La Ciudad

Tras 25 años, la provincia cierra el servicio de drogadependencia del Agudo Avila

Lo afirmó la responsable del espacio tras un encuentro virtual con funcionarios de de la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas

Sábado 31 de Octubre de 2020

Después de 25 años la provincia decidió cerrar el Servicio Asistencial en Drogadependencias y Sida (Sadys) que funciona en el Centro de Atención Regional de Salud Mental Agudo Avila, un espacio que se sostuvo a lo largo de más de dos décadas en base a un convenio entre los ministerios de Salud y Desarrollo Social santafesino con el Centro de Estudios Avanzados en Drogadependencia y Sida (Ceads) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Los profesionales que trabajan en asistencia y prevención de daños en el servicio lleva nueve meses sin cobrar sus salarios, y ahora tres meses de reclamos y negociaciones, y en el marco de la pandemia de Covid 19 donde vienen advirtiendo la complejidad de los problemas de consumo, desde la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (Aprecod) les anunciaron el cese del convenio a través de una reunión virtual. Así lo confirmó la responsable el espacio y directoria del Ceads, Silvia Inchaurraga, que señaló que a partir de este lunes y el equipo ya no estará en el servicio.

El cambio de gestión y la pandemia ya significaron en sí mismos varias trabas burocráticas a sortear desde el inicio de este año. Como muchas otras organizaciones, el servicio debió esperar la decisión del entonces ministro de Salud, Carlos Parola, sobre la cotinuidad del convenio vigente, lo que significa la posibilidad ni sólo de funcionar, sino además de hacer frente a los salarios de los equipos.

Eso sucedió en enero, sin embargo, desde marzo los profesionales ya no perciben los haberes por su trabajo, y el coronavirus y las disposiciones de aislamiento empeoraron el escenario. Una situación que además atravesaron también otras organizaciones que trabajan en la asistencia de personas con consumos problemáticos, y que incluso derivó en varios pedidos de informe en la Legislatura provincial a lo largo del año. Sin embargo, el caso del Sadys es el único que tuvo este descenlace.

"Había un compromiso de seguir trabajando y así nos lo habían informado, porque de otro modo los equipos no hubieran continuado", señaló Inchaurraga, que además detalló los pedidos de encuentros y reuniones con las autoridades de Aprecod ante el atraso en los pagos de salarios a lo largo de todos estos meses. De hecho en el marco de la pandemia, elaboraron una campaña y pusieron en marcha de un servicio de consejería on line con dos líneas telefónicas en busca de anticiparse a los efectos que las restricciones tendrían sobre los problemas de consumo.

La renuncia de parte del equipo, fundamentalmente de profesionales que trabajan en el espacio a través de un convenio con el Colegio de Psicólogos, profundizó la situación de crisis y obligó a la jefa del servicio a pedir una determinación "urgente" tanto sobre el pago de la deuda como sobre la continuidad del servicio.

La respuesta de las autoridades de Aprecod fue una reunión virtual con el equipo donde no solamente no dieron certeza de los pagos de salarios adeudados, sino además explicitaron la decisión de no continuar con el convenio en tanto "no encuadra" dentro de los proyectos de trabajo previstos por la agencia provincial. Si bien Inchaurraga le solicitó por escrito la decisión, aún esa notificación no fue enviada.

En ese escenario, el propio rector de la UNR, Franco Bartolacci, adelantó que pedirá un encuentro con las autoridades de la provincia. "La experiencia construida es muy importante y aspiramos que pueda tener continuidad", dijo con el objetivo de revertir la decisión.

https://twitter.com/ardadrogas/status/1322227964042481670

El más antiguo en reducción de daños

La medida que toma la provincia no solo interrumpirá los tratamientos por consumos problemáticos de drogas y dejará sin acompañamiento y cuidado a muchas personas, sino que además pone fin al servicio más antiguo del país que trabaja en la perspectiva de reducción de daños, que desde los años 90 da una respuesta alternativa a la psiquiatrización y el encierro los usuarios de drogas.

El espacio, donde trabajan 6 psicólogos, un psiquiatra y dos consejeros en reducción de daños, que en el último tiempo se vio reducido a cuatro personas es un dispositivo ambulatorio con múltiples estrategias territoriales para asistir y acompañar a los usuarios de drogas, pero al mismo tiempo se convirtió también en un espacio privilegiado de formación para estudiantes de diversas disciplinas y de concurrencias y residencias de pre y posgrado.

El Sadys recibió visitas de expertos y pasantes extranjeros y sus profesionales han disertado sobre él en conferencias locales, nacionales e internacionales. Desde 2016, fue posible que las concurrencias de psicólogos y psiquiatras fueran rentadas y el servicio se estructurara en dos áreas claves como son clínica y reducción de daños, y así funcionó hasta los cambios de gestión en diciembre pasado.

Derecho a la salud

La responsable del servicio no dejó de remarcar "la gravedad institucional" de la situación que conlleva el hecho de suspender el funcionamiento del espacio, sino sobre todo las implicancias "gravísimas que no solo afectan el proceso terapéutico que se viene sosteniendo en algunos casos desde hace años, sino además que se pone en riesgo la salid y la salud mental de los pacientes, incrementando los riesgos de daños asociados al consumo y de nuevas situaciones de consumo problemático".

En ese contexto, consideró además que la medida no se condice con los tiempos que corren, donde "el Estado debería estar más presente que nunca acompañando tanto a los profesionales de la salid como a los usuarios del sistema público de atención".

A ese reclamo, adhieren además desde la Red Argentina para los Derechos y Asistencia de los Usuarios de Drogas (Radaud). "Hoy ante los hechos sucedidos, las personas que usamos sustancias sicoactivas, somos personas y tenemos derecho a la salud, si de ser necesario, muchos pares, ante esta situación de incertidumbre, y encerrados en sus casas agravan los consumos y la convivencia", señaló su delegado en Rosario, Carlos Muñoz, y recalcó la necesidad de que "el servicio siga activo ya que es el único lugar de referencia a los operadores de campo, donde no somos criminalizados".

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