La ciudad

"Una situación incómoda para las propias víctimas"

La causa por la explosión en Alem al 2900 puso el foco sobre la condiciones de higiene y seguridad del laboratorio asentado en pleno ejido urbano.

Martes 21 de Mayo de 2019

La causa por la explosión en Alem al 2900 puso el foco sobre la condiciones de higiene y seguridad del laboratorio asentado en pleno ejido urbano. Y también sobre los controles que debió ejercer el municipio. Un estado de cosas que dejó a las víctimas en una situación "incómoda", como afirmó la propia Justicia.

Cabe recordar que el juez de segunda instancia, Alfredo Ivaldi Artacho, confirmó en diciembre pasado la restricción impuesta en octubre por el juez Luis María Caterina: prohibición para a salir de la Argentina para tres de cuatro gerentes de Apolo. Y un embargo de 2,5 millones de pesos para cada uno.

En sus consideraciones, Ivaldi Artacho afirmó que existieron "negligencias, omisiones, impericias y falta del deber de cuidado. Llama la atención que una empresa riesgosa, instalada en el medio de la ciudad, funcionara sin un seguro. Esto deja a las víctimas en una incómoda situación para pelear el resarcimiento y las expone a soportar vericuetos jurídicos para ver si existen bienes que reparen los daños", remarcó el juez.

El delito del cual se los imputaba establecía de tres a cinco años de prisión. Ariel Gómez figuraba como socio gerente del laboratorio, su pareja Marcela Vozza como presidenta de la firma; mientras que Damián García figuraba como dueño y encargado y Marcelo Farré como gerente.

Los cuatro habían sido acusados por haber permitido que la caldera funcionara sin supervisión ni control.

Jorge Gómez, encargado de la caldera, estuvo también imputado en la causa.

A la hora de justificar la acusación, el fiscal Jurado recordó que la caldera explotó porque tenía válvulas tapadas y se había anulado el sistema de alarmas.

La causa desnudó cuanto menos desprolijidades. Y al momento de la explosión, Apolo cargaba con un largo historial de clausuras. La habilitación municipal estaba vencida y en diciembre de 2015, seis meses antes del estallido, el municipio había dispuesto su clausura. Los acusados se defendieron al sostener que la habilitación, en junio de 2016, estaba en trámite.

Probablemente, esta suspensión del juicio, que abre una instancia de negociación resarcitoria, se pueda entender por los propios dichos del juez Ivaldi Artacho.

Una circunstancia que se develará en un máximo de dos meses, cuando la querella ratifique el acuerdo entre las partes y no se llegue al juicio.

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