Sábado 05 de Junio de 2021
Un sórdido caso de abuso sexual dentro del Centro Regional de Salud Mental Agudo Avila salió a la luz en los últimos días, luego de que un paciente bajo custodia policial en esa institución fuera llevado a juicio y resultara condenado a 11 años de prisión por violar a otra internada en enero de 2020. La Unidad de Fiscal de Delitos Sexuales logró acreditar los ataques ante un Tribunal pluripersonal que tuvo en cuenta diversos informes para determinar que el acusado comprendió la criminalidad de sus actos. El caso abrió otro capítulo, ya que no se descarta abrir un legajo penal a policías a cargo de la seguridad del condenado (ver aparte).
Las circunstancias del hecho de abuso en el Agudo Avila que se ventiló la semana pasada en un juicio oral salieron a la luz pero con prudente reserva. Con el objetivo velar por la intimidad de las personas involucradas, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) sólo refirió que un hombre había sido condenado a 11 años de prisión por abusar de una joven de 28 años dentro del hospital ubicado en Suipacha 667.
Se trata del emblemático espacio de la ciudad donde médicos, psiquiatras, asistentes y personal de salud, atienden y contienen a pacientes por diversos trastornos mentales, adicciones, consumo de estupefacientes, y brindan servicios permanentes, sobre todo en estos momentos de pandemia. “El centro de salud no tiene nada que ver. Aquí hubo una situación muy puntual, pero gravísima”, aclaró de antemano un operador judicial con acceso a la investigación.
Andrés Ezequiel C., un hombre de 38 años con algunos trastornos delirantes pero bien centrado, ubicado en tiempo y espacio, fue derivado al Agudo Avila para cumplir una condena corta por hechos de violencia de género. A su box, como le llaman a las habitaciones del centro de salud, le asignaron dos custodios del Servicio Penitenciario (SP) que debían turnarse para vigilarlo.
Era enero de 2020. Casi al mismo tiempo ingresa a la institución una joven de 28 años, con trastornos mentales, y una situación de extrema vulnerabilidad por su patología, como la mayoría de los pacientes. También le dieron una habitación no muy alejada de la de Andrés.
Al parecer, Andrés tuvo la capacidad de manipular toda la escena al hilvanar un discurso que lo mostraba inofensivo. Así, camufló su personalidad y mediante un discurso locuaz y contenedor se ganó la confianza de la nueva compañera.
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En ese contexto donde parecía no representar peligro para sí ni para otras personas, al parecer la custodia policial se relajó. El 11 de enero la joven fue invitada a tomar mates a la habitación del Andrés, lo cual ella interpretó como un gesto de nobleza en un momento de angustia.
Pero todo se volvió un infierno. Dentro de la pieza fue violada, accedida vaginal y analmente, según la denuncia posterior que hicieron las autoridades del Agudo junto con la víctima en el Centro Asistencia a las Víctimas de Delitos Sexuales y Violencia Familia que funciona en la ex comisaría de la mujer (Italia 2151).
Luego, el abuso se pudo acreditar con informes médicos y biológicos sobre la víctima. Seis días después, el agresor fue imputado por el fiscal Diego Meinero, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, que calificó los hechos como “abuso sexual con acceso carnal”.
A 16 meses del aberrante episodio, el hombre fue llevado a juicio oral la semana pasada. El debate estuvo centrado en la imputabilidad, ya que según la defensa, no comprendió su criminalidad del acto, y siempre negó el los hechos. Es más, peritos médicos del Tribunal dieron crédito a esa posición.
Sin embargo, la Fiscalía opuso un abanico de pruebas, entre las que se contaron las propias declaraciones del acusado en la etapa de investigación donde ejercía su defensa del hecho, contrainterrogatorios a médicos tratantes del acusado y de la víctima, a profesionales de Juntas Médicas de Salud Mental con acceso al legajo y a directivos del Agudo Avila
Fueron cerca de 20 los testigos que desfilaron ante el Tribunal de jueces conformado por Héctor Núñez Cartelle, Ismael Manfrín y Hernán Postma. En ese aspecto tuvo un rol protagónico el cuerpo interdisciplinario de psicólogos y trabajadores sociales del MPA que aportaron herramientas para apuntalar la teoría del fiscal.
En los alegatos de apertura y clausura la Fiscalía confirmó el pedido de pena de 15 años de prisión efectiva para el acusado por el grave delito, mientras que la defensa sostuvo su pretensión absolutoria.
Los jueces finalmente lo hallaron culpable y, en una decisión unánime, coincidieron en sentenciarlo a 11 años de prisión efectiva como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal. “Los magistrados concluyeron que tuvo capacidad para comprender el gravísimo hecho que cometió, y que podía atravesar el proceso judicial. Además ponderaron la condena anterior sobre violencia de género”, indicaron desde el MPA luego del juicio.
El rol de dos empleados del Servicio Penitenciario (SP) que debían custodiar al hombre condenado por abuso en el Agudo Avila ahora quedó bajo la lupa, luego de que el en proceso judicial salieran a la luz algunas irregularidades en el cumplimiento de su tareas.
Según las evidencias que se ventilaron en el juicio, podrían ser convocados por la Unidad de Violencia Institucional de la Fiscalía Regional bajo investigación de un legajo penal.
