Este jueves al mediodía la familia de la niña embarazada de General Campos retiró el pedido de aborto no punible, luego de una jornada cargada de especulaciones en ese sentido.
Este jueves al mediodía la familia de la niña embarazada de General Campos retiró el pedido de aborto no punible, luego de una jornada cargada de especulaciones en ese sentido.
En los Tribunales de Concordia se hicieron presentes la niña de 11 años, su madre, el padrastro y la abogada que los representa, María Susana Benítez, para retirar el recurso judicial en el que pedían la autorización para practicarle a la niña la interrupción del embarazo, según publicaron los sitios digitales concordienses Diario Junio y Diario Río Uruguay.
Durante la audiencia ante el juez Raúl Tomaselli, la familia fue informada en detalle sobre el resultado médico de los exámenes que había realizado un equipo de profesionales del hospital Delicia Concepción Masvernat, donde se afirma que la niña está “apta físicamente para seguir con su estado de gravidez” y “afrontar el embarazo”. Lugo la familia pidió a la abogada que retirara el pedido de un aborto seguro, ya que la decisión era seguir adelante con el embarazo.
Si bien reinaba el más absoluto hermetismo en los Tribunales de Concordia, las versiones sobre el pedido comenzaron a sonar durante la mañana con amplia reperscusión en los medios de comunicación.
La versión de que se habría producido un “quiebre” en la voluntad de interrumpir el embarazo, era cada vez más fuerte.
El mismo Tomasselli informó estar “trabajando intensamente en un acta” y que no podía emitir palabra sobre el caso.
Posteriormente, distintos funcionarios judiciales ligados a la causa optaron por pedir a los periodistas que se retirasen del 1º Piso donde funciona el Juzgado de Menores alegando que el trabajo periodístico estaría “obstruyendo el funcionamiento de la Justicia”, y admitiendo que los familiares y la niña se encontrarían en el lugar para “labrar un acta”.
"Una vergüenza". Carolina Comaleras, integrante del Consorcio Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales (Conders) de Entre Ríos, confirmó la decisión de la familia. “Esto ocurrió en horas del mediodía: concurrieron a Tribunales la niña, la madre, el padrastro y la abogada para retirar el pedido judicial”, manifestó.
“No sabemos por qué hicieron eso, escapa a nuestro manejo, aunque intuimos que puede ser por la presión, la demora, la exposición”, comentó la dirigente.
Comaleras relató que se encontraba reunida con el ministro de Salud, Hugo Cettour, y cuando se retiraba recibió un llamado telefónico dando cuenta de lo que estaba pasando en Concordia.
“Como Conders nos parece terrible, porque tenemos que pensar que si este embarazo sigue, esta niña va a ser madre, va a ser madre a los 11 años. Es una vergüenza nacional, provincial, es una vergüenza en todos los sentidos porque se le violaron todos los derechos ademas de su cuerpo”, expresó.
“No hay que perder de vista que fue violada, no que decidió tener un bebé”, insistió. “El Estado no tendría que haber llegado jamás a los estrados judiciales. Esto tendría que haberse resuelto en el ámbito de la salud, después vino todo lo demás en cascada”.
“Estamos muy conmocionadas y preocupadas y responsabilizamos al Estado provincial por lo que ha sucedido”, subrayó.
Sobre la reunión con Cettour dijo que “fue cordial” y charlaron sobre la problemática, pero se mantuvo en la postura de sostener lo que dice el comunicado oficial de la provincia, acerca de que había que esperar la decisión de la Justicia.
El ministro se había comprometido a que a través de su cartera que se iba a realizar el aborto, en caso de que así lo resolviera la Justicia, pero esto luego perdió trascendencia a la luz de lo sucedido.
Presiones. En tanto, el colectivo “Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Entre Ríos”, denunció al juez de Menores de Concordia, Raúl Tomasselli por “abuso de poder” y afirmaron que la madre de la niña "está siendo intimidada, presionada, manipulada para que retire el pedido de la interrupción del embarazo, en un evidente abuso de poder por parte del juez interviniente”.
En un comunicado reproducido por Diario Junio citan como fuente de sus afirmaciones “los dichos de la abogada de la niña, María Susana Benítez”.
Aseguran que, “ en forma telefónica el día 18 de enero (o sea ayer), nos manifestó que las presiones recibidas estarían haciendo declinar la decisión de la madre de la solicitar ente la justicia el aborto terapéutico para su niña de 11 años”.
El escrito da cuenta del modus operandi del juez, “las sucesivas audiencias – entrevista del Juez a la niña, a la madre y hoy jueves 19 al padrastro", dijeron.
Cuentan que “la abogada que representa a la madre de la niña (Dra. María Susana Benítez) en forma telefónica el día 18 de enero, nos manifestó por cuanto a que las presiones recibidas estarían haciendo declinar la decisión de la madre de la solicitar ente la justicia el aborto terapéutico para su niña de 11 años”.
Entre las presiones, este colectivo también cita la de “los médicos que intervienen con pericias medicas e informes sobre la supuesta viabilidad del embarazo en la niña”.
En ese marco dicen, “reclamamos públicamente que cesen todas las manipulaciones y violaciones a los derechos de la madre como responsable legal de la niña”, aclarando para que no queden dudas que, “todas las autoridades intervinientes de todos los poderes del estado”, saben que no hay necesidad de judicializar este tema ya que el Código Penal habilita la interrupción del embarazo.