El fuerte operativo realizado el lunes pasado en las instalaciones del Club Náutico Puerto Gaboto para desalojar a las autoridades comunales y restituir la guardería a la institución puso fin a una ocupación de tres meses, pero no al conflicto, cuyo final sigue abierto, y podría ser indefinido si no prima la cordura. Una verdadera guerra que dividió al pueblo de Gaboto y lo enfrentó a su vecina Maciel, con la que siempre tuvo una estrecha relación. Un diferendo que generó enconos irreconciliables, donde los protagonistas cruzan acusaciones, algunas inpublicables por lo temerarias, y se retrucan mutuamente.
El club está legalmente en manos de la comisión directiva, pero tiene imposibilitado el paso de embarcaciones y vehículos con una gran zanja que la misma comuna abrió para una obra de ripiado. La guardería está totalmente paralizada y la falta de movimiento sólo parece perjudicar al pueblo, a sus comerciantes y a los vecinos. Esta es la historia.
El conflicto. Si bien el conflicto parece venir de vieja data, estalló el sábado 26 de julio, cuando estaba prevista la inauguracion de un mástil en el inmueble fiscal ubicado a la vera del río Coronda. El acto no pudo hacerse porque las autoridades comunales, invocando su propiedad y derecho sobre el predio donde funciona el club, lo cerraron con cadenas y candados, y se apostaron en el interior, encabezadas por el presidente local, Horacio Herrera. El argumento principal era la caducidad, a mediados de 2013, del contrato de concesión y explotación de la guardería náutica, que la comuna se niega a renovar porque asegura que la institución incurrió en serias irregularidades.
El club debió suspender sus actividades y radicó denuncias ante organismos judiciales y gubernamentales. El 2 de octubre la jueza sanlorencina Gladys Silvia López de Pereyra falló a favor de la comisión directiva, y ante la negativa de restitución por parte de la comuna, ordenó el desalojo del personal público allí apostado.
El siguiente sábado 18 personal de Prefectura Naval se presentó en el lugar para liberar el predio, pero la fuerte resistencia de las autoridades locales, apoyadas por vecinos de la localidad, hizo que se desistiera del operativo.
Finalmente el 27 de octubre se hizo efectiva la disposición judicial, esta vez con 70 efectivos y 23 móviles de la Unidad Regional XV, Orden Público, Unidades Especiales, Policía Científica y de la Unidad Regional I, de la Agrupación Cuerpo. El tema sigue ahora en la Justicia, donde las autoridades comunales aseguran que apelaron la resolución de la magistrada.
Durante los tres meses que el club estuvo en manos de la comuna, las autoridades convirtieron esta bandera en una verdadera cuestión de Estado, y el pueblo se vio sumido en una tensión que reconoce distintas voces.
La semana pasada, cuando el procedimiento de desalojo se organizaba en el más absoluto hermetismo, La Capital se instaló una jornada en Puerto Gaboto, donde habló con autoridades políticas, vecinos y pescadores, en un periplo que incluyó también las localidades de Monje y de Maciel, donde pudo conversar con los directivos del club. La conclusión fue un entrecruzamiento de acusaciones, juros y perjuros, juicios categóricos que se contradicen con la misma vehemencia, y que llaman a esperar la decisión de la Justicia.
Dimes y diretes. Allí, el presidente comunal acusó a las autoridades del club de fuertes irregularidades que éstas refutan. Dice que no pagaron el canon, y la comisión asegura que no sólo lo hizo, sino que exhibe un recibo correspondiente al segundo semestre de 2013, cuando supuestamente la concesión había caducado. La comuna acusa a los directivos del club de arreglar las asambleas entre gallos y medianoche y de renovar discrecionalmente y a puertas cerradas las comisiones directivas. Los responsables del club lo niegan y aducen que los supuestos interesados en participar de la vida activa de la institución nunca se involucraron.
La cosa sigue. Herrera asegura que hay un juicio de desalojo y que se hicieron todos los trámites judiciales y administrativos para recuperar el predio donde funciona la entidad. Pero desde el club afirman que jamás recibieron una carta documento ni ninguna intimación. También dicen que hicieron todo lo posible para involucrar a al comuna, y que hasta le ofrecieron poner un veedor que controle los actos administrativos, cosa que el gobierno, afirman, nunca hizo. Pero las autoridades políticas negaron esto incluso ante la jueza de la causa. Es más, tampoco reconocen al presidente del club porque dicen que no cumple las condiciones estatutarias de antigüedad en la institución.
Esto no termina ahí. La comuna asegura que hay iniciado un juicio de desalojo en 2013, y desde el club afirman que esta acción se inició con posterioridad a la ocupación del predio. El presidente comunal denuncia que el club despidió personal sin indemnizarlo, y la comisión contesta que las indemnizaciones se depositaron judicialmente. Los dimes y diretes siguen hasta el infinito.
