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La Justicia rechazó el pedido de que no se construya un centro penal

Se trata de un establecimiento para menores en conflicto con la ley que se haría en General Lagos. Se llamó a licitación, pero los vecinos presentaron un recurso que ahora se desestimó.

Viernes 16 de Diciembre de 2011

La Justicia de Rosario rechazó el recurso contencioso administrativo presentado por un grupo de vecinos de General Lagos que pedían la anulación de una licitación provincial para construir un centro carcelario para menores.

Se trata del Nuevo Establecimiento Socioeducativo a Puertas Cerradas que albergaría a los internos del cuestionado Instituto de Rehabilitación del Adolescente Rosario (Irar), y que generó un fuerte rechazo entre vecinos de aquella localidad.

Pedro Boasso, titular del Juzgado Civil y Comercial 16 de Rosario, desestimó el recurso contra la provincia solicitado por Fabián Pérez, Jorge Pérez Cortés, Juan Morganti, Edit Tapia e Hildo Vitelli, vecinos de General Lagos patrocinados por Juan Manuel González, tendiente a lograr la anulación de la licitación pública 03/2011, convocada por el Ministerio de Obras Públicas, "así como todo otro acto administrativo tendiente a la instalación de un establecimiento carcelario sobre la ruta provincial 21", dentro del ejido urbano de la localidad.

La inquietud surgió cuando algunos vecinos se enteraron de que la provincia pretendía transformar el predio del hogar-granja Casa Joven, entidad destinada a recuperar jóvenes y adolescentes, en un establecimiento carcelario para menores con capacidad para 75 internos que cubriría las funciones que en Rosario cumple el Irar.

Entre otros argumentos, los reclamantes consideran que esa construcción contradice la normativa urbanística y ambiental vigente provincial y comunal, así como los presupuestos mínimos ambientales establecidos por la legislación nacional.

Por su parte, y tal cual obra en el expediente, el gobierno provincial, por medio del entonces subsecretario de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y hoy titular de la cartera, Juan Lewis -y con el patrocinio de Marianela Tuttolomondo- consideró que el establecimiento penitenciario que se busca construir "se instalará en el predio de la institución ya existente", actualmente denominado "Hogar granja Casa Joven", el que se encuentra en funcionamiento desde hace varios años atrás. Un detalle no menor ya que otorga a la provincia el derecho de modificar un predio que ya ocupa.

La defensa de la provincia también neutralizó el argumento de la necesidad de presentación de un estudio de impacto ambiental reclamado por los vecinos demandantes. En tal sentido, señala que según "estudios realizados antes de la convocatoria y licitación, y atento el bajo impacto que presentaría la obra se encuentra eximida la provincia de presentar el estudio respectivo". Y rechazó que en este estadio del proceso licitatorio sea necesario pedir permisos a la comuna, ya que los mismos solamente deberán efectuarse con anterioridad a la construcción.

Argumento. Para el juez, el argumento de los vecinos de que la licitación contradecía la normativa ambiental y urbanística es de "una vaguedad e imprecisión notoria. En efecto, pese al esfuerzo probatorio desplegado por los actores, los mismos no logran acreditar que el llamado a licitación cuestionado resulta violatorio del ordenamiento jurídico vigente", dice el fallo.

El juez tampoco consideró de peso el argumento de que cerca del establecimiento hay algunas viviendas. Y también rechazó el argumento de la inseguridad al afirmar que "los hechos de robo no aparecen prima facie como sustancialmente diferentes con los que habitualmente sufre la comunidad en general".

También el magistrado consideró que el gobierno está en su derecho de construir el centro. "La administración puede elegir libremente dentro del marco del ordenamiento normativo la opción que considera más conveniente al bienestar general, siempre y cuando no exceda ese ordenamiento".

En resumen, el accionar provincial queda, para la justicia, enmarcada "dentro de los criterios de oportunidad y conveniencia propios de los poderes políticos y en consecuencia exento del control judicial".

Nueva etapa en un conflicto con varios capítulos

La decisión de la Justicia de desestimar el pedido de anulación de la licitación para construir un centro socioeducativo que albergue a menores en conflicto con la ley penal abre un nuevo capítulo en una historia que tuvo varios encontronazos.
  Ya desde que se conoció el proyecto, algunos habitantes de General Lagos se mostraron desconformes, y a fines de abril pidieron una audiencia con las autoridades. El 3 de mayo de este año, el entonces ministro de Justicia, Héctor Superti, fue a General Lagos para ofrecer detalles del nuevo emprendimiento, que viene a reemplazar al Instituto de Rehabilitación del Adolescente Rosario (Irar), pero se encontró con un cerrado rechazo de los vecinos y se generó una incómoda situación en la que el funcionario debió retirarse del Club Libertad.
  El argumento de los vecinos giraba en torno a la inseguridad, las trabas al desarrollo urbanístico e industrial del pueblo y el “quiebre total de la paz pueblerina”, tal como lo argumentaron oportunamente a este diario.

“Máxima seguridad”. Pero Superti aseguró que el complejo sería cerrado, contendría un vallado con doble cerco perimetral, con una organización interna que permitiría la progresiva socialización de los jóvenes. Las casas estaban pensadas con máximas medidas de seguridad, y la estética de todo el complejo distaba de parecer carcelaria, sino más bien el aspecto de un barrio.
  En palabras de Superti, el edificio contaría con “las más modernas medidas de seguridad” tanto en lo arquitectónico como en lo funcional, y está estructuralmente pensado para que desde afuera se lo vea como un barrio”.
  Sin embargo, el argumento siguió sin convencer a algunos vecinos de General Lagos que, cuando supieron que la licitación estaba en marcha, protagonizaron reuniones y movilizaciones, se quejaron de no haber sido consultados y hasta que resolvieron llevar a caso a la Justicia.

 

Argumentos considerados

Los puntos esenciales de la decisión judicial giran en torno a argumentos que en su momento dio la provincia.
  Es decir, se tuvo en cuenta que la creación del nuevo centro era una cuestión de interés provincial que ayudaría a erradicar, geográfica y conceptualmente, el cuestionado Irar, cuyo cierre es una decisión de las autoridades.
  El juez también entendió que este nuevo establecimiento se levanta en un terreno que no será adquirido para este fin, sino que ya le es propio, y que el complejo a edificar será acorde a las necesidades y exigencias de la institución a fundar.
  Además, el centro estará a dos kilómetros del casco urbano de General Lagos, por lo cual no representa un cambio en su cotidianeidad, y que tendrá la seguridad para minimizar el peligro de fuga.

No está firme

Fuentes tribunalicias revelaron a La Capital que la resolución no está firme, de modo que los vecinos tienen la posibilidad, a través de sus representantes legales, de apelar la decisión del juez Pedro Boasso. Para esto, corren desde ya los plazos legales correspondientes. No obstante, aún no trascendió cuáles serán los pasos a seguir de la parte actuante.

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