La inseguridad en Rosario hace que las rejas, las puertas reforzadas y un sistema de alarmas se hayan vuelto un gasto indispensable en cualquier casa. Para hacerlo hay que disponer, como mínimo, de 120 mil pesos, (ver infografía), y de 50 mil más si se piensa en colocar cámaras; todo sin contar los costos de instalación. Las empresas aseguran que la demanda no para y que cada vez más rosarinos buscan fortalecer el sistema con el que cuentan. En este marco, un proyecto en la Legislatura instaló un debate que se avizora polémico: la posibilidad de que los gastos por estos controles se puedan descontar del impuesto inmobiliario.
“Un sistema muy básico de alarma para el interior de una casa, con dos sensores en lugares comunes cuesta desde 50 mil pesos”, indicó Julio Astesano, quien desde hace 12 años trabaja en el rubro. “Si a ese combo se le agregan cámaras el precio se eleva a 100 mil pesos”, detalló.
Hablar de alarmas con sensores en el exterior tiene otro precio: un solo detector de movimientos cuesta 20 mil pesos. “Mucha gente lo pone afuera porque les roban las bombas de agua o herramientas que tienen en los patios”, describió Astesano antes de reconocer que la demanda se disparó sobre todo en los últimos dos años.
Los especialistas opinan que una casa, como cuestión básica, tiene que tener rejas, una puerta reforzada, alarma con monitoreo, cámaras y un perro guardián. Cuánto más elementos se sumen, más seguro será el inmueble.
Un gasto “normal”
El presidente de la empresa de seguridad El Centinela, Miguel Milano, con muchos años de experiencia, coincidió en que la demanda no se detiene y manifestó que hoy “no se discute instalar o no alarmas; es un gasto que pasó a ser como el del aire acondicionado”.
“La demanda de sistemas de alarma domiciliaria y cámaras de seguridad aumentó. Y seguramente sería mayor en un contexto económico más favorable”, coincidió Jorge Toto, de la firma Centinet.
Por otra parte, contó que los clientes que hace muchos años tienen alarmas, “agregaron ampliaciones y actualizaciones de sistemas, pasando por ejemplo de monitoreo por línea telefónica a comunicadores GPRS (a través de internet), que permiten mayor seguridad en la transmisión de alarmas”.
En este año se notó un aumento en las consultas por cámaras de videovigilancia y hasta los seguros para el hogar que ofrecen los bancos las incluyen en promoción. Sin embargo, estos artefactos no son indispensables, ni los más importantes. Quienes se dedican a la venta e instalación de sistemas de seguridad explicaron que “las cámaras sin alarmas sirven de poco”.
“Las cámaras te muestran cómo te robaron, pero si no tenés una alarma no vas a ahuyentar a los ladrones”, explicó Astesano, quien brinda asesoramiento sobre qué conviene colocar en cada caso.
En esta línea, Milano advirtió: “Por más cámaras, alarmas y sensores que se coloquen, contra los arrebatos y las balaceras no se puede hacer nada”.
Otro gran rubro de los sistemas de seguridad es la vigilancia física, que también ofrecen las empresas, pero que se convirtió en un servicio casi de lujo.
Hoy un vigilador cuesta, como mínimo (si trabaja en forma legal) 1.100 pesos la hora, más IVA durante las horas diurnas, porque de noche, el precio asciende a 1.300 o más.
Por eso, el servicio queda reducido a algunos pocos edificios de la ciudad, a los barrios privados y a las empresas.
Proponen que los costos se deduzcan del impuesto inmobiliario
El diputado provincial Walter Ghione presentó un proyecto para que los gastos de seguridad de la vivienda se puedan descontar del impuesto inmobiliario.
La iniciativa busca aplicar este beneficio a quienes se vean obligados a instalar alarmas, colocar rejas, pagar seguros o contratar vigilancia privada para proteger sus hogares.
De esta manera, el proyecto del legislador del bloque UNO (Una Nueva Oportunidad) expresa que los contribuyentes que incurran en erogaciones relativas a la seguridad ciudadana, podrán imputar el equivalente al ciento por ciento de dichos montos, como pago a cuenta del impuesto inmobiliario urbano o del impuesto sobre los ingresos brutos.
“Consideramos esta compensación como un gesto de justicia y de reparación para con los ciudadanos que, día a día y con mucho esfuerzo, cumplen con el pago de sus impuestos, pero ven que ese dinero no les retorna a través del Estado mediante soluciones al flagelo de la inseguridad”, argumentó Ghione.
“Mientras el Estado encuentra la manera de reducir los alarmantes índices de inseguridad, proponemos esta medida para aliviar al menos en lo económico el padecimiento que vive la población santafesina”, explicó el legislador de UNO.
La propuesta indica que “en ningún caso, el monto a deducir sobrepasará el impuesto determinado para el período fiscal que se liquida, ni generará saldos a favor”.