Ante semejante panorama, lo único que queda es confiar en la Justicia, para que con el poder y las herramientas que le confieren las leyes dirima finalmente todo este conflicto. Hasta ahora, lo que hizo la Justicia fue decir que las instalaciones tienen que seguir en manos del club.
El club. Carlos Bonino es socio fundador y miembro del Tribunal de Honor del Club Náutico Puerto Gaboto. Cuando La Capital lo va a visitar atiende su esposa, y cuando el cronista le dice el motivo de la visita, ella se persigna .
Bonino no quiere fotos, ni líos. A su edad ya tiene demasiado. Fundó el Náutico junto a Nicolás Bachidú. Sentado junto a Ademar Rimoldi, hoy vicepresidente, hablan de la historia de la institución. Cuenta que el club se fundó en 1979, con una bajada de lanchas. Conserva al primer carné de socio. “Primero hicimos una bajada de lanchas, armamos una rampa con un malacate, que todavía conservo. Después instalamos las grúas para bajarlas. Yo fui el primer presidente. Don Bartolomé Gaido nos dio un predio, costeábamos el río. Gaido nos dijo: “Yo quiero que esto sea el Rowing de Gaboto. En el 85 sacamos la personería jurídica, y en el 93 hicimos con Rubén Gonen el contrato por 20 años, con opción a 20 más. Llegamos a tener más de 300 socios, pero no todos pagaban”, cuenta. Y muestra un álbum de fotos de los 80 donde se ven las actividades de la institución. “Llegamos hacer carreras de lanchas donde se juntaba muchísima gente y venían hasta de Rosario”, recuerda.
Bonino y Rimoldi recuerdan que el club pasó por inundaciones que taparon las instalaciones. Que llevaron 250 camionadas de escombros para ganarle tierra al río, que compraron un generador de 55 kilovatios “que podría dar luz a medio pueblo”, y todas las inversiones en inmuebles y aparatos que hicieron.
Y lamentan: “¿Puede una persona terminar de un plumazo con un club de 35 años de trayectoria?
Otras voces. Mientras tanto, en el pueblo se levantan distintas voces. Los pescadores con los que habló La Capital estaban contentos con la medida de la comuna. También lo estaba Carla Villamea, quien regentea un pub en el pueblo y apoyó a las autoridades. “Nos da bronca e impotencia que se restituya. Este lugar es del pueblo y acá hay gente capaz. Nos sentimos menos menospreciados. Es algo del pueblo que tendría que estar en el pueblo. Lo vivo como si se metieran alguien en mi casa, teniendo yo la escritura. Nos tendrán como negros sabaleros, como indios, pero esto es nuestro”, opinó.
Del otro lado, Oscar Fita, un comerciante de 68 años no quiere hablar ni “saber nada” sobre política partidaria, pero brega por la salud de la vida institucional del pueblo. Fue socio fundador del club y es un ferviente defensor del potencial turístico de la localidad. “Conozco perfectamente todos los rincones del río, a los isleños y a los pobladores de Puerto Gaboto”, expresa, y recuerda que fue guía de pesca durante muchos años y desde hace 20 su propio comercio, una despensa que provee a los pobladores y visitantes que llegan cada fin de semana.
“Este es un pueblo que tiene 500 años de historia pero que no supo valorar sus virtudes. Acá no hay fábricas y el mayor potencial lo aportan los turistas. Los vecinos de a pie no consideramos correcto que no se haya obedecido una orden judicial. Si la jueza les hubiera dado la razón hoy estaríamos de acuerdo. Pero no la tienen y había que obedecer lo que indicaba la Justicia. No pueden embromar a un pueblo, meterse con la gente que está trabajando”.
Para el vecino, el pueblo sufre los vaivenes de una etapa administrativa que privilegia lo particular por sobre los intereses comunes. “Los servicios no se prestan como corresponde porque no hay dinero. Pero no faltó plata para hacer una zanja de un metro con máquinas comunales para inutilizar el ingreso al club. Se llevaron ocho camionadas de tierra para tapar los extremos de la calle. Están enloquecidos por quedarse con el club y no se entiende por qué. ¿Habrá algún negocio inmobiliario de por medio? De última, si no estaban de acuerdo con la comisión o tenían algún inconveniente debieron haber arreglado las diferencias con el diálogo o ajustarse a lo que indican las leyes”, considera.
Así las cosas, y a pesar de haber sido restituido, el club sigue sin funcionar. Sus autoridades están viendo cómo seguirá esta historia con final abierto.
Producción: Marcelo Castaños,
Luis Emilio Blanco y Lizi Domínguez
