Un juez de Mar del Plata ordenó suspender la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo

El juez federal de Mar del Plata, Alfredo Eugenio López, hizo lugar a una medida cautelar presentada por un ex candidato del partido de Aldo Rico y ordenó suspender la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), por considerar que la normativa vigente -la ley 27.610- viola "la obligación internacional del Estado argentino de proteger la vida desde la concepción".

La presentación judicial fue hecha por Héctor Adolfo Seri, quien fuera primer candidato a diputado provincial por el Movimiento por la Dignidad y la Independencia. En primera instancia, el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata, donde había sido presentado originalmente, se excusara de intervenir en el caso y declinara la competencia.

En el escrito, Seri pidió la intervención de la Justicia “a fin de que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27.610 denominada Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, toda vez que -según considera- el mencionado plexo normativo iría en sentido contrario a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Argentino en virtud de la protección integral del derecho a la vida desde la concepción”.

Asimismo, demandó “que se dicte una medida cautelar a fin de que se ordene la suspensión de la resolución 1/2019 atento estar en juego el derecho de la vida de niños por nacer”.

En su sentencia, López admitió que su “condición de católico y respetuoso de la vida humana no resulta óbice para la intervención” en el caso. Sobre la competencia recordó un fallo de la Corte Suprema de 1980 que destacó que “la vida es el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional”. La sentencia nada tenía que ver con el aborto sino que hacía referencia al pedido de unos padres para que se autorice el trasplante de un riñón de una hija menor a otro hijo de la pareja.

López argumentó que la medida cautelar era procedente en tanto la sanción de la Ley N°27.610 y el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo “afectan y ponen en peligro la vida, dignidad y derecho del niño por nacer, como de su madre gestante”. Se trata del mismo juez que, dos años atrás, negó un tratamiento de fertilización para cuidar a las "personas en estado embrionario"

En suma, el magistrado ordenó la suspensión cautelar tanto de la Ley N°27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo como del “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, aprobado a fines de 2019 por el Poder Ejecutivo Nacional.