El Ministerio de Trabajo de Santa Fe garantizó su compromiso en la promoción de ámbitos de trabajo libres de violencia y el fomento de la protección integral de los derechos humanos y, en función a esta convicción, lleva adelante acciones y programas orientado a promover relaciones laborales seguras y basadas en la igualdad del trato y las oportunidades.
La cartera ratificó su labor incensante en contra de la violencia laboral luego que La Capital difundiera las denuncias de acoso contra el director del Instituto de Investigaciones para el Descubrimiento de Fármacos, Claudio Fernández, presentadas por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que alertó que "no se trata de un hecho aislado".
En ese sentido, reveló que en los casos denunciados se abrieron sumarios administrativos que garantizan el derecho de defensa y se aplicaron sanciones disciplinarias. En ninguna circunstancia hubo tratamientos desiguales atendiendo a diferencias de género u otras que pudieran resultar discriminatorias y/o lesivas de derechos laborales o humanos.
Asimismo, explicó que a la denunciante se le labraron tres sumarios administrativos antes de que se radique la denuncia de acoso laboral en la Defensoría del Pueblo que tomó estado público y que generó la reacción de ATE. Las investigaciones internas sobre María José A. R. son las siguientes:
1) Por presunto incumplimiento de una orden de inspección a una obra en construcción denunciada por la Uocra Seccional Rosario por deficiencias en cuestiones de salud y seguridad en el trabajo y en la que posteriormente ocurrió un accidente laboral de graves consecuencias para los operarios que allí trabajan.
2) Por presunto desempeño como docente en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR, en horarios coincidentes con el que debe prestar servicios en la Dirección Provincial de Salud y Seguridad en el Trabajo. Investigación iniciada con información oficial obtenida de la referida casa de estudios.
3) Por presunta incompatibilidad entre sus funciones de inspectora en la Dirección Provincial de Salud y Seguridad en el Trabajo y su actividad privada como directora de obras en construcción y como socia de una empresa constructora en la ciudad de Rosario. En el marco de esta investigación y por resolución ministerial, se ha dispuesto trasladar preventivamente a la agente a la Dirección Provincial de Autoseguro de Riesgos del Trabajo (Dipart) Rosario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por existir incompatibilidad funcional del agente respecto de la naturaleza del hecho investigado y su permanencia en el ejercicio de las funciones de inspección que detenta (art. 76, Ley 8528). Dicho traslado es una evidencia de la garantía del derecho de defensa y debido proceso.
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Además, aclara que "la apertura de los diferentes procesos sumariales referidos no causan estado, pero la existencia de pruebas y elementos evaluados por el área jurídica del Ministerio avalan la apertura de un proceso destinado a esclarecer los hechos y eventualmente deslindar responsabilidades en cada caso o de corresponder, aplicar sanciones".
"Tales extremos, en modo alguno, pueden representar situaciones de acoso laboral, discriminación o violencia de género, como lo denuncia la agente María José A. R.", advierte.
Con respecto al dictamen de la Secretaría de Derechos Humanos, el ministerio destaca que "se tratan de recomendaciones no vinculantes que fueron realizadas exclusivamente en base a las manifestaciones de la denunciante, sin tener en cuenta los elementos mencionados previamente en este comunicado y sin escuchar a las partes denunciadas".
Finalmente, indica que los "superiores" denunciados niegan "por absoluta falsedad haber vertido las manifestaciones que atribuye la agente respecto de sus embarazos, como así también que existiera una situación de persecución". Los directivos, además, manifiestan que "el trato siempre ha sido correcto y respetuoso, de la misma forma que lo ha sido con respecto a los demás agentes y funcionarios del área".