El caso se conoció inicialmente como una historia difícil de explicar: un empresario de Funes había reparado por su cuenta una colectora deteriorada de la autopista Rosario-Córdoba y, en lugar de recibir una respuesta favorable, fue intimado por Vialidad Nacional para deshacer la obra. Sin embargo, detrás de esa primera versión apareció un dato central que cambia el sentido del conflicto: la intimación no fue motivada por el simple tapado de baches, sino por la construcción sin autorización de una subida y una bajada directas desde la autopista hacia el acceso al Hotel Sol de Funes. Un verdadero riesgo para quienes circulan por la autopista.

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) ratificó el reclamo contra Néstor Rozín, uno de los propietarios del complejo hotelero y centro de eventos ubicado a la altura del kilómetro 307 de la autopista Rosario-Córdoba. El organismo sostuvo que las obras realizadas frente al establecimiento incluyeron conexiones ilegales con la traza principal, ejecutadas sin aprobación técnica ni condiciones de seguridad para una vía de circulación rápida.

La intervención permitía ahorrar 3,8 kilómetros a quienes quisieran ingresar a la colectora para llegar al hotel y a otros establecimientos de la zona. Pero ese atajo, según Vialidad Nacional, fue abierto de manera irregular y representa un riesgo para quienes circulan por la autopista, debido a que incorpora vehículos y obliga a realizar maniobras en un punto que no cuenta con infraestructura habilitada para entradas y salidas.

Una obra cuestionada por riesgo vial

Rozín había relatado el episodio este viernes desde otra perspectiva. Según su versión, el ingreso al Hotel Sol de Funes se encontraba en malas condiciones y, después de realizar gestiones durante un año sin obtener respuestas, decidió encarar personalmente las reparaciones sobre la colectora.

“Teníamos varios eventos, uno de un colegio con 5.000 personas, otro con Gisela Scaglia y también con odontólogos. El ingreso al establecimiento estaba detonado. Hicimos el arreglo y quedó muy lindo, lo raro es que me lo cuestionan”, afirmó el empresario.

En ese primer planteo, la carta documento de Vialidad aparecía vinculada al arreglo del pavimento: Rozín sostenía que le exigían romper lo construido y restituir los baches que había tapado. La situación fue presentada como el resultado de una burocracia estatal que, después de no resolver el deterioro del camino lateral, sancionaba al privado que había decidido intervenir.

Pero la respuesta oficial de Vialidad desplazó el foco del bacheo hacia una obra de otra magnitud y con otra consecuencia: la apertura de una bajada y una subida ilegales entre la autopista y el acceso al establecimiento privado.

“Estas conexiones ilegales constituyen una grave infracción a las normas de seguridad vial”, indicaron desde Vialidad Nacional después de la repercusión pública que alcanzó el reclamo del propietario del hotel.

Vialidad: los accesos fueron abiertos sin autorización ni evaluación técnica

El organismo nacional sostuvo que las tareas realizadas para abrir un acceso hacia la colectora fueron ejecutadas “sin ningún tipo de autorización, evaluación técnica ni medidas de seguridad exigidas por Vialidad Nacional para una autopista de circulación rápida”.

El cuestionamiento no apunta, entonces, a que un privado haya decidido reparar un camino deteriorado, sino a que esa intervención incluyó nuevas conexiones con la autopista frente al Hotel Sol de Funes, en un sector próximo a Kentucky Club de Campo.

De acuerdo con la explicación oficial, una subida o una bajada sobre una autopista no puede resolverse mediante una obra particular y sin aprobación previa. Ese tipo de accesos requiere un proyecto vial autorizado, señalización preventiva, iluminación y carriles de aceleración o desaceleración que permitan entrar o salir sin obligar a los conductores a realizar movimientos bruscos.

“Una subida o bajada irregular que no cuenta con señalización preventiva, carriles de aceleración o desaceleración adecuados, iluminación ni diseño vial aprobado, obliga a los conductores a realizar maniobras repentinas e imprevistas”, advirtió Vialidad Nacional.

La DNV consideró que los accesos abiertos frente al hotel generan una situación de peligro concreto para los usuarios de la autopista. “Esta situación genera diferencias bruscas de velocidad entre los vehículos que circulan por la traza principal y aquellos que ingresan o egresan del corredor, incrementando significativamente el riesgo de colisiones y siniestros viales”, señalaron fuentes del organismo.

Un atajo de 3,8 kilómetros para ingresar al hotel

La obra realizada frente al Hotel Sol de Funes tenía un beneficio directo para el complejo: quienes quisieran ingresar desde la autopista hacia la colectora podían ahorrarse 3,8 kilómetros de recorrido. Rozín había argumentado que la mejora no sólo favorecía al hotel, sino también a vecinos del barrio privado Kentucky y a una empresa alimenticia instalada en la zona.

Sin embargo, para Vialidad Nacional, esa utilidad no habilitaba la ejecución de un acceso por cuenta propia. El organismo sostuvo que los ingresos clandestinos sobre una autopista pueden derivar en frenadas repentinas, incorporaciones antirreglamentarias y movimientos inesperados de vehículos sobre una traza de alta velocidad.

Así, el conflicto no gira solamente alrededor de quién debía tapar los baches de una colectora en mal estado, sino sobre la posibilidad de que un particular modifique el esquema de accesos a una autopista nacional para agilizar la llegada a su establecimiento.

“Por todos estos motivos, se solicitó la inmediata restitución de la traza a su estado original, garantizando así la seguridad de los usuarios”, expresó la Dirección Nacional de Vialidad.

El reclamo de Rozín y su crítica al Estado

Antes de la aclaración de Vialidad, Rozín había defendido la obra al señalar que el Estado no había atendido sus pedidos durante más de un año. Según explicó, la necesidad de mejorar el ingreso se volvió urgente debido a la realización de distintos eventos multitudinarios en el Hotel Sol de Funes.

El empresario, socio del exentrenador de la selección argentina Jorge Sampaoli y del actual entrenador del seleccionado de Ecuador, Sebastián Beccacece, afirmó que era partidario de que el sector privado “trabaje para el Estado, sume y no enfrentarse entre sí”.

“Cuando el Estado se le escapa la posibilidad de hacerlo, el privado tiene que ayudar, no se trata todo de negocio”, manifestó al justificar su decisión de intervenir en la colectora.

Rozín también reconoció que la obra fue realizada sin el permiso correspondiente, aunque aseguró que, cuando agentes de Vialidad Nacional intentaron detener las máquinas, después de tres horas de conversaciones permitieron continuar con las tareas de bacheo.

Además, cuestionó la intimación enviada por el organismo nacional y mencionó a Gastón Bruno, autoridad máxima de Vialidad Nacional, a quien dijo conocer de trabajos anteriores. Bruno había sido secretario de Gobierno del exintendente de Funes Diego León Barreto, cuya gestión quedó envuelta en polémicas.