La ciudad

Volvieron las quemas de pastizales a las islas, pero afirman que no hay riesgos

Se trata de un problema recurrente en esta época del año. Pese a estar prohibidas durante el verano, en estos días se vieron focos. Medio Ambiente provincial dice que son de "escala menor".

Martes 06 de Enero de 2015

A pesar de que el 16 de diciembre pasado la provincia de Entre Ríos prohibió explícitamente la quema de pastizales en sus islas hasta el 28 de febrero debido al "elevado índice de peligro de incendios", nuevamente surgieron focos en la zona, visibles desde Rosario. Sin embargo, el subsecretario de Recursos Naturales y Ecología de Santa Fe, Ricardo Biasatti, le bajó el perfil a la problemática y negó que se aproxime siquiera a la dimensión que tuvo entre 2008 y 2009, cuando la ciudad se vio con mucha frecuencia envuelta en humo y cubierta de cenizas que llegaban desde el otro lado del Paraná. "Entre Ríos está firmemente ocupada con ese tema", afirmó ayer el funcionario, para sostener que las quemas "han disminuido sensiblemente, aunque siempre queda alguien que transgrede". Y como "son de escala menor", al menos "de momento" no representan un riesgo.

La prohibición de prender fuego a los pastos fue decretada por el gobierno entrerriano hace 20 días para todo su territorio al entender que los riesgos de incendio eran muy altos en esta época, "la estación más seca y cálida del año".

En esa misma línea, su Secretaría de Medio Ambiente también dejó sin efecto todas las autorizaciones puntuales otorgadas, que a lo largo del 2014 llegaron a 101.

Ambas facultades —la de autorizar y la de negar quemas— quedaron establecidas por la ley provincial de manejo del fuego, en cuyo marco también se realizan vuelos de patrullaje para detectar incumplimientos. También durante el último año el gobierno entrerriano labró 47 actas por focos no autorizados, "producto del desmonte y, en menor proporción, por la actividad forestal".

De hecho, lo que ocurre en las islas entrerrianas repercute directamente sobre la calidad de vida de los rosarinos, que hace unos años padecieron en forma severa los efectos del fuego.

A partir de esos "graves episodios", recordó Biasatti, las autoridades de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y la Nación encararon un "trabajo conjunto" que a su vez se tradujo en avances legislativos, acciones sobre "lo que se considera aceptable y no aceptable", y progresivos "cambios de conducta" entre los protagonistas de las quemas.

En rigor, los incendios provocados en la región delta del Paraná afectaron en 2008 a más de 70 mil hectáreas, lo que generó "múltiples problemas ambientales, de salud pública y de seguridad vial". También pusieron en evidencia la debilidad de que adolecían los procesos de coordinación entre los distintos niveles de gobierno y las jurisdicciones.

Para hacer frente a ese diagnóstico surgió el Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Desarrollo Sostenible de la Región Delta del Paraná, en cuyo marco no sólo se encaró "un sistema de identificación de focos, sino también de terraplenes", graficó el funcionario.

Porque de hecho, explicó, las quemas fueron apenas la punta de un iceberg que puso blanco sobre negro una problemática mucho más grave: el avance de la soja a gran escala, lo que a su vez generó incendios de magnitud.

Pero durante estos últimos años los avances en la materia han sido "quizás lentos en la percepción de la gente, silenciosos, pero altamente efectivos para erradicar estas prácticas perniciosas".

Pese a todo (acuerdos interjurisdiccionales, estudios, trabajo en terreno, patrullajes, controles y sanciones) "siempre hay gente que transgrede", admitió Biasatti.

Y esas faltas son las que volvieron a hacer visibles nuevas quemas en las islas desde Rosario. Aun así, el subsecretario santafesino aseguró que se trata de episodios de "escala menor", claramente identificados y que "de momento no involucran riesgo".

Aun así, si Entre Ríos requiriera ayuda en el marco del Plan Nacional de Manejo del Fuego, aseguró Biasatti, Santa Fe se sumaría al "combate de los incendios".

Por el momento nada parece indicarlo por la "acotada magnitud" de los focos y porque la provincia vecina cuenta con "movilidad aérea propia para, llegado el caso, actuar sobre el terreno".

Para los rastrillajes Entre Ríos utiliza el avión Vigía, provisto por el Sistema Federal de Manejo del Fuego, y cuenta además con dos aeronaves hidrantes apostadas en Victoria y Colón.

Revés judicial: La Corte Suprema falló contra la UNR

Poco antes de la feria judicial, la Corte Suprema de la Nación desestimó un recurso de amparo ambiental para que cesen las quemas de pastizales presentado por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) contra la provincia de Entre Ríos. El fallo adverso se debió a que el tribunal entendió que la casa de altos estudios carece de "legitimación" para impulsar esa acción, ya que el pedido "excede las facultades propias" de la Universidad.

Al presentar el amparo por "daño ambiental", la UNR sostuvo que los incendios se practican "de manera reiterada y sistemática en las islas del ecosistema del humedal del alto delta del río Paraná".

Por eso, fundó el planteo en la ley general del ambiente y la de educación superior, así como en su propio estatuto, que incluye el principio de "desarrollar sus funciones y actividades en un marco de irrestricto respeto por el medio ambiente, orientándolas hacia el óptimo desarrollo humano".

La Corte se declaró competente para intervenir y requirió a Entre Ríos un "informe circunstanciado", pero al responderlo la provincia adujo que la UNR carecía de "legitimación" para el planteo, así como de un "interés legítimo y directo", en la medida en que ni de la ley de educación superior ni de su estatuto surgía que estuviera jurídicamente habilitada para iniciar la acción. La provincia aseguró además que la Universidad no es una "asociación cuyo objeto de creación propenda a defender los derechos ambientales".

Con las firmas de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, el fallo hizo lugar a la defensa de Entre Ríos al considerar que la UNR "no puede asumir la gestión de los asuntos ambientales sin invadir las esferas de competencia institucional propias del órgano integrante del Estado nacional con competencia específica en la materia, cual es la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable".

Y "por amplia que sea la autonomía de la Universidad", sostuvo la sentencia, ella "no deja de estar engarzada en el ordenamiento jurídico en general, sin que pueda sostenerse que es por sí misma un poder en sentido institucional, equiparándola a la situación de las provincias que son expresión pura del concepto de autonomía, cuyos poderes originarios y propios son anteriores a la Constitución y a la formación del Estado general que ahora integran".

Con esos fundamentos, la Corte hizo lugar "a la excepción de falta de legitimación" planteada por Entre Ríos y falló contra la UNR.

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