La polémica en torno a la bailanta Póker que funciona sin habilitación en el club Central Córdoba sigue en ascenso. Ahora, un grupo de diputados provinciales opositores sembró dudas sobre la presunta venta de drogas en el local. "No tenemos pruebas, pero si fuertes sospechas en base a las denuncias que hemos recibido de vecinos y gente allegada al club", precisó el legislador Oscar Urruty, integrante de la comisión de Seguridad. Allí el miércoles se aprobará un pedido de informes al Ejecutivo para que precise si la policía encontró estupefacientes en los operativos de inspección encarados junto al municipio.
La Municipalidad ya confirmó que la conflictiva bailanta no cuenta con habilitación reglamentaria. Pese a ello, violó sistemáticamente esa prohibición y siguió abriendo sus puertas.
El municipio denunció que sus inspectores no pudieron ingresar en reiteradas oportunidades a clausurar el espacio ante la negativa de los agentes privados de seguridad a permitirles el acceso.
El arribo de una nueva comisión directiva al club cambió el escenario. Los nuevos responsables del club charrúa manifestaron su decisión política de no permitir que funcione la bailanta en la sede social de la entidad, en San Martín al 3200, argumentando que por estatuto ese uso no está permitido.
La negativa de los dirigentes de Córdoba a que siga funcionando la bailanta tuvo consecuencias inmediatas: uno de los integrantes de la comisión directiva recibió una intimidación en su domicilio, que el club vinculó con la movida nocturna cuestionada.
En ese marco, los legisladores Urruty, Héctor Acuña, Germán Mastrocola, Oscar Daniele y Eduardo Toniolli, integrantes de Seguridad, recibieron en el anexo Rosario de la Cámara de Diputados al presidente charrúa Carlos Lancellotti y al vice Luis Stern.
Los dirigentes remarcaron que "no poseen documentación alguna que corrobore que el club haya concesionado el espacio para que funcione una bailanta" y reiteraron que el estatuto del club no lo permite.
En el cónclave también se conversó sobre la presunta venta de drogas en el local y la relación de los gerenciadores del espacio con las fuerzas de seguridad provinciales.
"La hipótesis que se maneja es que los responsables de la bailanta actúan en connivencia con la policía y eso es lo que les permite seguir funcionando pese a las irregularidades denunciadas", indicó Urruty.
El legislador del PPS advirtió que en la Legislatura "no hay pruebas concretas, pero sí fuertes sospechas de que al interior de la bailanta se vendía droga, en base a las denuncias anónimas que han llegado a la comisión de Seguridad de parte de vecinos y allegados al club".
En ese sentido, los legisladores acordaron impulsar un pedido de informes al Ejecutivo para que precise si en los operativos de apoyo a la inspección municipal que hicieron agentes de la policía encontraron estupefacientes. Y de ser así, si anoticiaron a la Justicia Federal de Rosario.
El tema será debatido el próximo miércoles en la comisión de Seguridad. Y luego en el recinto de la Cámara baja, en medio de la polémica por las declaraciones del narco prófugo Ramón Ezequiel Machuca, alias "Monchi Cantero", respecto a la participación de la policía en el negocio de la droga.
Los diputados también aludieron a la responsabilidad del municipio por el accionar de Póker. "Hay una clara responsabilidad municipal ya que la bailanta no poseía habilitación pero funcionaba igual", afirmaron.
"La excusa —continuaron los legisladores opositores— de que los patovicas no dejaban pasar a los inspectores no tiene asidero. Vamos a apoyar a los concejales que están reclamando una investigación para que se encuentre a los responsables políticos porque en este caso el poder de policía es de la Intendencia", señalaron.
