Por Jorgelina Hiba
El viernes 6 de julio la fiscal María Laura Martínez (Fiscalía 6 de Rosario) y su colega de San Lorenzo Román Moscetta presentaron una acción preventiva de daños ante el juzgado de esa localidad del cordón industrial con el fin de evitar el riesgo ambiental que pueda producir la planta industrial por abandono de tareas o merma de trabajo diario.
Esa acción judicial se sumó a los amparos presentados en abril pasado por el grupo ambientalista El Paraná No Se Toca (EPNST) ante la Justicia provincial y por el diputado nacional Marcos Cleri ante los Tribunales Federales de Rosario, todos bajo el mismo argumento: el peligro que supone para las personas y para el ambiente una refinería cuasi abandonada.
La falta de supervisión sistemática de material inflamable, la interrupción de tareas de remediación de antiguos derrames subterráneos y el riesgo de posibles fugas por corrosión de las instalaciones fueron algunos de los peligros ambientales advertidos por EPNST.
Martínez destacó que la decisión de la Procuración de avanzar con una agenda de temas socioambientales "generó más vínculos con organizaciones civiles que trabajan con esos temas", lo cual a su vez "enriqueció la agenda de trabajo".
Prevenir daños
Si bien desde esa Fiscalía tienen varios proyectos en carpeta la situación generada por el abandono de la planta de Oil Combustibles les pareció el de mayor urgencia, lo cual originó la presentación de una acción preventiva de daños "ante la posibilidad de un peligro ambiental ya que hay elementos y tanques a la intemperie y probables derrames" al río. "Puede haber daños en agua, aire y tierra y el Código Civil nos brinda la herramienta de la acción preventiva para estos casos", explicó la funcionaria judicial.
La acción fue presentada el último día antes de la feria en el Juzgado de San Lorenzo y la jueza Gladys Silvia López le dio curso inmediato a la demanda, ordenando como primera medida una inspección del estado de la refinería.
"La idea es marcar la presencia de la Justicia en estas cuestiones, hasta ahora siempre se trabajó en respuestas punitivas pero en temas medioambientales lo que queda atrapado como delito es mínimo, por lo que la intención es trabajar en ese ámbito que escapa a lo punitivo", señaló Martínez, para quien la rápida legitimación a la acción interpuesta por la Fiscalía por parte de la jueza "fue muy importante".
El lunes próximo, cuando la Justicia reanude sus actividades normales tras la feria de invierno, la fiscal podrá ver cuáles fueron los resultados de la inspección y tener así un panorama más claro sobre el estado real de la refinería y sus potenciales peligros.
"La ley ambiental dispone que en estas situaciones debe haber un plan de cierre por potenciales residuos tóxicos y la empresa lo presentó luego de un requerimiento, pero no lo conocemos en detalle y queremos ver si es suficiente, y en qué situación estamos", subrayó la fiscal Martínez, para quien "hay que estar muy atentos a los pasivos ambientales que puedan generarse".
También señaló la fiscal la importancia de garantizar el derecho al acceso a la información ambiental, un insumo clave en casos como el de Oil Combustible.
Final incierto
La refinería San Lorenzo, de la empresa Oil Combustibles SA, está "en quiebra con continuidad de la explotación", según resolvió la Justicia el 11 de mayo pasado. En la resolución de la quiebra se ordenó la apertura de un proceso licitatorio donde pudieran presentarse interesados en la gestión y administración de esa refinería para resguardar los activos de la empresa y controlar la cuestión ambiental.
A ese proceso respondieron las empresas Lukoil, Trafigura, Vitol, YPF en asociación con Dapsa SA y una cooperativa de trabajo.
La situación judicial, en estos momentos, indica que la gestión de la compañía fue otorgada "hasta su venta definitiva" —lo que ocurriría entre septiembre y octubre próximos— a YPF/Dapsa, cuya oferta fue considerada la más conveniente económicamente por parte de los interventores judiciales.
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