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La provincia indemnizó a la familia de una chica a la que le negaron un aborto no punible

A instancias del fiscal de Estado, Bonfatti firmó un convenio de reparación integral con los padres de Ana María Acevedo, quien falleció por un cáncer días después de la muerte de su hija recién nacida.

Martes 27 de Octubre de 2015

El gobierno de la provincia firmó un convenio de reparación integral con la familia de una joven con cáncer a la que se le negó un aborto en el hospital Iturraspe, y que murió en 2007, un mes después del fallecimiento de su hija recién nacida.

El fiscal de Estado, Pablo Saccone, firmó la reparación con los papás de la víctima, Ana María Acevedo, que murió a los veinte años por un tumor maxilar que no pudo tratarse por estar embarazada pero, cuando su condición se agravó y pidió un aborto no punible, el Comité de Bioética del hospital Iturraspe, de la capital santafesina, resolvió continuar con el embarazo sin realizar rayos o quimioterapia. El 27 de abril de 2007 nació la nena con 22 semanas de gestación pero solamente sobrevivió algunas horas, mientras que Ana María murió el 17 de mayo de ese mismo año.

“Transmito las disculpas del Estado por haber tenido que transitar por todo esto”, dijo Saccone a Norma Cuevas y Aroldo Acevedo, los padres de Ana María.

El convenio de reparación integral incluye un pedido de disculpas y un resarcimiento económico para la familia.

“Quiero decirles a los doctores nuevos que sigan para adelante, que no vuelvan para atrás a hacer lo que hicieron los otros; que hagan bien las cosas. Y nosotros vamos a seguir pidiendo justicia”, destacó la madre de Ana María.

Por eso ahora la provincia, ya que no pudo hacerlo con ella, debe proteger a sus familiares y honrar el recuerdo de su ciudadana, a la que no asistió en su oportunidad quebrantando su compromiso”, señaló el fiscal en su fallo del 17 de marzo, el cual finalmente lleva la firma del gobernador Antonio Bonfatti.

Paralelamente, la causa penal por la responsabilidad de los médicos continúa en la Justicia, más allá de este reconocimiento de la provincia.

De todos modos, en el dictamen queda al margen la responsabilidad penal de los médicos; sólo soslaya la de la provincia, a través de las conductas de sus funcionarios públicos -los médicos-, con lo cual no tiene vinculación con la causa penal que sigue su curso en la Justicia.

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