"Nos encontramos en presencia de la presunta violación a disfrutar de un ambiente sano y equilibrado en materia de contaminación sonora y demás molestias producidas por un desarrollo empresarial desmedido". Así de contundente es un tramo de la resolución judicial que le impone a la Municipalidad de Rosario un plazo de 160 días para que reformule el régimen sancionatorio que permita dar efectivo cumplimiento a las ordenanzas que regulan la actividad nocturna en el barrio de Pichincha. De esa manera se hizo lugar a una demanda de vecinos ante reiterados incumplimientos de los comerciantes.
Durante la campaña electoral, el flamante intendente Pablo Javkin remarcó que uno de los puntales de su gestión sería la reformulación de los organismos de control. Y ayer, al término de su primera reunión de gabinete en la escuela J.F Kennedy (Abanderado Grandoli 4800), lo volvió a subrayar (ver página 12)
Y ayer, casi al mismo tiempo que desde el juzgado Civil y Comercial Nº 16, de Pedro Boasso, le ordenaban modificar el régimen sancionatorio sobre los infractores en Pichincha, Javkin habló de "un listado de prioridades" y anunció un giro en las estrategias de las áreas de Control Urbano, Guardia Urbana Municipal y la Dirección de Tránsito. Reconoció además que, a partir de los reclamos de vecinos, se atendería la situación de los barrios La Florida y Pichincha.
Mesas y parroquianos que ocupan todo el espacio de la vereda, ruidos molestos, vehículos mal estacionados (también taxis), congestión que imposibilita el tránsito de personas o familias ajenas a la movida nocturna, música con altos decibeles y gente bebiendo alcohol en la vía pública y fuera de los espacios permitidos. Una postal repetida que abarca la zona comprendida por las calles Balcarce, Francia, Jujuy y Rivadavia.
A la luz de la realidad, la saludable intención de generar un polo gastronómico, cultural y de esparcimiento nocturno no estuvo acompañado del control efectivo que, como tantas veces lo dijo Javkin, contribuyan a una convivencia ciudadana pacífica.
Hartos de esas situaciones, los vecinos de Pichincha fueron a Tribunales a principios de este año para reclamar el cumplimento de las ordenanzas que regulan la noche rosarina. Y en base a la ley 10.000 de intereses difusos, demandaron a la Municipalidad.
En junio, el juez Boasso ordenó al Ejecutivo que se abstuviera de otorgar nuevas habilitaciones (ver aparte). Pero luego de una serie de reuniones conciliatorias, la resolución quedó sin efecto y se readecuó. Igualmente se instó al municipio a que intensifique las inspecciones, algo que no ocurrió; tal cual lo demandaron los vecinos.
Por eso el juez emitió ayer una resolución, no sin críticas a la gestión local, que busca darle una solución del fondo al conflicto. Si bien aclara que el municipio no incumplió con las ordenanzas, especifica que la Comisión Centralizada de Análisis debe seguir su tarea hasta el 31 de diciembre, y analizar las habilitaciones otorgadas en 2017 y 2018. Aunque aclara que esa comisión se hizo más visible cuando se presentó la demanda.
Ineficaz
Boasso señala que de la prueba colectada acompañada por la Municipalidad, "se puede arribar a la conclusión que, si bien existe una actividad de contralor, no resulta eficaz". Ese análisis se desprende de la actuación de la Dirección General de Industria, Comercio y Servicio, que desde el 2017 a la fecha realizó 2.160 actas de inspección en Pichincha.
El funcionario remarca que del análisis de las clausuras se advierte que "la mayor parte implicaron un número de días muy breves y en muchos otros casos fue preventiva". Boasso analizó las infracciones más graves que guardan relación directa con el reclamo de los vecinos: ruidos molestos, ocupación indebida de la acera, no respetar el factor ocupacional, colocación de parlantes en la vía pública, difusión musical fuera del horario, personas bebiendo alcohol fuera del espacio de las mesas, y violación de la clausura.
Aquí es donde detuvo su mirada para advertir que esas violaciones son "numerosas" y muchas de ellas "a los mismos locales comerciales, que continúan desarrollando sus actividades a lo largo del tiempo pese a las sanciones, lo que constituye el agravio planteado por los vecinos".
Al referirse al poder de policía del municipio, puntualiza que "debe ser eficaz, de lo contrario queda circunscripto a un simple control de carácter formal que no cumple con su finalidad: aplicar sanciones que posean un verdadero efecto disuasorio para que no se repitan, o por lo menos no lo hagan con la frecuencia que se advierte a lo largo del proceso", expresa Boasso.
Recalca que "el control que afirma realizar la Municipalidad no es tal" y que "no puede eliminar las graves y reiteradas violaciones a la normativa vigente", por lo que ordena al Ejecutivo "reformular el régimen sancionatorio vigente a los fines de posibilitar el efectivo cumplimiento de las ordenanzas que regulan la noche en Pichincha".
