A seis meses de los saqueos a supermercados y pequeños comercios de Rosario ocurridos en diciembre pasado, los comerciantes afectados no recibieron indemnizaciones del Estado por las pérdidas. Si bien la provincia ofreció una línea de crédito del Banco Municipal y el diferimiento del pago de ingresos brutos por un año, sólo cinco de unos cuarenta damnificados se interesaron por alguna de esas opciones. "La ayuda es una materia pendiente", remarcó Pablo Barello, delegado de la Cámara de Supermercados de Residentes Chinos de la ciudad, quien no obstante rescató como "un paso que había quedar" el procesamiento judicial de 37 personas por los ataques a comercios que se conoció el miércoles.
"Este es un paso que había que dar: que la Justicia investigue y que sancione delitos comunes, porque en muchos casos no fueron situaciones impulsadas por la necesidad. Hubo comerciantes asaltados a mano armada en sus propias viviendas", opinó Barello, que es abogado y acompañó a supermercadistas chinos a presentar pruebas y filmaciones en los expedientes. Los comerciantes, aclaró, no accionaron como querellantes en esos procesos penales.
Los comerciantes chinos fueron los más afectados por los últimos saqueos. Los pequeños comerciantes de origen local afectados no instaron un reclamo colectivo. "No recibimos ningún llamado ni pedido de auxilio para reparar los daños", dijo Juan Milito, del Centro Unión Almaceneros. La misma entidad que tras los saqueos del 19 y 20 de diciembre de 2001 impulsó y obtuvo el resarcimiento con hasta 105 mil pesos a comerciantes afectados en la provincia (ver aparte).
Este miércoles se conocieron resoluciones de la jueza de Instrucción María Luisa Pérez Vara en las que procesó a 37 personas por participar de robos a comercios el 21 y 22 de diciembre de 2012. En esos días, la ciudad fue conmovida por los saqueos a más de 58 comercios, dos personas murieron con heridas de bala y hubo casi 200 detenidos por la policía.
Los comerciantes chinos ponderaron la medida judicial, pero remarcaron que a seis meses sigue pendiente la ayuda estatal. Barello, portavoz del sector, aclaró que "cada comerciante vivió una realidad diferente. Si bien comparten un origen común, hay que analizar cada caso particular. Cada uno salió adelante con distintos recursos". La mayoría de los damnificados obtuvo préstamos de dinero de connacionales para reponer mercadería.
"Se realizaron préstamos entre amigos. Son familias de un mismo origen que se ayudan entre ellos".
Un rasgo que conspira contra la búsqueda de una indemnización colectiva es que "el nivel de organización no es tan fuerte" y, sin una presión de grupo, "la mayoría salió adelante por su cuenta", agregó Barello. El delegado remarcó que muchos comerciantes perdieron "todo": la recaudación de la caja, el controlador fiscal, la mercadería, efectivo sustraído de sus viviendas. Remarcó que no fueron compensados por el lucro cesante, la destrucción de las góndolas, las reparaciones de los daños que afrontaron y el gasto en adicionales policiales durante esos días álgidos.
"La ayuda no vino por parte del Estado", enfatizó y mencionó que en al menos un caso una familia no pudo reabrir el súper y se fue a trabajar en relación de dependencia a un comercio de otra ciudad; mientras que otro comerciante regresó a China. Del total de comercios afectados, precisó que "más de veinte" fueron locales de capitales chinos.
En enero, el Ministerio de la Producción provincial ofreció una línea de crédito en el Banco Municipal y diferir el pago de ingresos brutos, según precisó Pedro Pavicich, secretario de Servicios de Apoyo al Desarrollo. Las alternativas fueron ofrecidas a los supermercadistas chinos, a dueños de negocios que reclamaron en forma particular y a la Asociación de Comerciantes de V.G. Gálvez, unos cuarenta comercios en total.
La oferta de financiamiento ofrecido consiste en una línea de crédito del Banco Municipal por un total de 5 millones de pesos. Cada comercio puede acceder a un préstamo de hasta 150 mil pesos, con una tasa anual fija del 20 por ciento y un plazo de pago de 36 meses. La provincia ofreció afrontar la mitad de la tasa. En cuanto a los ingresos brutos se ofreció diferir el pago por un año entre el 20 de diciembre de 2012 y el 30 de junio de 2013. Sin embargo, según el funcionario, hasta el momento sólo ingresaron cinco consultas de interesados en gestionar la línea de crédito.
