La principal crítica de la Cámara Federal porteña, de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y de los empleados judiciales del fuero federal es que la ley de flagrancia se propuso, discutió y sancionó en función de una urgencia: dar la idea de que se le da pelea al delito.

La norma recuerda, en ese sentido, al paquete de leyes y reformas del Código Penal que se sancionaron luego del caso Bloomberg: muchas de ellas no sólo no lograron el efecto buscado por quienes pedían mano dura con los delincuentes sino que además alteraron la jerarquía de las sanciones previstas por el Código.

Lo que cuestionan ahora los magistrados, funcionarios y operadores de la Justicia Federal es que los legisladores y el gobierno no calcularon que la nueva ley necesita de más recursos materiales y humanos para ser efectiva, y que que aplicar el nuevo procedimiento con los recursos actuales difícilmente la conduzcan a los resultados buscados.