La ciudad

Usurpaciones de casas, violencia compleja en los suburbios rosarinos

La ferocidad que se ejerce para ocupar viviendas genera gran temor. En un crimen ocurrido hace 20 días asoman los graves efectos de los desalojos forzados en diferentes zonas de la ciudad. 

Domingo 15 de Noviembre de 2015

Lo fueron a buscar a una cama del hospital Centenario donde le habían practicado una quimioterapia y desde allí lo llevaron detenido acusándolo de un crimen que desataría una réplica sangrienta, ramalazo previsible cuando la víctima es un referente del barrio, en este caso la zona donde convergen Las Flores, 17 de Agosto y La Granada. El acusado se llama Agustín A., le dicen Bola y tiene 18 años. Lo señalaron por matar a balazos a José Ramón Casco, 54 años, un dirigente territorial, administrador de un comedor, con una familia ligada a conflictos vecinales, tanto por frecuentar delitos diversos como por una acción que produce un tipo particular de terror: las usurpaciones de viviendas en base a la intimidación y la violencia.

Según comentarios del barrio, Bola no le apuntó a la persona a la que terminó matando sino a uno de sus trece hijos que estaba a su lado. Algunos de estos se dedican, según hay constancias en los Tribunales y lo repiten operadores territoriales del Ministerio de Seguridad, a desplazar de sus casas, generalmente precarias, a personas que viven en su mismo barrio. Los vecinos de la zona saben en detalle qué ocurre en sus entornos. Y éstos dicen que Bola, consciente de sus limitaciones de salud, había afirmado a quien quisiera oírlo que utilizaría el tiempo que le quedara de vida para limpiar de su zona a las personas que habían corrido a su madre de su casa años antes. Cuando él era un niño.

Después del asesinato de Casco, ocurrido el 20 de octubre en Moreno al 6400, en los mapas que muestran los puntos calientes de la ciudad por los llamados al 911 varias manzanas a la redonda de la escena de ese crimen se colmaron de puntos rojos, que delatan las zonas críticas. Eso motivó el despliegue por allí del plan Santa Fe en Paz, una comisaría móvil que dispone de 140 hombres y 10 patrulleros. Hubo una secuencia de balaceras y heridos de arma de fuego. Los primeros casos fueron cuando los deudos de Casco volvían de enterrarlo en el cementerio de Villa Gobernador Gálvez: tres de ellos —dos de 15 años y uno de 24— fueron heridos de bala desde una moto.

La zona es un dominio donde la presencia del delito se inserta en tramas complejas a la vida del barrio en espacios donde la ley está desdibujada. Muchos integrantes del núcleo familiar de Casco están integrados a diversas economías delictivas. Y en los expedientes están asociados a conspicuos miembros de la Banda de los Monos. En el expediente 913/12 que llevó a 14 personas a aceptar sus delitos por asociación ilícita, entre ellos Ariel "Guille" Cantero, varios de los Casco aparecen vinculados a usurpaciones en relatos de víctimas, que detallan el estado de pánico en que viven las víctimas, sujetas a un peligro de doble filo: si no delatan lo que les pasa los corren de sus casas. Si lo hacen se exponen a represalias sangrientas.

Los vecinos les cuentan a los operadores territoriales que Bola, que también proviene de un entorno conectado al delito, es hijo de una familia arrojada de su hogar a la calle. Y que en esa prematura condición de víctima maduró el resentimiento desaforado que ahora lo tiene detenido en una cama hospitalaria por su estado de salud. Es una situación que se propaga por distintos barrios de Rosario, que hace estragos en las subjetividades tempranas, dado que en los hogares usurpados siempre hay niños (ver página 4), lo que desata una violencia en espiral que transforma a agredidos en agresores.

Siete años atrás. En la zona de Las Flores, esta conflictividad en auge viene de lejos. Uno de los tantos incidentes de este tipo está contado en todo su dramatismo en el cuerpo 22 de la causa Monos. Misma zona, misma mecánica, mismos nombres, pero ocurrido hace siete años. Lo relata la madre de Andrés Manuel García, un chico de 17 años asesinado en junio de 2008, en Moreno al 6400, donde mataron a José Casco hace 20 días.

