Las inundaciones que cubrieron buena parte del territorio santafesino actualizaron el debate sobre las estrategias para controlar, o al menos mitigar, los efectos de estos fenómenos cada vez más frecuentes e imprevisibles. Fuera del barro político que todo lo cubrió durante los pasados días, la voz de los expertos vuelve una y otra vez sobre una palabra clave poco utilizada en la vida real argentina: planificación.

   "Primero hay que hacer la planificación, pero la importancia de obras como canales, defensas o puentes depende de cada curso y cuenca que se considere y de la ubicación de las poblaciones afectadas y de los campos anegados" explicó Carlos Paoli, director del Centro Regional Litoral del Instituto Nacional del Agua (INA).

   El experto agregó que "obras siempre faltan", pero saber cuáles son y dónde hacerlas "es más difícil de establecer". "Primero hay que tener actualizado el diagnóstico hidrológico de cada cuenca porque no hay ningún curso de agua ni cuenca igual a otro, y aunque se piense que esto ya se sabe en la mayoría de los casos no es así", señaló.

   Según Paoli las acciones necesarias para evitar inundaciones "no son sólo obras" que deben ser evaluadas desde su impacto hídrico y ambiental, si no que también se debe avanzar con medidas de tipo "no estructurales" que tienen que ver con procesos de reglamentación y regulación asociadas a la administración y gestión de los recursos hídricos.

   Paoli, quien además trabaja para el Programa Mundial de Gestión Integrada de Crecidas de la Organización Meteorológica Mundial, publicó en 2015 el documento "Gestión integrada de crecidas" donde analiza profusamente las causas que provocan (o empeoran) el efecto de las inundaciones por lluvias en zonas rurales como la que atraviesa la provincia de Santa Fe.

   En el trabajo cita algunos puntos a modo de explicación de estos fenómenos, entre los cuales aparece la "optimización de beneficios individuales" que cada actor sobre el terreno privilegia, y el desarrollo de un esquema vial un tanto anárquico.

   Consultado sobre si ese es el caso en Santa Fe, respondió que la descripción de esa situación se corresponde con zonas con problemas de inundación de provincia de Buenos Aires, Córdoba y también Santa Fe: "en las regiones llanas la incidencia de las obras viales es mucho mayor. Por otra parte a cada productor lo que le interesa en primera instancia es sacar el agua de sus campos y eso en regiones de llanuras húmedas no es siempre posible puesto que hay zonas que naturalmente son bajos cuya función hidrológica es almacenar y retener agua".

   ¿Qué nivel del Estado es el que debe intervenir para evitar estos desórdenes? Paoli recordó que el dominio de los recursos naturales (incluidos los recursos hídricos) es de las provincias, ya que así fue taxativamente establecido en la reforma constitucional de 1994.

   Hecha esa aclaración estimó que la intervención de la Nación es "acompañar y asistir técnicamente a las provincias en la elaboración de sus planes de gestión", a requerimiento de estas y en particular en las cuencas interjuridiccionales.

Planes de gestión

"Así se está planteando en estos momento en nuestra región con la elaboración de planes de gestión para cuenca de la laguna La Picasa (que atañe a Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) y para la cuenca del Carcarañá (Córdoba y Santa Fe)", explicó, para agregar que por su parte Santa Fe está encarando la elaboración de planes directores de recursos hídricos para las diferentes regiones hídricas de la provincia.

   También se mostró a favor de la sanción del postergado proyecto de una ley del agua ya que se trata de una iniciativa "que contempla varios aspectos que tienen relación con la gestión de Inundaciones".

   "Santa Fe es la única provincia que no tiene ley de agua y por eso está trabajando intensamente en el tema", concluyó.

Ejemplo

En su documento, Paoli afirma que en situaciones de excesos hídricos extraordinarios los conflictos y problemas "afloran en forma exponencial y todo el sistema socioproductivo entra en crisis".

   Agregó que en las zonas o regiones en las cuales no se dispone de un pormenorizado estudio previo ni de una preparación para enfrentar los embates de grandes inundaciones, la situación típica que se presenta se manifiesta de diferentes formas: por un lado los propietarios privados y las poblaciones levantan rápidamente su voz para responsabilizar al gobierno por no haber previsto la situación y muchas veces por no haber realizado obras que supuestamente hubieran evitado los daños que ocasionó la inundación.

   Por el otro lado, el gobierno tiene la tendencia a actuar en forma reactiva "justificando que la situación extrema que se presenta es de una magnitud que nunca se había presentado o era muy difícil de prever", explicó a este diario el experto.

   De forma concluyente, el especialista concluye que "no se dispone en la mayoría de los casos de una evaluación técnica-económica de la pertinencia o no de las supuestas obras que hubieran resuelto el problema, por lo cual no hay una posición tomada al respecto".