La fiscal de Cañada de Gómez Gabriela Lescano está siendo investigada por posible incumplimiento de los deberes de funcionario público a partir de una denuncia que reveló que alquilaba en una galería de esta ciudad una oficina externa donde tenía una persona ajena al Ministerio Público de la Acusación (MPA) trabajando legajos de investigación.

En el lugar fue secuestrada documentación de interés en el marco de un allanamiento llevado adelante conjuntamente, este miércoles, por personal de la Agencia de Investigación Criminal de Cañada de Gómez y de Casilda, bajo la intervención de la fiscal de la sede casildense, Marianela Luna, quien fue designada por la Fiscalía Regional.

Las actuaciones ya fueron remitidas a la auditoría de la Fiscalía General para avanzar con la investigación de la causa, donde además fueron incorporadas otras denuncias en su contra sobre presuntas irregularidades, impulsadas por abogados defensores y particulares.

Según trascendió, luego de los allanamientos la funcionaria judicial cañadense se presentó de manera voluntaria en la comisaría local con un bolso en mano para que la alojen en la dependencia policial, sin ninguna directiva judicial.

La fiscal Gabriela Lescano fue sancionada en junio de 2021 por irregularidades en su desempeño. La medida disciplinaria de treinta días de suspensión del cargo sin goce de sueldo (conforme el artículo 54 inciso 4º de la ley 13.013) fue impuesta por la comisión de faltas graves. Las faltas atribuidas a la fiscal fueron divididas por la Auditoría General de Gestión en relación a dos investigaciones, el llamado “caso Canteros” y el “caso Vera”.

Se la acusó de haber arbitrado mecanismos a los fines de que un imputado revocara la designación de la defensa pública y designara en su lugar a una defensora privada, para de ese modo, celebrar un acuerdo de procedimiento abreviado. También de haber arbitrado medios manifiestamente ilegítimos, vulnerando el derecho de defensa, para obtener el consentimiento del imputado respecto del acuerdo abreviado referido, entrevistándose personalmente con el mismo en el establecimiento penitenciario y con sus familiares, sin presencia del defensor técnico.

Entre otras acusaciones, se le endilgó además haber presentado un acuerdo de procedimiento abreviado ante la Oficina de Gestión Judicial de Cañada de Gómez, luego de celebrada la audiencia preliminar, sin la conformidad del fiscal regional de la Segunda Circunscripción, en incumplimiento a lo establecido en instrucción por el fiscal general.

Luego se tomó licencia médica y a fines de agosto de 2022 retornó a sus funciones como fiscal titular del MPA Distrito Cañada de Gómez.

A su regreso dijo que fue víctima de un proceso injusto, con violencia institucional y mediática: "Si esto me pasó a mí, que soy fiscal, cuanto más a las víctimas del delito que uno defiende. Como fiscal yo defiendo los intereses del Estado, no de las víctimas. Sin embargo, no podemos dejar de entender que ellas son parte del Estado que defendemos", sostuvo.

“Una vez sancionada, pude empezar a tomar distancia con lo sucedido y tuve un proceso de contención médica y familiar al que las víctimas en muchos casos no acceden, y son revictimizadas una y otra vez. Me podría haber jubilado, pero por respeto decidí no hacerlo y seguir defendiendo los derechos que le son naturales a las víctimas. No fui una víctima más, tuve una estructura que me ayudó, después de muchas dudas y sufrimiento, a volver", expresó a su retorno a los medios locales.