La Región

Buscan frenar la licitación de la autopista Rosario-Santa Fe con un pedido al gobernador

El diputado Rubeo cuestiona el llamado para refuncionalizar el corredor vial, que tendrá un costo de 2.000 millones de pesos.

Jueves 23 de Marzo de 2017

El informe del Tribunal de Cuentas que llegó el viernes pasado a la Legislatura, del que ayer diera cuenta La Capital, es la bala de plata con la que el diputado Luis Rubeo confía hacer caer hoy el llamado a licitación que hizo una semana atrás el gobernador Miguel Lifschitz para refuncionalizar la autopista Rosario-Santa Fe, a un costo de 2.000 millones de pesos.

Tal como se espera y lo anticipó ayer este diario, la sorprendente decisión política de la provincia de rescindir la concesión de la autopista porque las empresas que la explotaban incumplieron todos y cada uno de los compromisos contractuales pero sin obligarlas a pagar por ello —lo que escandalizó a casi todo el arco político no oficial (aun algunos sectores de la UCR que por integrar la coalición del Frente Progresista se quejan por lo bajo)— será hoy, presuntamente, motivo de ácidas discusiones en la sesión de la Cámara de Diputados.

El informe del Tribunal de Cuentas, que en primer término legitima su autoridad para pronunciarse en una intervención anterior, concluye en que la responsabilidad es del Estado provincial cuyos órganos no se ocuparon de hacer cumplir a las empresas concesionarias —la unión transitoria de empresas (UTE) de construcción, integrada por las firmas Milicic, Obring, Vial Agro, Laromet, Rovial y la también UTE Pecam, que se hicieron cargo del corredor el 31 de diciembre de 2010 hasta el mismo día de 2020, pero que al momento de la rescisión, en la UTE sólo quedaban Laromet y Rovial—. Fundamentalmente el que tenía la misión del contralor dependía del Ministerio de Infraestructura y Transporte. Pese a lo que dice el Tribunal, UPCN denunció que el órgano de control del cumplimiento de la concesión estaba desmantelado por lo que la responsabilidad que endilga el Tribunal se la trasladan al titular de la cartera que es el responsable político.

Pedido

Rubeo en la declaración que intentará hoy hacer aprobar afirma: "La Cámara de Diputados solicita al Ejecutivo provincial, en razón del reciente informe del Tribunal de Cuentas de la provincia, proceda a suspender la licitación pública nacional e internacional para la concesión por peaje, del mantenimiento, administración, gerenciamiento y explotación de la autopista".

No es poca cosa lo que pide, pero el gobernador —aún para el caso de la Cámara apruebe el texto— no está obligado (debería hacerlo, pero la historia a los largo de los últimos 30 años no refrenda la práctica) a responder siquiera. El gobernador se expondría al incómodo trámite de suspender una licitación que anunció con bombos y platillos apenas siete días antes, el jueves pasado, convocando al interés de empresarios del país y del mundo. Sin embargo, el proyecto de comunicación pone al informe del Tribunal de Cuentas y reactiva el escándalo de la rescisión del contrato "sin que se le exigiera a la UTE la cláusula de garantía" en el pleno del recinto. Un ámbito que, a medida que corran las semana se irá convirtiendo en una caja de resonancia privilegiada de los vaivenes electorales del presente año.

Para la semana que viene los integrantes del bloque del Frente para la Victoria anticiparon que darán a conocer una investigación con estudios técnicos que "demostrarán que la provincia acaba de perder cerca de 1.000 millones de pesos por resultar tolerante con las empresas que incumplieron la obligación de repavimentar y agregarle una tercera traza a la autopista para lo cual se le aumentó el peaje un par de veces", prometieron. Esto es algo que el proyecto, que Rubeo ingresó ayer, también contempla al pedir que "se suspenda la adjudicación de obras por pavimentación de la AP 01 a empresas que conformaran la UTE de Arssa, última concesionaria de la autopista".

En sus argumentos Rubeo se apoya en que "en fecha 17 de marzo de 2017, mediante nota 0070/17, el Tribunal de Cuentas de la provincia remitió a la Cámara de Diputados el informe final de auditoría permanente de la autopista. En el informe se pueden advertir innumerables irregularidades, no sólo de parte del Organo de Control de la concesión de la autopista, sino también por parte de la empresa concesionaria".

Planilla confusa

Revela que el "Tribunal de Cuentas, entre otras cosas, señala un problema de confusa redacción de la planilla de oferta en el pliego licitatorio. Lo que dio lugar a que varias empresas efectuaron propuestas diferentes sobre la determinación del pago por vehículo pasante. Se menciona expresamente que el Organo de Control de la AP 01 contaba con estructura y personal suficiente para llevar a delante su cometido sobre el desarrollo de la concesión y control de la concesionaria. Pero advierte tal control no fue adecuado y que el organismo omitió información relevante y que limita el informe de auditoría".

El Tribunal de Cuentas expresa en sus considerandos que existen elementos suficientes en la auditoría, hecha sobre la concesión para instruir una investigación para determinar las responsabilidades de funcionarios y la existencia de perjuicio económico y su extensión en el patrimonio del Estado provincial. Y que la instrucción sumarial se torna necesaria para el Tribunal de Cuentas para poder instruir el juicio de responsabilidad administrativa en caso de las existencias de actos, hechos u omisiones de agentes o funcionarios de la administración pública provincial. Por ello Rubeo cree necesario suspender el nuevo proceso licitatorio de la autopista hasta que se verifiquen y/o se deslinden responsabilidades a que hace lugar el informe del Tribunal.

Informe Final. El Tribunal de Cuentas detalló irregularidades de Arssa.

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