Tal como lo anticipó el Ejecutivo de Cañada de Gómez, la crisis que se desató en el Distrito Judicial Nº 6 ante la suspensión por diez días de Santiago Tosco, el único fiscal a cargo, dejó sin fiscales la repartición local del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Al conocerse la sanción para Tosco la intendenta de Cañada de Gómez, Stella Clérici, presentó junto a la subsecretaria de gestión jurídica del Municipio, Mónica Rizzi, un recurso de amparo para solicitar la designación de funcionarios para la Unidad Fiscal (UF).
Esta semana, el bloque de concejales justicialistas de la ciudad también se sumó al reclamo de la intendencia. En el camino hubo cruces con el senador departamental, Hugo Rasetto, quien aseguró que “Cañada de Gómez no se quedará sin fiscales”, algo que finalmente sucedió en la práctica tras la resolución del MPA que reorganiza el funcionamiento de la UF con apoyo de acusadores de otros distritos.
Para Clérici, lo resuelto por el MPA sobre esta situación, a través de la Fiscalía Regional de la 2ª Circunscripción, “no soluciona ni siquiera lo transitorio y mucho menos el problema permanente. Hasta hace unos años había tres fiscales, quedaba uno, pero ahora lo sancionaron y por lo tanto no quedaron funcionarios”.
La intendenta aludió a un “vaciamiento” de la Fiscalía del Distrito Judicial N° 6 y recordó que en su alcance territorial esta situación no afecta solo a Cañada de Gómez sino a otras localidades que componen la jurisdicción. “Hay 120 mil justiciables de toda la región que sufren la deficiencia en la administración de Justicia”, dijo Clérici y recordó que solicitó el apoyo y acompañamiento de intendentes y presidentes comunales.
“Pedimos que dejen de omitir las designaciones y lo hagan de manera urgente. La seguridad sigue siendo nuestra preocupación y ocupación”, sostuvo. Precisó que la decisión y los argumentos que llevaron a la presentación de la medida cautelar no innovativa “fue acompañada por las instituciones que integran el Consejo de Seguridad Ciudadana”.
En torno a esta situación, la fiscal regional interina de la 2ª Circunscripción, María Eugenia Iribarren, resolvió organizar la Unidad Fiscal de Cañada de Gómez con refuerzo de acusadores de otras jurisdicciones, a quienes ordenó mediante una resolución el corrimiento de sus funciones en apoyo a la faltante de Cañada de Gómez, entre otras medidas consideradas paliativas.
El recurso de amparo
“Como la Unidad Fiscal (UF) quedó acéfala solicitamos la designación de fiscales suplentes para la cobertura de dos cargos en la UF de esta ciudad, a través de la asignación de recursos de otras Unidades Fiscales o de profesionales de ese Ministerio hasta la cobertura definitiva de los cargos para garantizar en sus niveles mínimos el servicio de justicia penal en la jurisdicción”, indica el escrito presentado por el Ejecutivo.
En el documento se repasa el historial desde la creación del MPA, mediante la ley 13013 de 2009, y cómo se ejecutó el cumplimiento de la misma para la Unidad Fiscal de Cañada de Gómez que estaba a cargo de Gabriela Lescano hasta que, en 2021, fue sancionada por el Tribunal de Disciplina y luego continuó con licencia médica hasta la actualidad. A eso se sumó que la otra fiscal, Graciela Tulián, se jubiló en abril de 2020 y el cargo nunca fue cubierto.
Estas situaciones determinaron que el fiscal Tosco debiera asumir, sin auxilio alguno, el ejercicio de la función de persecución penal y ya en septiembre de 2021 requiriera de la fiscal regional la adopción de medidas urgentes que permitieran el normal desenvolvimiento de la UF local que se veía imposibilitada de dar respuestas a la demanda ciudadana.
En octubre de ese año, se dispuso la asistencia a la emergencia a través de la ayuda, una vez por semana, de la fiscal coordinadora del interior, Natalia Benvenuto. Algo que resultó insuficiente para resolver el problema.
“La situación ya era complicada y el clamor ciudadano cada vez mayor ante la manifiesta inseguridad ciudadana que padece la provincia. Tosco fue suspendido por el término de 10 días, de lo que resulta que la UF quedó acéfala”, se lee en el documento presentado por Clérici y agrega que “no hay fiscal que ejerza la esencial e imprescindible función estatal de persecución penal”.
La presentación repasa, además, los datos duros de los últimos informes de gestión e indica que en 2018 las causas habían aumentado un 10% respecto al año anterior y que pasó de 6.070 causas en 2017 a 6.703 en 2018. El mayor ingreso de denuncias corresponde a delitos de amenazas seguidas por lesiones, hurtos y robos y robos calificados. También señala que, a través de un convenio, esta UF tiene a su cargo la investigación de delitos en Carcarañá y que tanto Clérici como el Concejo Deliberante y el Consejo de Seguridad Ciudadana, denunciaron la situación ante diversos organismos provinciales en oportunidades anteriores sin resultado alguno.
