La comunidad de Casilda visibilizó este miércoles un fuerte rechazo a la decisión del gobierno provincial de derivar al Hospital San Carlos de esta ciudad la atención médica de presos alojados en el penal de Piñero para casos de urgencias y emergencias.
El reclamo para que se dé marcha atrás a la cuestionada medida, quedó al descubierto a través de un paro de actividades y un contundente abrazo solidario al edificio hospitalario casildense que sumó a trabajadores de la salud, representantes gremiales, autoridades y vecinos.
La polémica resolución, que también afecta a otros efectores de la región, fue tomada por la Dirección de Tercer Nivel del Ministerio de Salud tras el asesinato, en el Hospital Provincial de Rosario, del policía Leoncio Bermúdez, perpetrado por un grupo de sicarios el martes de la semana pasada.
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"Estamos satisfechos por la convocatoria”, dijo a La Capital el referente de Ate, Emiliano Scopetta, en alusión al respaldo social que cosechó la protesta. Y en esa misma línea calificó lo dispuesto como "una total improvisación por parte de la provincia que termina recargando a los trabajadores del hospital con mayores responsabilidades, mientras no cumple con demandas que estamos llevando adelante en defensa del poder adquisitivo de los salarios o por estabilidad laboral, entre otros".
Por último, el dirigente gremial aclaró que "no nos oponemos a la atención, pero no están dadas las condiciones, razón por la cual esperamos que prime la razón y esta medida quedé sin efecto".
Por su parte, el director del hospital, Omar Moya, señaló que "la preocupación puntual que tenemos pasa por la falta de preparación que tiene el nosocomio para la asistencia de presos que son de altísima peligrosidad. Esta es una zona donde hay muchas rutas de escape y el mismo personal no está habituado a recibir este tipo de pacientes".
No obstante, indicó que "en lo personal estoy convencido que no se puede dejar de lado la parte humanitaria y que la atención de la salud a los detenidos hay que garantizarla, pero también soy consciente de que el hospital no tiene la infraestructura necesaria para darle seguridad al personal que lo tiene que atender".
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Ya este martes se llevó adelante la derivación de dos internos de Piñero que luego de ser atendidos en el hospital casildense fueron trasladados nuevamente a la cárcel por personal del Servicio Penitenciario Provincial. Lo sucedido causó malestar al no haber existido ninguna comunicación previa con la institución hospitalaria para ponerla en aviso y así preparar de antemano el protocolo respectivo, lo que recién pudo realizarse una vez que los detenidos ya habían sido traídos a Casilda.
Así lo confirmó Moya, quien espera que las autoridades provinciales resuelvan cuanto antes la problemática en cuestión para asegurar tranquilidad.
"Ya mantuve conversaciones y me prometieron que en el corto plazo el Ministerio de Salud hará lo necesario para revertir esta situación que sería momentánea", explicó Moya, quien además conversó el tema con el intendente, Andrés Golosetti, y el senador del departamento Caseros, Eduardo Rosconi, quienes ya enviaron sendas notas al gobernador, Omar Perotti, y a la ministra de Salud, Sonia Martorano, para que tomen cartas en el asunto.
El escrito advierte, entre otras consideraciones, que "no se encuentran garantizadas las condiciones de seguridad para sostener la atención de estos detenidos, y por lo tanto se están poniendo en riego a los vecinos, tanto trabajadores del hospital como pacientes que requieran asistir al nosocomio".
Asimismo, resalta que "no solo los empleados del hospital se manifestaron masivamente en contra de esta decisión, sino la comunidad en general". Y, además, señala que "la situación es de alarma para todos los actores de esta ciudad, por lo que no podemos dejar de expresar también nuestra preocupación y rechazo, tanto como peticionar la inmediata resolución de cese de la decisión dispuesta".
También se mostró en desacuerdo de lo resuelto el Concejo Municipal de Casilda que en las próximas horas emitirá una declaración al respecto.
El comunicado firmado por el titular de la Dirección de Tercer Nivel del Ministerio de Salud, Rodrigo Mediavilla, establece que los internos alojados en Piñero serán derivados al Hospital San Carlos de Casilda, los presos de la Unidad Penal 16 irán al Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo, desde la Unidad Penal 6 al Hospital Centenario, los de la Unidad Penal 3 al Anselmo Gamen de Villa Gobernador Gálvez y los alojados en la Unidad Penal 5 y bajo la órbita federal, serán trasladados al Hospital Eva Perón de Baigorria.