Un juez del fuero civil de Rosario fue denunciado penalmente por prevaricato (delito que consiste en dictar una resolución arbitraria a sabiendas que dicha resolución es injusta) a raíz de su actuación en un expediente donde se dirimía un contrato de locación de un inmueble en el que funcionaba un lavadero de autos. La grave acusación la hizo un abogado local que litigó en el juicio como defensor de la parte demandada. Hay dictamen fiscal favorable para que se instruya el sumario y se le quiten los fueros.
Si bien a los abogados del fuero local se los escucha en más de una oportunidad en los pasillos de Tribunales cuestionar a magistrados por distintos incidentes en la tramitación de juicios, ninguno pasa de la queja o el reclamo administrativo.
Pero en este caso, y como no sucedía en años en el ámbito del Poder Judicial, el abogado José Luis Vázquez eludió cualquier instancia previa y días antes de la última feria judicial se presentó en la mesa de entradas única de fiscalías con un escrito donde dejó constancia de la grave acusación contra el juez de Circuito Nº 3, Alberto Bonino.
Lo denunció lisa y llanamente por prevaricar, es decir, dictar resoluciones que contraríen la ley que las partes invocaron —que se circunscriben a un expediente puntual—, o que el mismo juez (prevaricato de derecho) las fundamenta en hechos falsos o resoluciones del mismo carácter (ver aparte).
La causa en la que se cuestiona el rol de Bonino remite a un incidente planteado por el dueño de un inmueble ubicado en Moreno al 1800, donde funcionaba un lavadero de autos. Al advertir que quien figuraba como inquilino en el contrato —de vieja data, incluso pactado en australes— no era realmente quien lo explotaba (sublocación), el dueño del predio pidió el desalojo.
De acuerdo al testimonio vertido por allegados al caso, se estableció que Vázquez era apoderado legal de los inquilinos demandados y, paradójicamente, debió presentar innumerables incidentes para agilizar la causa, lo cual en general le sucede al denunciante, que busca celeridad en el desalojo.
La denuncia, de acuerdo a información recogida por este diario, cuestiona decretos parciales del magistrado que motivaron al menos nueve revocatorias rechazadas que no habrían sido ajustadas a derecho, lo cual supondría algo excepcional para un juicio de desalojo. Allí apuntan los reproches: a supuestos errores graves de interpretación jurídica.
Finalmente, el juez dictó la sentencia de desalojo y las partes acordaron el lanzamiento mediante un convenio. Antes de esa instancia, Vázquez perdió legitimidad para litigar, ya que sus clientes le revocaron el poder.
Los nuevos representantes de los demandados desistieron de la apelación y recurso de nulidad, por lo cual el fallo quedó firme. Así se cerró el juicio que tramitó Bonino y que ahora cuestiona Vázquez.
Espinosa causa penal. La denuncia recayó en la Unidad de Información y Atención de Víctimas y Denunciantes del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Guillermo Corbella, quien tras evaluar el tenor de la acusación por prevaricato, emitió un dictamen para que se instruyera el sumario penal y se procediera al desafuero del juez.
Al tratarse de un delito doloso, el expediente Nº 4.177/11 recayó en el juzgado Correccional Nº 6 (vacante), y finalmente recaló en el Nº 5, a cargo de Marisol Usandizaga.
La jueza recién comenzó a estudiar la espinosa causa y evalúa las fundamentaciones de la denuncia y su pertinencia, y aun no resolvió el pedido de desafuero.
Fuentes cercanas a la investigación indicaron a este diario que, entre las medidas preliminares para establecer si corresponde o no instruir el sumario penal, Usandizaga se apresta a hacer una evaluación exhaustiva del expediente civil que generó los cuestionamientos a Vázquez y la posterior denuncia, para lo cual ya solicitó copias.
Además, la próxima semana le tomará declaración testimonial a los clientes del denunciante (ex arrendatarios del lavadero), y escuchará una exposición que espontáneamente ofreció hacer el juez denunciado por prevaricato.
Inhabilitación y multa
Según el artículo 269 del Código Penal, el prevaricato del juez consiste en dictar resoluciones que contraríen la ley que las partes invocaron, o el mismo juez (prevaricato de derecho) las fundamentare en hechos falsos o resoluciones del mismo carácter (prevaricato de hecho). Además, como accesoria, se aplica la inhabilitación perpetua y absoluta. En el caso de los jueces, la multa se agrava si la conducta recayera en causa criminal condenatoria. Se necesita, entonces, para configurar el delito, que se dicte una resolución judicial dolosa, sin importar el móvil. Pueden ser castigados con penas de multa de 3.000 a 75.000 pesos.
