El debate por la Zona Fría entró en una etapa decisiva y este lunes sumó un fuerte gesto político en Rosario. Los concejales de Unidos realizaron una conferencia de prensa en el Concejo Municipal para exigirles a los senadores nacionales por Santa Fe que voten contra el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei, que busca modificar el régimen de subsidios al gas natural y que, de aprobarse, implicaría un fuerte aumento en las facturas para 388.919 hogares rosarinos.

El planteo tuvo una particularidad: el reclamo apuntó también hacia adentro de la propia coalición. Los concejales de Unidos pusieron bajo la lupa a Carolina Losada y Eduardo Galaretto, ambos senadores nacionales vinculados al mismo espacio político, y les pidieron que no acompañen la reforma cuando el proyecto llegue al recinto de la Cámara alta. El tercer senador santafesino, Marcelo Lewandowski, de Unión por la Patria, ya anticipó que votará en contra.

La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, encabezó el pronunciamiento junto a Fabrizio Fiatti, Damián Pullaro, Carolina Labayru, Federico Lifschitz, Pablo Gavira, Lucas Raspall, Anahí Schibelbein, Alicia Pino, Manuel Sciutto y Ana Laura Martínez. En el documento conjunto, los ediles definieron la reforma como “un golpe al bolsillo y a la economía de Rosario”.

“No es un privilegio calentar una casa”, sostuvo Schmuck durante la conferencia, al advertir sobre el impacto concreto que tendría la quita del beneficio en plena llegada del invierno.

Zona Fría: qué se discute en el Senado

El proyecto ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación el pasado 20 de mayo, con 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones. Ahora el Senado aparece como la última instancia legislativa para frenar la modificación del régimen.

La ley 27.637, aprobada en 2021, amplió el esquema de Zona Fría e incorporó a distintas regiones del país con bajas temperaturas y mayor consumo residencial de gas. En Santa Fe, el beneficio alcanza a ocho departamentos del sur provincial: Rosario, San Lorenzo, Constitución, Caseros, General López, Iriondo, San Martín y Belgrano.

El régimen vigente otorga descuentos de entre el 30% y el 50% en las boletas de gas para usuarios residenciales de las zonas incorporadas. La reforma promovida por la Casa Rosada propone volver a un esquema más acotado, concentrado principalmente en la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y áreas de la Puna.

Para el resto de las regiones incorporadas en 2021, el gobierno nacional plantea reemplazar el beneficio territorial por un sistema de Subsidios Energéticos Focalizados, atado al nivel de ingresos de los hogares.

El impacto en Rosario y el sur de Santa Fe

Según los datos difundidos por los concejales de Unidos, la modificación afectaría directamente a 388.919 hogares rosarinos y a casi dos millones de santafesinos en los ocho departamentos del sur provincial alcanzados por el régimen actual.

En el plano provincial, durante el debate legislativo se señaló que más de 550 mil hogares del sur santafesino quedarían expuestos a la pérdida del beneficio. En términos poblacionales, el universo alcanzado representa a alrededor de 1,76 millón de personas.

La consecuencia inmediata sería un aumento fuerte en la factura de gas natural. De acuerdo con las estimaciones planteadas por quienes rechazan la reforma, el salto podría ubicarse entre el 30% y el 50% en las zonas que hoy cuentan con descuento. En los hogares que actualmente reciben una bonificación del 50%, la eliminación del beneficio podría duplicar el componente subsidiado de la boleta.

Los concejales remarcaron que suprimir el beneficio tarifario “en vísperas del invierno, sin gradualidad ni alternativas reales”, implicaría un impacto directo sobre el poder adquisitivo de las familias.

“Menos plata en el bolsillo es menos consumo, menos actividad comercial y menos trabajo. El ajuste no se queda en la factura: se derrama sobre toda la economía local”, plantearon en el comunicado.

