Rodrigo Maidana es un joven de 20 años que quedó en estado vegetativo tras sufrir un gravísimo accidente en Villa Gobernador Gálvez el 15 de octubre de 2020, cuando un auto aún no identificado lo atropelló mientras iba en su moto. Desde ese momento la familia pelea para darle una mejor calidad de vida, pero las trabas burocráticas de la obra social a la que está afiliado primero demoraron la autorización de estudios esenciales, después una silla de ruedas que aún no le entregaron, y ahora una cirugía de cráneo para ponerle una placa de titanio.
Desde que ocurrió el accidente, la familia y principalmente Romina, una hermana de Rodrigo, se puso al hombro los trámites ante la obra social Obra Social de los Trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Osuthgra) a la que el joven se encuentra afiliado, principalmente para que pueda recibir los tratamientos que mejoren su estado clínico general.
A mediados de junio de este año, el caso de Rodrigo salió a la luz porque Romina decidió recurrir a los medios ante demoras de la obra social en autorizar una serie de trámites indispensables para su hermano. Se trataba una tomografía y un electroencefalograma digital, la promesa de una silla de ruedas especial y un arnés para poder trasladarlo de un lugar a otro.
En ese momento ya venían batallando para que la obra social habilitara la rehabilitación neurológica que tendría que haber empezado dos meses antes. La silla de ruedas nunca le llegó, pero el joven pudo ingresar a un clínica privada donde realiza un tratamiento. Allí le prestaron una silla postural porque hace una semana la obra social dijo que tardaría otros 40 días en entregarla.
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Pero la situación médica y clínica de Rodrigo no entiende de burocracia administrativa, y ahora su familia vuelve a tener trabas para que le autoricen estudios previos a una cirugía de cráneo que que los médicos prescribieron con una leyenda que es clara: “urgente”.
Cirugía programada pero no autorizada
“No autorizan una cirugía que es importante para Rodri. Dejamos la orden el 9 de noviembre, con pedido urgente de los estudios para una craneoplastía. Me dijeron que iban a demorar unos días, pero pasaron dos semanas y no hay respuesta. Tenía fecha de cirugía el 30 de noviembre, pero a esta altura ya no llega, porque tampoco autorizan la tomografía previa que sirve para sacar un molde que luego utiliza la ortopedia para hacer la placa”, describió Romina sobre interminables trámites.
Según indicó la joven, la obra social le respondió que debe realizar “una transferencia desde Buenos Aires para pagar el estudio”. Pero entiende que si se trata de un giro bancario, “tarda menos de cinco minutos”, por lo que no le encuentra explicación a la respuesta. "Si demoran girar 33 mil pesos para el estudio previo no me quiero imaginar cuando llegue el momento de la cirugía, que es mucho más cara".
Recuerda que lo mismo ocurrió con la silla postural. “Prometieron que la iban a mandar en los primeros días de julio, pero todavía no llegó. En agosto mandé otra nota, y me dijeron que recién comenzaron a hacerla y me la va a entregar en 40 días. Ahora usa una silla que le prestaron en la clínica donde está internado, pero no es la correcta”.
Discapacidad y derechos
Cansada de la burocracia, remarcó que los trastornos también los pasaron con medicaciones urgentes, que demoraron una semana, la familia debió conseguirla por otros medios y hacer frente a su elevado costo. “Rodrigo tiene certificado de discapacidad por estado de cuadriplegia, tiene derechos, y la obra social obligaciones que cumplir”.
“Ya no sé qué más hacer, te dicen cualquier cosa. Mi hermano se tiene que operar para que le coloquen la placa para mejorar su calidad de vida. Su médico dice que no hay que perder más tiempo, es joven y esa placa no solo lo protege de golpes, sino que le puede dar chances de mejorar. Lo dicen los médicos, no es una ocurrencia nuestra”, dijo finalmente Romina.