Una profesora del Colegio San Francisco Solano fue despedida “porque sí”, al mejor estilo patrón de estancia. Luego de tres años de trabajo fue nombrada titular en su cargo de tutora y al poco tiempo se desayunó con un telegrama que no esgrime causa de por qué perdía su trabajo. Su caso y el de otros cuatro docentes ocurridos en Santa Fe fueron la gota que colmó el vaso y que lograron instalar, a pedido del Sadop, una “Comisión de seguimiento de los despidos” en la mesa paritaria provincial. “Queremos comprometer al Estado en esta problemática” que también afecta a los fondos públicos, expresa el secretario general de Sadop Rosario, Martín Lucero. Y advierte que, en el marco de la recesión económica que se avecina, aumentarán los despidos y la precariedad laboral en la educación privada, sobre todo en los instituciones terciarias no subsidiadas.
Es profesora de nivel inicial —pidió reservar su identidad—, buena parte de su trabajo lo desarrolló en un programa sobre discapacidad en distintas escuelas de la ciudad; más tarde, a fines de 2012, tomó un reemplazo como preceptora el colegio de Avellaneda y Mendoza. “Estaba feliz, porque no sólo he tenido una formación cristiana, sino que además mi papá es un orgulloso egresado de esta escuela”, comparte la educadora. A la capacitación propia de todos los docentes sumó una tecnicatura superior en prevención de adicciones.
Al poco tiempo de estar en la escuela, pasó de su reemplazo de preceptora al de tutora de los primeros años del secundario. Una tarea que requiere de formación académica y de una gran capacidad de escucha, de diálogo con los estudiantes y las familias, para responder a problemáticas comunes que aquejan a cualquier secundario: consumos, abusos, noviazgos violentos, bullying y ciberbullying, entre otros. La docente asegura que siempre entendió que su tarea implicaba un compromiso mayúsculo. “Por eso es incomprensible, doloroso, que un día te feliciten y otro te echen y pretendan callarte con plata. Detrás de mi trabajo hay una persona, proyectos”, comparte su desencanto y tristeza en una larga charla con La Capital.
Su relato se suma al de muchas otras docentes que pasaron por una similar situación, y describen las arbitrariedades que en ocasiones rozan con la perversidad con las que muchas escuelas privadas se manejan: con el temor de los profesores a perder su trabajo, disponiendo del tiempo personal, poniendo bajo sospecha a quien no les cae en gracia o se muestran cercanos al sindicato. Y situaciones donde la violencia de género no está ausente. Todas expresiones donde el poder y el miedo a perder el trabajo juegan en contra de las docentes.
Apoyo de padres y profes. El último fin de semana de enero preparaba con su novio la lista de invitados al casamiento, también proyectaba comprarse ropa y unas sandalias nuevas para empezar el año de trabajo en la escuela de la que habla con tanto cariño como si se tratara de su propia familia. Y repasa además que durante las vacaciones apuntó películas y libros que la ayudarían a pensar los complejos problemas que atañen a la adolescencia y cumplir mejor su rol de tutora. Fue en esos días que le resultó extraño no haber sido convocada por el colegio, como otros colegas, a firmar las planillas de reintegro. El lunes 1º de febrero se presentó en la escuela. “Ni buen día me dijo, apenas entré el representante legal me preguntó: «¿No recibiste el telegrama?»”, recapitula sobre ese momento inesperado. El telegrama llegó el martes 2 al mediodía. De inmediato intervino el Sadop Rosario, pero ni a la docente ni el propio gremio recibieron una explicación. “Todos me han llamado, profesores, padres, alumnas... Nadie entiende nada”, dice la profesora sobre el daño moral y laboral que le causaron, ya dispuesta a no regresar a la San Francisco Solano.
“Hicimos todas las gestiones pertinentes para tratar la reincorporación y se mostraron de manera cerrada y rotunda a tratar la situación”, señala el secretario general de Sadop Rosario, Martín Lucero. Asegura que son iguales de arbitrarios los casos recientes de esta docente rosarina y los de los santafesinos (tres educadores del Complejo La Salle Jobson y uno de la Escuela Nº1.291 Leonardo Da Vinci del Club Unión de Santa Fe, además de dos no docentes de la Escuela Bialik y la Mutual Jerárquicos). Se trata de personal con antigüedad, con gran consenso en la comunidad educativa. “No podemos convalidar que se eche a la gente «porque no les gusta la cara»”, agrega y considera que hay que preguntarse de dónde sale la plata para pagar las indemnizaciones, porque estas son escuelas que reciben subsidios del Estado provincial para pagar los sueldos. Está claro que si estos colegios disponen de dinero para pagar cuantiosas indemnizaciones no debieran recibir fondos públicos del Estado. En el caso del San Francisco Solano, recibe el 100% de subsidio de la provincia de Santa Fe.
Con los impuestos de todos. La puesta en marcha de la “Comisión de seguimiento de despidos” tiene la meta de comprometer al Estado en esta problemática. “Queremos ponerles nombres y apellidos a los despidos y a estas injusticias, porque preocupan y hay dinero público que debe administrarse en función del bien común”, destaca. En 2012 el Sadop impulsó un proyecto de ley para que el Estado provincial les quite el subsidio del cargo a las escuelas que echan docentes sin esgrimir causa. También en ese año, la iniciativa logró la media sanción en Diputados, sin embargo perdió vigencia el año pasado porque los senadores provinciales no la trataron. Lucero anticipa que este año volverán a presentarla.
Pero la inquietud no queda sólo en estas prácticas patronales que disponen de los recursos del Estado y del que aportan los padres con sus cuotas para despedir a su antojo. La preocupación del gremio se extiende al panorama económico y social que se avecina a corto plazo dada la recesión económica, que asegura afectará sobre todo a los institutos educativos terciarios autorizados (los que preparan en distintas tecnicaturas) que no reciben subsidios: “El nivel superior es un caso emblemático. Es probable que se resienta más que otros niveles. Porque si se da morosidad en el pago de las cuotas, no hay ingresos, eso repercute en el funcionamiento de cursos y comisiones, y en el trabajo docente que pierde horas, que se precariza”. Para Lucero no es descabellado pensar en “más despidos y hasta en cierre de institutos”. Confirma que es clave el funcionamiento de esta nueva comisión paritaria para terminar con los abusos y prevenir lo que se viene: “En un contexto en el cual aumenta claramente la pérdida de trabajo no podemos ser tolerantes, menos en situaciones que están siendo altamente subsidiadas por el Estado”.
Subsidios al sector por $4.500 millones en 2016. La Legislatura provincial le aprobó una transferencia al sector privado de la educación de 4.490 millones de pesos dentro del presupuesto elevado por el anterior Ejecutivo santafesino para el ejercicio 2016. Esto representa casi el 20% de los 23 mil millones de pesos que se prevén destinar a Educación y el 4,35% de los 103 mil millones de pesos del presupuesto total del Estado provincial.
Si se tiene en cuenta que hay 235 mil niños y jóvenes dentro de centros educativos de gestión privada, según las estadísticas provisorias del anuario 2015, el subsidio promedio —varía según la escuela— que los santafesinos aportan por cada alumno es de unos 1.600 pesos mensuales. Esta cifra se actualizará de forma automática una vez que se cierren las paritarias docentes: alcanzaría los 2.000 pesos.
