La Ciudad

Sumario administrativo para el agente de la GUM, que está prófugo de la Justicia

La decisión del Ejecutivo se produjo, tras los allanamientos en el gremio de los municipales y otros domicilios

Miércoles 02 de Septiembre de 2020

El empleado de la Guardia Urbana Municipal (GUM) Alberto "Chino" Morales permanece prófugo de la Justicia, tras un pedido de detención acusado de cohecho y tráfico de influencias en presuntas irregularidades con cooperativas de trabajo que tenían contratos con la Municipalidad. En la tarde de este miércoles, el Ejecutivo indicó que se puso a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para ofrecer a la fiscalía actuante toda la información disponible y cualquier otra que sea requerida.

Al mismo tiempo, se inició una investigación administrativa y su respectivo sumario con el fin de determinar las responsabilidades de agentes municipales que pudieran estar vinculados con estos hechos. La misma es "comprensiva del desempeño dentro del ámbito laboral, cómo así también de su vinculación con la causa judicial".

Cabe recordar que la Justicia libró orden de captura para Morales acusado por el fiscal de la unidad de Investigación y Juicio, Enrique Paz, por cohecho y tráfico de influencias en el marco de una causa que investiga irregularidades realizadas con cooperativas de trabajo que tenían contratos con el municipio rosarino.

A "Chino" no se lo encontró este martes por la mañana en el allanamiento hecho por la policía en una vivienda de Santiago al 4000. Se especula que este miércoles será clave para dar con su paradero. El acusado es agente de la Guardia Urbana Municipal (GUM) y debería presentarse a trabajar. Hasta el momento está prófugo. La información le pone más polémica a los allanamientos hechos en la mañana del martes, particularmente cuando por orden del fiscal Paz se desplegó un gran operativo en la sede del Sindicato de Trabajadores Municipales de Entre Ríos al 1.200 donde los pesquisas retiraron documentación y un libro de actas.

Cabe recordar que esta entidad gremial fue allanada a la mañana por efectivos de la Tropa de la Operaciones Especiales (TOE) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) por determinación de Paz, quien además ordenó allanar un domicilio en Funes y otro en la zona sur de Rosario. Hasta anoche, no existía vínculo alguno entre las cooperativas sospechadas y el gremio de los municipales, pero los pesquisas secuestraron documentación para la causa, por ejemplo un libro de actas.

Lo que un hilo investigativo debería determinar es si Morales concretó alguna maniobra irregular a través de cooperativas de trabajo que celebran contratos con la Municipalidad, y si se puede acreditar algún vínculo con alguien que ya habría fallecido y tendría llegada al gremio. Todas estas informaciones eran preliminares, pero se seguían chequeando hasta entrada la noche del martes. Un punto que se destacó es que la Intendencia no tiene relación ni está involucrada en estas presuntas maniobras.

La investigación empezó por una escucha telefónica en otra causa que no estaba relacionada pero dónde se detecta un posible tráfico de influencias.

Es allí donde la pesquisa llevó a poner la lupa en los contratos que otorgaba la Municipalidad en favor de cooperativas de trabajo donde algunos de sus integrantes captaban personas sin empleo con la promesa de que serían beneficiados. Algunas de las cooperativas en la mira de la Justicia son las llamadas 4 de Agosto y Progresar.

Los efectivos policiales ingresaron a las 9 de ayer al edificio “Néstor Ferrazza”, ubicado en Entre Ríos 1242. La decisión causó revuelo en la cuadra, pero más aún en las propias estructuras del gremio en instancias donde se hacen tratativas por una recomposición salarial. Es más, horas después del inicio del procedimiento, el propio titular del gremio Antonio Ratner y la adjunta Yamile Baclini criticaron con dureza la decisión modalidad del operativo.

La presencia de la TOE y la AIC fue en el marco de una investigación por irregularidades en la entrega de contratos otorgados por la Municipalidad de Rosario a Cooperativas de trabajo y lo que hasta anoche no se pudo acreditar es si existe alguna vinculación con el sindicato.

Trascendió del expediente que personas cercanas a las cooperativas captaban a personas de bajo recursos, sin trabajo, con la promesa que ingresando a estos emprendimientos serían beneficiados con contratos para trabajar en la Municipalidad.

Y a su vez, lo que se trata de establecer es que diversas personas que se asociaban, no obtenían dichos contratos. Dicha situación era ajena a la propia Intendencia.

La investigación la lleva adelante el fiscal Paz de la Unidad de Investigación y Juicio por Asociación Ilícita, es por cohecho y tráfico de influencias. Se inició en abril del 2017, y la documentación que se secuestró este martes en el sindicato de municipales tiene que ver con libros de contabilidad y documentación que se va analizar para determinar si tiene vinculación con las cooperativas.

En cuanto a los otros dos allanamientos, en Santiago al 4000 se buscaba a Morales quien no estuvo presente en el lugar y hasta anoche se encontraba prófugo, mientras que en Las Bordonas al 2700 de Funes se identificó a Mariano C., de 37 años que sería empleado municipal. En el lugar se secuestró documentación de interés para la causa referente a la cooperativa Progresar, entre las que se hallan material informático y de almacenamiento. También se incautó dinero extranjero, cheques, celulares. Tras el allanamiento se trasladó al hombre de 37 años a Fiscalía y se le formo causa por asociación ilícita.Advertisement

Por otro lado, en la sede de los municipales se tomó documentación de interés para la causa, informaron voceros judiciales, entre ellos libros de actas.

Además de Progresar, en la lupa de los pesquisas está la cooperativa 4 de Agosto. Curiosamente, la investigación comenzó por una escucha telefónica en otra causa NN que no estaba relacionada a esto dónde se detecta un posible tráfico de influencia.

Captación

Lo que se trata de establecer es la mecánica de los hechos a investigar. Según datos aportados a la investigación, personas vinculadas a las cooperativas captaban a ciudadanos de bajo recursos, en su mayoría sin trabajo, con la promesa de que ingresando a dichas cooperativas serían beneficiados en un corto tiempo con contratos para trabajar en la Municipalidad.

Lo que habría ocurrido es que diversas de estas personas “captadas” se asociaban y no obtenían dichos contratos.

En concreto, la causa está a cargo de Enrique Paz, fiscal de la Unidad de Investigación y Juicio con las calificaciones de asociación Ilícita, cohecho y tráfico de influencias.

Tras la irrupción de las fuerzas de seguridad y cuando la noticia iba adquiriendo mayor dimensión e impacto en la opinión pública, fuentes del expediente dejaron trascender que el operativo en Entre Ríos al 1200 se produjo con la presencia del prosecretario del fiscal Paz.

Además del retiro de documentación del gremio en los otros operativos se produjeron en domicilios donde habitan los responsables de las cooperativas, que están ahora bajo la lupa judicial.

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