Tras la fuerte movida que llevaron adelante con el acompañamiento de vecinos, instituciones y organizaciones gremiales, sociales y políticas, los colonos que trabajan las tierras que pertenecieron al fundador de la localidad de Bigand lograron frenar los desalojos al arribar a un acuerdo para renovar sus contratos de aparcería por poco más de cinco años.
El resultado es similar al conquistado hace poco más de una década cuando la fundación que administra los campos intentó infructuosamente lo mismo al toparse con una contundente resistencia social.
Si bien en esa oportunidad el tiempo de la renovación de los contratos se mantuvo por 10 años, lo de ahora —cuyo plazo se redujo a la mitad— no deja ser interpretado como "un alivio".
Al menos así lo calificó el ex jefe comunal de Bigand Patricio Erceg quien hasta finalizar su mandato se puso a la cabeza de la defensa de los chacareros y hasta impulso desde la comuna un proyecto de expropiación de los campos para garantizar que continúen siendo trabajados por ellos.
Lo acordado, que alcanza al 90 por ciento de una treintena de familias agrarias involucradas, fue rubricado en el Juzgado de Circuito y Faltas de Distrito Nº 7 de Casilda, a cargo de Laura Babaya, quien destacó que "primó el sentido común entre las partes que renunciaron a algunas de sus pretensiones" para llegar a un entendimiento.
Y en ese contexto, la magistrada destacó la importancia que implica para "la economía local y regional" que se haya destrabado el conflicto. Puntualizó que "más allá de las audiencias desarrolladas, el acuerdo surgió en el marco de lo privado para ser homologado —evaluación mediante—, en este Tribunal".
Los nuevos contratos tienen una duración de 64 meses con vencimiento al 30 de abril de 2021, fecha en que se develará si los colonos deberán o no lidiar nuevamente con la Fundación Honorio Bigand, propietaria de los campos, para renovar su aparcería.
En esa línea, Erceg consideró que "lo logrado es un alivio, aunque a corto plazo ya que dentro de cinco años —cuando expiren los actuales contratos— seguramente la fundación volverá a su ya conocida estrategia de desalojar a los colonos para disponer de esas tierras".
Por esa razón, se mostró a favor de "seguir adelante" con la iniciativa de expropiación que llegó a la Legislatura provincial de la mano del senador del departamento Caseros, Eduardo Rosconi.
Erceg dijo que "de ser aprobada esa iniciativa, se convertiría en una herramienta de protección, porque si los campos no lo trabajan los productores del pueblo, las economías del interior no tienen viabilidad".
Por su parte el actual mandatario local, Alejandro Ruggeri, valoró lo convenido y ratificó el compromiso comunal de "continuar acompañando a los colonos en lo que decidan a través de sus acciones". En ese contexto renovó las críticas contra la fundación al recordar lo "poco" que aporta a las instituciones locales pese a la manifiesta voluntad de la familia fundadora de Bigand.
La cuestionada fundación fue creada tras el legado que dejó al fallecer a su albacea testamentario la última heredera del fundador del pueblo, María Mercedes Octavia Bigand.
Si bien su mandato fue que el organismo destinase el producido de las tierras a ayudar, fundamentalmente, a instituciones locales, especialmente la Iglesia, la escuela primaria, el Samco y el geriátrico, y otras obras de beneficencia sin afectar la situación de los colonos allí establecidos, ello no sucedió.
El 5 por ciento. "De la millonaria renta anual que producen esos campos y que se lleva la fundación a Buenos Aires, sólo el 5 por ciento vuelve a las instituciones del pueblo, lo que es claramente una estafa a la voluntad de los fundadores de nuestro pueblo", dijo Erceg.
El ex jefe comunal recordó que "de las 3.500 hectáreas originales, en 2005, unas 1.200 pasaron a propiedad del albacea por el cobro de supuestos honorarios y con esta nueva renovación a cinco años de los contratos, y no a 10 como fue históricamente, otras 400 también habrían quedado en el camino".