Un conocido martillero condenado por estafa reclama su libertad

El martillero Oscar Kovalevski, condenado a ocho años de prisión como organizador de las resonantes estafas con fondos judiciales que administraba el Banco Municipal, pedirá su libertad este lunes en una audiencia prevista ante el juzgado de Ejecución penal. La pena, que cumple en su domicilio, no está firme porque la defensa elevó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que aún no se pronunció.

En una audiencia que se celebrará este lunes a las 11 en el Centro de Justicia Penal (CJP) de Rosario, los abogados del martillero Kovalevski le pedirán a la jueza de ejecución penal, Luciana Prunotto, la libertad de su defendido, quien lleva dos años y medio de prisión cumpliendo una condena que no está firme y que está a la espera de ser resuelta por la Corte Suprema de Santa Fe.

Los letrados del martillero, Rodrigo Mazzuchini y Antonela Travesaro, consideran que corresponde el pedido de libertad, sostienen la inocencia de su defendido y harán formalmente el planteo ante la jueza Prunotto.

Las maniobras

Tras un largo proceso, en un juicio oral y público que se desarrolló en 2021, el subastador fue condenado como organizador de una asociación ilícita que armaba juicios falsos para extraer dinero de cuentas judiciales inmovilizadas del Banco Municipal, que denunció los hechos en 2012.

Se trataba de maniobras de la que también participaron dos jueces, dos abogados, un empleado del banco y el secretario de uno de los magistrados, también acusados y condenados, pero con penas menores que acordaron en juicios abreviados.

En la actualidad, Kovalevski, reconocido en el ámbito de las subastas, está está con arresto domiciliario con monitoreo de tobillera electrónica, pero con autorizaciones para hacer interconsultas médicas por problemas de salud. Al iniciarse el resonante caso, estuvo detenido en la comisaría 8ª y en la cárcel de Piñero.

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Aunque sigue insistiendo con su inocencia, un Tribunal Penal de Segunda instancia le confirmó la condena de 8 años. No obstante, presentó un recurso en queja ante la Corte de Justicia de la provincia para que se revise el caso.

El martillero manifestó en una entrevista con este diario en enero que nunca fue denunciado por personas que se hubieran visto afectadas por las maniobras, pero el señalamiento del resto de los acusados lo ubicaron como organizador de las estafas.

El resto de la banda, casi indemne

En ese encuentro con La Capital denunció que por ser el único que llegó a juicio oral y público para demostrar su inocencia, resultó ser el acusado que recibió la mayor condena: 8 años. Es que con otra estrategia, el resto de los involucrados fueron condenados en juicios abreviados después de reconocer haber cometido los delitos por los que fueron acusados.

Se trata del empleado del Banco Municipal de Rosario Tomás Martínez Echenique, que se sospecha proveía los informes internos sobre las cuentas inmovilizadas para que los abogados Luciano Bautista García Montaño y Jorge Heter armaran falsos juicios con la complicidad de los jueces Alejandro Martin y Norberto Scavone, y el secretario judicial Ricardo Lavaca.

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El juez Martín fue condenado a 5 años y su par Scavone a 4 años y seis meses. En su defensa, Kovalevski sostuvo que fue “el elegido para ser apuntado como organizador, el máximo responsable por ser quien tenía la menor formación jurídica. Es imposible _sostuvo_ que un martillero sea el jefe de una organización ilícita de la que participan abogados, secretarios y jueces”.

Más allá de la queja del martillero, en su momento un Tribunal avaló la investigación y la acusación del fiscal Carlos Covani, quien logró demostrar que los jueces firmaban oficios de juicios falsos que armaban los abogados con el listado de las cuentas que les facilitaba el empleado bancario, y que luego cobraban, entre otros, Kovalevski.

Este lunes la jueza Prunutto escuchará los argumentos de la defensa del martillero y tomará una decisión respecto a la incómoda situación procesal en la que quedó envuelto tras el escándalo con fondos judiciales, que explotó en 2012 y generó un revuelo de proporciones en los Tribunales provinciales de Rosario.