La Defensoría del Pueblo de la Nación libró un exhorto a la Jefatura de Gabinetes de Ministros de la Nación y a los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe a que coordinen, en conjunto con otros organismos nacionales, la implementación de un mecanismo de acción interjurisdiccional que tenga las facultades y herramientas jurídicas y presupuestarias necesarias para "mantener la dinámica hídrica y garantizar la conservación del Delta del Paraná". La intimación, de carácter urgente, alude directamente a un comité conformado en el marco del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible (Piecas) de este humedal, el cual "no tiene aún facultades de la ley para funcionar como una verdadera autoridad de gestión de esta cuenca", afirma el texto firmado por el secretario general de la defensoría, Carlos Guillermo Haquim.
El documento se dio a conocer ayer, aunque fue sancionado el 2 de febrero, considerado desde 1977 como el Día Mundial de los Humedales. En su primer tramo recuerda las actuaciones iniciadas en 2008, cuando hubo incendios intencionales descontrolados en las islas y el organismo defensor pidió en 2009 a las tres provincias y a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que se creara un plan de gestión ambiental integral e interjurisdiccional en la zona de humedales de la cuenca del Paraná. Así es como, previa carta intención de las partes, surgió el Piecas y en este marco, la Comisión Interjurisdiccional de Alto Nivel (Cian).
Al respecto, la Defensoría considera que hay una "escasa implementación" de ese plan y la "falta de ordenamiento ambiental", la región insular. Además, observa fallas en el uso de instrumentos específicos de la gestión ambiental para atender el caso concreto de la proliferación de terraplenes y endicamientos, denunciada ante el organismo en julio de 2012 por la asociación El Paraná No Se Toca, conformada en Rosario tras el intento de Entre Ríos de habilitar la explotación arrocera en el humedal. Asimismo, remarca entre otras deficiencias, que hay un "sistema de información ambiental incompleto" y que en este sentido pidió informes a las áreas medioambientales de las tres provincias, los cuales revelaron que hay serias irregularidades y cierto letargo en cuanto a los controles y sanciones.
Superficies afectadas. El exhorto señala que en todo el humedal hay, entre autorizados e ilegales, 389 endicamientos cerrados que cubren una superficie de 240.748 hectáreas y 1.060 terraplenes lineales, que significan más de 5 mil kilómetros. Todo ello, representa un 14 por ciento de afectación del territorio del Delta. En Entre Ríos se halla la zona más afectada, con 96 levantamientos de tierra que abarcan más de 130 mil hectáreas, la mayoría con fines agropecuarios. En Buenos Aires, hay 286 (108 mil hectáreas) para el rubro forestal y urbanizaciones. No expone datos específicos de la provincia de Santa Fe.
A continuación, detalla el impacto negativo de estas elevaciones de tierra que siguen en aumento. "Resulta necesario realizar las recomendaciones a las autoridades de aplicación tanto nacionales como provinciales para que cumplan con el objetivo primordial de conservar este ecosistema estratégico para la Argentina y garantizar la efectiva vigencia de los derechos ambientales vulnerados", alerta Haquim. Además, es preciso "fortalecer la institucionalidad interjurisdiccional para la gestión de este humedal". Finalmente, su intimación en el hecho de que "aún no se ha puesto en marcha un mecanismo de gestión de esta cuenca" y que el "Cian no tiene aún facultades de la ley para funcionar como una verdadera autoridad".
En ese sentido Victoria Dunda, abogada y miembro de El Paraná No Se Toca, consideró que "en el Piecas se reúnen, charlan, pero no aplican, controlan, ni sancionan y no ejecutan nada de la línea de bases sentadas por el plan. Lo que ha hecho hasta ahora es estudiar, evaluar y proyectar, pero respecto de la fiscalización de lo que se puede hacer o no en el humedal y el control, no ha hecho un trabajo en conjunto, ni siquiera ha resuelto cómo aplicarlo, especialmente con los productores del delta. Funciona nada más que para juntar información académica. Que la Defensoría del Pueblo salga a recomendar y le envíe esta intimación a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y a los estados provinciales para que articulen, nos parece sumamente sustancial".
A mital de camino. "El Piecas es como un estar a mitad de camino. La necesidad de la conformación de un comité de cuencas sería lo ideal, y esto se logra a través de un tratado interjurisdiccional. Se constituye la autoridad y esto se aprueba por leyes provinciales, por lo que hay toda una institucionalidad por hacer. Pero particularmente la provincia Entre Ríos no quiere ceder territorio, soberanía, porque según su concepto, si delega facultades en un comité de cuencas pierde poder. Lo mismo pasa con las iniciativas de parques nacionales en el área insular: todo el mundo se opone a los proyectos que han estado dando vuelta", expresó a La Capital Jorge Daneri, abogado y coordinador de proyectos en la fundación MSINGLE_RIGHT_QUOTEBiguá, de Paraná.
"Es una gran decisión política constituir ese comité. No creo que exista voluntad particularmente porque es un año electoral. Además convengamos que el gobierno nacional seguramente tiene el foco en el proyecto de la represa de Rio de Llanura (entre Corrientes y Santa Fe), antes que constituir organismos que puedan generar o abrir el debate y entorpecer iniciativas faraónicas", remató el profesional.
Un conjunto de bienes y servicios
Los humedales del Delta del Paraná poseen un inmenso valor para la sociedad, ya que proveen un conjunto de bienes y servicios ecosistémicos que garantizan la calidad de vida de los pobladores locales como de quienes habitan su área de influencia. Entre algunos de estos importantes beneficios se encuentran la amortiguación de las inundaciones y sequías, depuración del agua, el control de la erosión y la protección costera, la provisión de gran cantidad de recursos (pesqueros, forrajeros, madereros, medicinales, para la construcción y la indumentaria), regulación del clima y provisión de sitios de refugio, alimentación y reproducción para muchas especies de la fauna silvestre, muchas de ellas de importancia económica.
