes, también prevé entre otras consideraciones que la abogada fije residencia, se someta a tratamiento psicológico y realice capacitaciones vinculadas a su profesión y trabajos no remunerados en favor del Estado o instituciones de bien público.

El fiscal de la causa, Oscar Arrigo, acusó formalmente hoy a Nancy Fontana como autora penalmente responsable de los delitos previstos y penados por el Código Penal para el caso de funcionarios públicos que utilizan el Estado en beneficio propio y solicitó que se la condene a la pena de cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y costas.

Para Arrigo quedó plenamente probado con la prueba producida en la audiencia que Fontana cometió el hecho por el que fue acusada. Valoró así las testimoniales prestadas por la jefa de la Unidad de Atención Integral (Udai) Venado Tuerto, Paola Bravo, que fue quien comenzó con la investigación.

Bravo describió cómo en las oficinas de la Anses que correspondían a Fontana había dos puertas y por una de ellas la imputada atendía a personas particulares, cuando no correspondía que la directora de Legales reciba a personas. También manifestó que tomó conocimiento de que Fontana cobraba por esos trámites, entre ellos el de su propia madre, quien pagó dos haberes por la obtención del beneficio jubilatorio.

Para formular la acusación también el fiscal se basó en los dichos de cuatro jubilados que reconocieron que su trámite lo realizaron a través de Fontana y que ella los asesoraba en las propias oficinas del Anses o en su casa particular. También contaron que luego les exigió el pago de dos o tres haberes por los trámites realizados.

También declaró una gestora que trabajaba cotidianamente en la repartición, que contó que se veía cómo la imputada atendía en su oficina a personas particulares y que además era público y notorio que si los trámites los hacia Fontana salían en tres meses, cuando normalmente tardaban seis como mínimo.

El fiscal señaló posteriormente de manera clara cómo las pruebas colectadas en el debate encuadraban en los tipos penales por los cuales formuló acusación. Además explicó que, conforme a las pautas establecidas en el Código Penal, tuvo en cuenta para el pedido de pena de Fontana la naturaleza de la acción, el desenfado de atender a los clientes en la propia oficinas públicas “utilizando sus instalaciones y empleados, el nivel de educación que tiene ya que se trata de una profesional de la abogacía y la falta de dificultad para ganarse el sustento”.

El Tribunal, integrado por los jueces Ricardo Moisés Vásquez, Otmar Paulucci y Germán Sutter Schneider, resolvió condenar a Fontana a la pena de dos años de ejecución condicional y le impuso las pautas del artículo 27 bis del Código Penal. Para el representante del Ministerio Publico Fiscal “es relevante que se lleven a cabo este tipo de audiencias que tratan de delitos contra la administración pública”.

Por otra parte, consideró que, si bien la pena impuesta por el Tribunal fue menor a la solicitada, desde la Fiscalía estimaron que es importante lograr condenas en casos como los presentes que son de interés público.

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