Taxistas y colectiveros, vecinos de zonas marginales, padres de adolescentes que
salen a la madrugada, comerciantes e incluso distintas entidades barriales y gremiales: los
reclamos sobre seguridad ante reiterados hechos delictivos en cualquier hora y lugar ya son una
costumbre de la que casi nadie está exento. Y si bien la judicialización de un derecho no significa
garantizarlo, la Corte Suprema todavía debe expedirse respecto de un fallo de 2006 que, al
ordenarle a la provincia que intensificara el patrullaje en las calles y entregara un plan de
seguridad ciudadana, le dio así la razón a un vecino rosarino que había demandado al Estado ante
una creciente ola delictiva.
Esa sentencia se remonta a noviembre de aquel año, cuando la Sala III de la
Cámara de Apelaciones Civil y Comercial confirmó un fallo en primer grado que obligaba al gobierno
de la provincia a incrementar la presencia policial en las calles de Rosario. Además debía entregar
en un plazo de 90 días —desde el momento en el que fallo quedara firme, algo que aún no
ocurrió— un informe completo sobre políticas públicas en materia de seguridad.
El juez en lo Civil y Comercial Nº 1, Jorge Scavone, había hecho lugar a un
amparo, sin entrometerse en la planificación ni operatoria de las políticas públicas, limitándose a
dirimir la cuestión planteada desde lo estrictamente jurídico. De esa manera le dio la razón a un
jubilado que había promovido una demanda contra el Estado en el marco de una creciente ola de
delitos.
Ley 10.000. El denunciante fue Hugo Peralta, un jubilado de la Universidad
Nacional de Rosario (UNR) que promovió el juicio bajo los alcances de la ley 10.000 de intereses
difusos. El demandante agregó al expediente pruebas como registros de heridos en hechos violentos y
disminución de frecuencia del servicio público en zonas consideradas peligrosas, entre otros
indicadores de la creciente ola delictiva.
Cuando la Cámara de Apelaciones ratificó el fallo de Scavone se destacaron
algunos puntos que recobran actualidad. El tribunal consideró que "no se cuestionaban los esfuerzos
oficiales en materia de seguridad, pero que el remedio resultaba insuficiente". Es que incluso este
gobierno encabezado por Hermes Binner dispuso una política de reequipamiento de la policía para
incorporar gradualmente móviles y personal a la fuerza.
Sin embargo, los excesivos tiempos del Estado nunca coinciden con los momentos
apremiantes que a veces ofrece la vida cotidiana. En este sentido, cabe recordar un informe
publicado ayer por este diario sobre la labor que vienen sosteniendo distintas vecinales de la zona
norte de la ciudad respecto de este tema.
Lentitud. Varios vecinalistas consultados destacaron la importancia de analizar
y debatir respecto de las causas de la inseguridad con el objeto de ir más allá de los reclamos al
Estado e intentar aportar propuestas para soluciones.
Pero más allá del abordaje del problema, que tiene tantos puntos de vista como
realidades diferentes en cada zona de la ciudad, hay una queja generalizada, que todos comparten,
en cuanto al desempeño del gobierno: la lentitud de las respuestas, en las que —dicen los
vecinalistas— parecen abundar más las promesas que los hechos concretos.
Apelación. En marzo de 2007 la provincia interpuso un recurso extraordinario de
apelación ante la Corte santafesina, planteando la inconstitucionalidad de la resolución de
Scavone. Así, se abrió la instancia de queja y en noviembre de 2007 el máximo tribunal de la
provincia solicitó el expediente completo a la Sala III de la Cámara Civil para estudiar el caso y
dictar una resolución.
Transcurridos más de ocho meses, el máximo organismo de Justicia aún no se
expidió. LaCapital requirió información sobre el estado del expediente, pero no se brindaron
mayores datos. "Está en estudio", fue la escueta respuesta de los voceros tribunalicios. Ni
siquiera se pudo acceder al dato de qué ministro fue asignado para estudiar el caso.