El voto santafesino, bajo presión

El posicionamiento de los concejales de Unidos se inscribe en una semana de creciente presión sobre los senadores nacionales. Organizaciones sociales, entidades de consumidores, multisectoriales y espacios vinculados a adultos mayores activaron una campaña de recolección de firmas para pedir que la Cámara alta rechace la reforma.

La Red Nacional de Multisectoriales de la República Argentina lanzó una colecta digital dirigida a los senadores de todo el país, especialmente a los representantes de las provincias que perderían la asistencia. Además, este lunes se realizó una jornada presencial de recolección de firmas entre las 9.30 y las 13 en distintos puntos del país.

En Santa Fe, la atención está puesta especialmente sobre Losada y Galaretto, que todavía no dieron señales públicas claras sobre qué postura adoptarán cuando el proyecto sea tratado en el recinto. Desde organizaciones de consumidores, multisectoriales y sectores vinculados a jubilados y pensionados ya enviaron notas a los legisladores para advertir sobre el impacto de la quita del subsidio.

La Defensoría de Adultos Mayores de Rosario también hizo llegar planteos con detalles sobre el posible efecto de la reforma en hogares de jubilados y pensionados, uno de los sectores más expuestos a un salto tarifario en el servicio de gas natural.

El reclamo federal de Unidos

Además del impacto tarifario, los concejales de Unidos buscaron enmarcar la discusión en un reclamo político más amplio: la relación fiscal entre Santa Fe y la Nación.

En el documento conjunto, remarcaron que la provincia realiza un aporte estructural y sostenido al país a través de la producción agropecuaria, la industria y las exportaciones, pero recibe a cambio medidas que, según plantearon, perjudican al interior productivo.

“Santa Fe aporta al país de manera estructural y sostenida: producción agropecuaria, industria, exportaciones. Lo que recibe a cambio no guarda ninguna proporción con ese aporte”, señalaron.

Y agregaron: “Avanzar con este recorte sería un nuevo episodio de una relación federal profundamente inequitativa, donde el interior productivo financia al Estado nacional y recibe a cambio medidas que lo perjudican”.

El argumento oficial del gobierno nacional es que el régimen actual subsidia zonas que no tienen condiciones climáticas extremas y que el costo se distribuye entre usuarios de todo el país. También sostiene que la modificación permitiría un ahorro fiscal estimado en 272.099 millones de pesos y reduciría el alcance del programa en alrededor de 1,2 millón de hogares.

Para los sectores que rechazan la reforma, en cambio, el cambio implica trasladar el ajuste directamente a la factura de gas en plena temporada de bajas temperaturas y dejar sin cobertura a regiones que fueron incorporadas por ley al régimen de Zona Fría.

De Diputados al Senado, con posible judicialización

La media sanción en Diputados dejó un mapa dividido entre los legisladores santafesinos. Los diputados de La Libertad Avanza acompañaron el proyecto, mientras que Unión por la Patria votó en contra. También rechazaron la iniciativa los socialistas Esteban Paulón y Pablo Farías, y la exvicegobernadora Gisela Scaglia.

Durante ese debate, el diputado nacional Diego Giuliano advirtió que la quita afectaría a más de 550 mil hogares santafesinos y sostuvo que, bajo el argumento del equilibrio fiscal, se generaría un fuerte desequilibrio social. También señaló que los usuarios sufrirían un incremento del 50%, con especial impacto en hogares vulnerables, jubilados y jubiladas.

El oficialismo nacional confía en repetir en el Senado la arquitectura de apoyos que le permitió avanzar en Diputados. Del otro lado, las multisectoriales apuestan a que la presión territorial incida sobre los legisladores de las provincias afectadas.

Si el Senado aprueba la reforma, la judicialización aparece como una posibilidad. Las organizaciones que integran la Red Nacional de Multisectoriales ya miran como antecedente el caso Cepis, que marcó la discusión judicial sobre los aumentos tarifarios durante el gobierno de Mauricio Macri y abrió un precedente sobre la necesidad de controlar los procedimientos y el impacto de las subas en los servicios públicos.