Un taxista fue imputado formalmente de amenazas coactivas en dos casos diferentes, pero relacionados a la situación que se presenta en la Estación Terminal de Omnibus, donde se produjeron agresiones a choferes que intentaban trabajar en ese lugar.
Una de las agresiones tuvo como víctima a una inspectora municipal, mientras que la otra tuvo como blanco a un taxista al que le impidió, bajo amenaza de muerte, levantar pasajeros en la Terminal.
En la audiencia realizada esta mañana en el Centro de Justicia Penal, la jueza Hebe Marcogliese aceptó la acusación que formuló la fiscal Juliana González, de la Unidad de Investigación y Juicio: que el chofer Gustavo Serrano sea imputado por dos hechos de amenazas coactivas (en calidad de autor y en concurso real) y se le prohíba acercarse a las víctimas.
Uno de los casos que se ventiló hoy en la sala 7 de la Oficina de Gestión Judicial, sucedió el 25 de mayo pasado, a las 12.30, en la zona de la Terminal de Omnibus Mariano Moreno.
Según la acusación de la fiscal, Serrano se acercó a una inspectora de la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana de la Municipalidad de Rosario que se encontraba prestando servicios en ese lugar, la amenazó "y la obligó a no realizar su trabajo y tolerar actitudes amenazantes hacia otros taxistas a los que impedía trabajar en esa parada".
El otro episodio se produjo el 6 de junio, minutos antes de las 17, cuando el mismo taxista se acercó a un colega que arribaba a la dársena de calle Santa Fe y "bajo amenazas de agredirlo lo obligó a retirarse para que no levante pasajeros".
En principio, la fiscal González en su acusación había solicitado como parte de las restricciones impuestas a Serrano, que se presentara a firmar semanalmente en la Oficina de Gestión Judicial y que se abstuviera de acercarse a las víctimas.
La jueza Marcogliese aceptó parcialmente la petición de la fiscal. Es decir, imputó a Serrano el delito de amenazas en los dos casos y le prohibió acercarse a las víctimas.
