El Ministerio de Trabajo de la provincia salió al cruce de las declaraciones de la diputada provincial Silvia Augsburguer a La Capital en las que había alertado un presunto "incumplimiento de la cartera a un dictamen de la Secretaría de Derechos Humanos" en el marco de una denuncia por acoso laboral, y había cuestionado el "compromiso del gobierno provincial para erradicar la violencia sexista en el ámbito laboral".
En tal sentido, desde la cartera de Trabajo se remarcó que "el compromiso del Gobierno de Santa Fe se exhibe claramente en la implementación de acciones y programas que promueven relaciones laborales seguras asentadas en la igualdad de trato y oportunidades en el mundo del trabajo. Tal es el caso del protocolo de intervención para el abordaje de la violencia laboral en Santa Fe. Dicha iniciativa, que funciona desde 2015, no tiene precedentes en el país. Además, desde el área de abordaje de la violencia laboral se implementan diversas acciones tendientes a la prevención, intervención y capacitación sobre violencia laboral".
Acerca del presunto incumplimiento, se explicó que "en la situación particular de la denunciante María José A. R., existen tres sumarios administrativos. Todas estas investigaciones tuvieron origen previamente a la denuncia presentada por la agente. Uno de ellos, por presunto incumplimiento de una orden de inspección a una obra en construcción en la que posteriormente ocurrió un accidente laboral de graves consecuencias para los operarios que allí trabajan".
En relación al segundo, se remarcó que fue "por presunto desempeño como docente en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR, en horarios coincidentes con el que debe prestar servicios en la Dirección Provincial de Salud y Seguridad en el Trabajo".
Y el sumario restante, se abrió por "presunta incompatibilidad entre sus funciones de inspectora en la Dirección Provincial de Salud y Seguridad en el Trabajo y su actividad privada como directora de obras en construcción y como socia de una empresa constructora en Rosario. Es en el marco de este sumario y por resolución ministerial, que se ha dispuesto trasladar preventivamente a la agente a la Dirección Provincial de Autoseguro de Riesgos del Trabajo (Dipart) Rosario, ya que por la propia naturaleza del hecho investigado (incompatibilidad de funciones) luce imperativo disponer su traslado. Es importante destacar que el mismo tiene un plazo de 180 días, mientras se investigan los hechos", se indicó.
La cartera de Trabajo también salió al cruce de la acusación de Augsburguer en relación a que no se cumple un dictamen de la secretaría de Derechos Humanos, y detalló que los funcionarios denunciados efectuaron el descargo correspondiente, no habiendo, hasta el momento, objeciones al mismo por parte de la secretaría.
"Es necesario aclarar que las recomendaciones propuestas por el organismo son sugerencias que no revisten un carácter de obligatoriedad. Sin embargo, tal como se sugirió, se han llevado a cabo reuniones con la Secretaría de Derechos Humanos para el dictado de capacitaciones en abordaje y prevención de la violencia laboral para el personal del ministerio. La sugerencia de permanencia en el lugar de trabajo resulta impracticable ya que opera un traslado preventivo por presunta incompatibilidad de funciones; todo lo cual también fue comunicado a la secretaría", se detalló.
A renglón seguido, se aclaró que "si bien los hechos denunciados por la agente María José A. R. debieron ser investigados por este ministerio, a partir de la recusación de la denunciante se solicitó la intervención directa al máximo órgano de asesoramiento jurídico del Estado: Fiscalía de Estado. Dicha decisión se tomó a fines de garantizar el máximo grado de imparcialidad a la hora de la investigación. Además, desde esta cartera laboral se han puesto a disposición todos los elementos y mecanismos disponibles para esclarecer los sucesos".