Con los alegatos de clausura este miércoles terminó el juicio oral que tuvo a una mujer en estado de vulnerabilidad acusada de tentativa de robo de una bicicleta y para la cual la Fiscalía solicitó una pena unificada de 5 años de prisión efectiva, resultado de acumular otra condena en suspenso. Mujeres Tras las Rejas, Pensamiento Penal y la Asociación de Abogadas Translesbofeministas de Rosario reclaman un abordaje con perspectiva de género y social ante la compleja situación de la acusada, madre de siete niños y en situación de calle. “Es un fracaso de la políticas públicas previas”, recalcaron. El tema llegó a la comisión de Derechos Humanos del Concejo Municipal.
Este miércoles se llevaron adelante los alegatos finales del juicio oral y público donde Natalí R., de 35 años, estuvo sentada en el banquillo de los acusados por la tentativa de robo de una bicicleta en la peatonal San Martín en junio de 2020. En esa última jornada el colectivo Translesbofeminista de Rosario fue admitido como amigo del Tribunal para hacer el seguimiento de un caso que presenta sus complejidades.
“El objetivo es contribuir a la construcción de una Justicia con perspectiva de género”, indicaron las profesionales en un comunicado. Y remarcaron que el interés en la especial situación de Romina radica justamente en “la falta de perspectiva de género que se vislumbra en la acusación de la fiscalía”.
Como publicó este diario el 21 de mayo, la Asociación Mujeres Tras las Rejas y Pensamiento Penal cuestionaron y advirtieron el proceso judicial contra la mujer, sobre todo por su estado de extrema vulnerabilidad social.
El Estado llega para castigar
En ese momento la institución recordó que la ahora acusada vivió en un hogar de huérfanos entre los 8 y 12 años, siempre estuvo en situación de calle y en ese contexto fue madre de siete hijos que ahora están al cuidado de sus abuelas por la ausencia de los padres.
Además, solicitaron “resoluciones alternativas”, lo cual puede contribuir al acceso de justicia de determinados sector sociales. Y consideraron que resulta “irracional e infundado” el pedido de pena de cinco años de prisión efectiva.
La mujer está detenida en la Unidad 5 desde el 3 de junio de 2020 por un hecho ocurrido a las 14 de ese día en San Martín entre Rioja y San Luis. Un hombre advirtió que le habían sustraído la bicicleta playera de la puerta de la empresa Claro. Natalí R. alcanzó a caminar unos metros con el rodado a la par, pero su dueño le dio alcance en San Martín y Rioja y la retuvo hasta que llegó la Guardia Urbana Municipal (GUM) y la policía.
El caso fue tomado por el fiscal de Flagrancia Gastón Avila, quien tras reunir evidencias la acusó. El juicio terminó este miércoles bajo la presidencia de la jueza Hebe Marcogliese. Le atribuyeron el robo calificado de vehículo dejado en vía pública en grado de tentativa.
En el alegato final, el fiscal solicitó dos años de prisión efectiva y la pena única de 5 años de prisión, que resulta de unificarla con otra sanción de tres años que tenía en suspenso. Es que la imputada contaba con una condena condicional a 3 años de prisión, la cual quedó firme el 9 de diciembre de 2019. Al momento de dictar esa pena, el juez José Luis Suarez ya había encomendado a los organismos oficiales el seguimiento, abordaje social y atención médica de Natalí.
Falta de perspectiva
La postura fiscal se mantuvo y quedó bajo la mirada de distintos actores. En un comunicado donde las Abogadas Translesbofeministas informan que solicitaron ser amigas del Tribunal, plantearon que en el marco de mandatos constitucionales y tratados sobre Derechos Humanos, "se advierte la ausencia de una mirada con perspectiva de género" en la posible resolución del conflicto.
“No toma en cuenta la desigualdad histórica que ha signado a las mujeres a nivel global, y en el caso particular la ausencia de un enfoque interseccional. Tampoco tienen presente la biografía de la persona acusada, sus vulnerabilidades, la falta de respuesta por fuera de alternativas punitivistas del Estado y la ausencia de oportunidades que ha tenido a lo largo de su trayectoria”, recalcan las profesionales.
Como surge de un rápido repaso sobre el tratamiento judicial de investigaciones sobre hechos muchos más graves, distinguen el “evidente exceso de punitivismo que significa llevar adelante el proceso penal”, y destacan como una “arbitrariedad” la pretendida resolución del conflicto, “desproporcional al hecho endilgado”, y con “afectación diferencial de la pena privativa de la libertad”.
Respuesta tardía y punitiva
De acuerdo a esa interpretación, refieren que las respuestas del Estado “resultan inútiles para los propósitos que aparentemente la fundan”, mientras “las prácticas policiales y penitenciarias se encuentran atravesadas por ilegalidades y crueldades” en el entramado que combina políticas de control y represión en la persecución de los delitos contra la propiedad y las personas.
Recuerdan que Natalí vivió atravesada por una situación de vulnerabilidad, residiendo en hogares para niños y niñas en su infancia, y en situación de calle en la adultez. “La Fiscalía solicita una pena de dos años de prisión efectiva, la cual no repara en las circunstancias personales, contexto socioeconómico, falta de recursos materiales y simbólicos, así como la imposibilidad de acceder a bienes materiales y culturales, sino que significa el fracaso de todo tipo de políticas públicas previas”, recalcan las abogadas.
Por último reclamaron que se no se violente el principio de objetividad, ya que la Fiscalía “rechazó antes del juicio la posibilidad de arribar a salidas alternativas al debate oral y público, obligando con ello a incurrir al Estado en un dispendio jurisdiccional dado el altísimo costo que representa la celebración de un juicio oral, en un contexto en el que las necesidades son ilimitadas y los recursos escasos”.
Mientras tanto, un grupo de concejales que integra la comisión de Derechos Humanos del Concejo Municipal de Rosario recibió el martes a representantes de Mujeres Tras las Rejas, quienes explicaron el proceso judicial que atravesó Natalí.
En la reunión se planteó además la situación de otras dos mujeres que están con arresto domiciliario y para las cuales se había reclamado asistencia de médica y terapéutica, pero que nunca se concretó. Sobre los dos temas, el Concejo podría sentar posición hoy través de una declaración pública.
