A casi tres meses de haber denunciado que la despojaron de sus mellizos recién nacidos tras haber dado a luz en una clínica de Casilda, Liliana Montenegro, fue admitida como querellante a través de sus apoderadas legales Lucila Puyol y María José Bonan. Así fue resuelto ayer en marco de una audiencia donde la jueza Mariel Minetti hizo lugar al pedido al no surgir oposición de ninguna de las partes y cumplirse con los requisitos legales.
Si bien los abogados de los dos matrimonios imputados en el caso, Fausto Yrure y Germán Mahieu, no presentaron objeciones al considerar "legítimo" el requerimiento, manifestaron su desacuerdo con el relato "fáctico" de los hechos que aparece esgrimido en el escrito por el cual Montenegro solicitó su constitución de parte querellante, aunque aclararon que ello no era materia de discusión en esta instancia.
Tras culminar la audiencia, Puyol dijo a La Capital que el primer paso será pedir copia del expediente "para evaluarlo y a partir de allí seguramente solicitar medidas de pruebas, algunas de las cuales ya estuvimos pensando", aunque no reveló detalles al respecto.
Nuevos documentos. Al ser consultada su opinión sobre la incorporación de documentación reciente al legajo fiscal, entre la que figuran estudios sub beta sobre probabilidad de embarazo con resultados negativos practicados en noviembre y diciembre a Montenegro, Puyol dijo haberse enterado a través de la prensa, aunque no ocultó sus dudas al respecto.
Luego de admitir que le resulta sospechoso que tales elementos aparezcan recién ahora y no cuando Fiscalía solicitó al centro asistencial de Granadero Baigorria la historia clínica de la denunciante, consideró que esta situación "amerita una investigación para (chequear y) establecer tanto la procedencia como la veracidad" o no de la documentación en cuestión.
"No existió". En tanto, Yrure, abogado defensor de Andrea N. y de su esposo Germán S., dijo que no se opuso a la constitución de querellante porque se cumplían los "aspectos y requerimiento formales", aunque sostuvo que el hecho denunciado por Montenegro "no existió", lo que, de todas maneras, no era ni fue objeto de debate.
"No me caben dudas de que la resolución final de este asunto será (ratificar) la absoluta inocencia de los cuatro imputados", expresó, sintetizando así sus expectativas en torno al desenlace del caso que intentan esclarecer las fiscales Marianela Luna y Lorena Aronne.
Y en ese contexto, se mostró confiado en que la ampliación de la junta médica que se realizará el 28 de este mes en Córdoba y que en primera instancia corroboró, según lo informado oficialmente a través de la Fiscalía Regional, el estado de gravidez de la mujer y que tuvo un parto natural, "determinará que la denunciante no estaba embarazada ni dio a luz el 13 de julio", como aseguró la mujer al denunciar cinco días después la sustracción de sus bebés, a los que llamó Aurora y Valentín.
Desde que se inició la investigación es la primera vez que la denunciante contará formalmente con representación legal luego de la fugaz aparición del abogado Carlos Varela, quien se desvinculó tras patrocinarla por única vez cuando interpuso un escrito para solicitar ante Fiscalía la apelación de la libertad de los imputados.
Se trata de las hermanas empresarias Andrea y Mariana N., y sus maridos Germán S., y Luis J., respectivamente, a quienes se les achaca el presunto delito de sustracción, retención y ocultamiento de menores.
La mujer asegura que la fueron a buscar a Zavalla, donde reside, la llevaron a una clínica de Casilda donde supuestamente luego de haber dado a luz y despojarla de sus bebés la trasladaron al hospital Eva Perón.
También otros dos hombres quedaron con prisión preventiva por el frustrado plan. El fallo detalla todo el diseño del escape.
Por Lucas Ameriso
Por Carina Bazzoni