"Desde hace cinco años me vienen amenazando los Casco, estos son parientes directos de Darío Fernández, apodado Casquito, quien fue el que mató a mi hijo", testimonió la mujer en la foja 5.490. "De todos los que vieron el asesinato sólo uno habló en Tribunales. El testigo estaba muy amenazado y yo no lo vi más. Monchi Machuca fue el que amenazó al testigo para que no hablara (...) El 1º de julio de ese año Lisandro Mena agarró a mi otro hijo de 15 años, le pegó y le puso una pistola en el pecho y le dijo que ellos tenían que tirar tiros hasta que nos fuéramos de casa porque ahí tenían que poner un búnker. Este domingo pasado yo saqué a mi hijo de Rosario. El jueves 11 fue a mi casa Cristian C. y me dijo que levantara la denuncia porque si no van a matar a mi hijo. Son los soldaditos de los Cantero".

"Monchi" Machuca es uno de los líderes prófugos de Los Monos. Lisandro Mena estaba con Claudio "Pájaro" Cantero cuando lo mataron y él mismo fue asesinado el día de Nochebuena de 2013. La mujer se refirió en Tribunales a algo que todo el barrio señaló en cuchicheos por años: cómo el grupo de los Casco desalojó viviendas precarias en la zona de Moreno y Batlle y Ordóñez cuando los pobladores de esa zona fueron relocalizados al construirse el casino.

"En el lugar donde tiene la casa el Monchi en calle Melián y Pasaje 507, ochava suroeste, estaba un señor panadero que trabajaba en el súper de Oroño y Saavedra. Lo amenazaron hasta que se fue con su familia del lugar. Donde está ahora el casino había un asentamiento irregular, las casas estaban censadas para darles viviendas nuevas en el complejo de 27 de Febrero y Colombres. Los soldaditos echaban a la gente y se quedaban para agarrar las casas nuevas".

Al ver la planilla de sorteo del plan 6.151, que es el que corresponde a la segunda etapa de esa relocalización con 80 viviendas, se advierte que personas con apellido Casco y Fernández (parientes políticos de los Casco) fueron beneficiadas con 20 unidades. Vivían en el barrio, pero en algunos casos, según los vecinos y operadores territoriales, porque ralearon a la fuerza a ocupantes originarios. Al propio José Ramón Casco le tocó la unidad 34 de la manzana B en calle 1731.

El expediente Monos deja ver que muchas de las casas fueron asignadas a allegados de los Cantero. De nuevo: se conjuga que son de la zona con que obtuvieron el derecho a ser trasladados mediante la fuerza. En ese mismo sorteo se adjudicaron unidades a Claudio "Pájaro" Cantero, Ramón "Monchi" Machuca y otros miembros de la familia que vivían en casas de muy buena calidad, lo que fue corroborado en los allanamientos de la causa 913/12, que sin embargo no están inscriptas a su nombre. En esa causa se constató que hay adjudicatarios que las alquilan, lo que además de estar prohibido revela que no las necesitaban como vivienda única, sino para generar ingresos (ver aparte).

A la fuerza. El crimen de Casco retira de su lugar sumergido algo que no es nuevo: la existencia de agrupamientos delictivos predadores, dedicados a producir desalojos forzosos y los ruinosos efectos que esto acarrea en quienes los padecen. Hace un año la periodista Ana Laura Piccolo difundió el caso de Mario Abal, un mecánico de 66 años de Las Flores, que intenta hace años recuperar su vivienda en Arrieta al 1500 (Paraguay y Batlle y Ordóñez) a cinco cuadras de donde asesinaron a Casco. Abal contaba que las casas en esa zona son usurpadas o compradas aunque no estén en venta. La noche del 26 de julio de 2013 discutió con un vecino "denso" y decidió irse por un día a la casa de una sobrina en Fisherton. Un amigo lo llamó para avisarle que le estaban vaciando la casa. Nunca pudo volver.

"La casa estaba sitiada. Cada vez que mandaba a alguien lo recibían chicos de 15 años armados. La última noticia que tuve de mi casa es que Marianela, la mujer que la usurpó, había instalado una cocina de drogas ahí", le dijo a la cronista. "Entran, te corren y la gente no denuncia por miedo". La denuncia de usurpación de Abal tramita en el juzgado correccional Nº 5.

 

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