Casilda: fuerte movida para evitar que 16 trabajadores de la salud "queden en la calle"

Una nueva y encendida protesta se desarrolló este miércoles en Casilda en defensa de la salud pública y para exigir al gobierno provincial que garantice la continuidad laboral de 16 trabajadores y trabajadoras que prestan servicio en el Hospital San Carlos y otros centros de salud de la ciudad cabecera del departamento Caseros.

El personal afectado viene cumpliendo funciones a través de contratos que la institución hospitalaria casildense afrontó con recursos propios hasta que fue objetado por el Tribunal de Cuentas de la provincia y ya no tiene margen para mantenerlos en pie.

Ante esta situación, la delegación casildense de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (Siprus) reclaman al Estado santafesino que absorba los contratos para evitar las pérdidas de trabajo, algo que hasta ahora no tuvo respuesta. El pedido es acompañado por la dirección del hospital y las autoridades políticas locales que iniciaron gestiones que aún tampoco tuvieron éxito.

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La semana pasada se realizó un abrazo solidario al efector público local y este miércoles a media mañana ocurrió lo mismo en el centro de salud del barrio Alberdi en el marco de un plan de lucha que tiende a endurecerse de no surgir soluciones.

En tal sentido, ya se están analizando los pasos a seguir en una asamblea ampliada a la que fueron convocados otros gremios de la Multisectorial Casilda, organizaciones sociales, representantes de instituciones y referentes políticos, entre otros.

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Los trabajadores y trabajadoras que corren riesgo de "quedar en la calle" cumplen funciones esenciales en el hospital casildense como psicología, psicopedagogía, admisión de guardia, administración, laboratorio, farmacia, kinesiología, fanoaudiología, entre otros servicios.

"Las medidas se están profundizando porque no tenemos respuesta por parte de los ministerios de Salud y de Economía para que la provincia absorba los contratos que venía afrontando el hospital y el Tribunal de Cuentas lo observó y no lo puede seguir realizando", explicó a La Capital el referente de ATE Casilda, Emiliano Scopetta.

El gremialista sostuvo:"Esto no solo genera un problema para los compañeros y compañeras que pueden perder su trabajo sino también para el sistema de salud público de la ciudad de Casilda ya que cumplen funciones esenciales".

Asimismo, Scopetta dijo que "tiene que haber una respuesta política que resuelva la situación, porque estamos perdiendo adminsitrativos, médicos de guardia, kinesiólogos, psicólogos, entre otros profesionales. Esto es lo que no esta viendo la provincia por ahorrarse 16 contratos de 66 mil pesos cada uno". “Ese monto _amplió_ no significa absolutamente nada para la provincia que tiene superávit y millones en plazo fijo que vaya a saber para qué lo usan sino atienen necesidades claves, como en este caso".

Por último, resaltó que se avanzará con el reclamo hasta obtener soluciones. Y en esa marco resaltó "unificar" la acción a otros problemáticas locales que también forman parte de la agente local.