La adhesión de Santa Fe a la ley nacional 27.348 de riesgos de trabajo, sancionada en 2017, estuvo en el tapete esta semana. El proyecto tiene media sanción en la Cámara de Senadores de la Legislatura, pero sigue trabado en Diputados (La Capital dio cuenta esta semana del derrotero legislativo y el reclamo de algunos sectores). La norma establece la creación de siete comisiones médicas de carácter permanente en toda la provincia, y otra móvil en localidades donde no hubiera cobertura, a fin de garantizar la atención de los trabajadores cerca de su domicilio o lugar de trabajo. Desde hace años funciona una sola y está asentada en Rosario.

Según estudios del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), y al comparar provincias similares que siguieron estrategias diferentes en relación a la aplicación de la ley 27.348, se observa que entre 2016 (año anterior a la sanción de la reforma) y 2018 (primer año de vigencia de la reforma) se redujo de 10 a 7 juicios por cada mil trabajadores a nivel nacional. En Córdoba los juicios se redujeron de 19 a 4 por cada mil trabajadores. En Santa Fe, en cambio, la tasa pasó de 23 a 22.

El diputado radical Julián Galdeano fue taxativo respecto a la demorada adhesión a la ley de ART. "No se explica la oposición, suponemos que hay prejuicio dogmático. Las compañías aseguradoras deben hacer una previsión presupuestaria de un juicio de 5 años y ese costo se traslada al empleador que debe pagar un porcentaje mayor que otras provincias".

El legislador también observa resultados positivos de reuniones entre los actores políticos de la provincia. "Hay una decisión favorable del gobernador Miguel Lifschitz y de Omar Perotti (electo), y las asociaciones empresarias que tienen que ver cómo sube el costo sobre la masa salarial. Cualquier empresario va a elegir invertir en Córdoba antes que en Santa Fe porque acá se paga un costo excesivo", describió.

Otra referencia respecto a esta situación estuvo en boca de la presidenta de la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (Uart), Mara Bettiol, quien también reclamó la adhesión de Santa Fe a la ley de riesgos de trabajo. Destacó que la norma es sinónimo de "certidumbre e inmediatez para las partes involucradas".

Y recalcó que "los beneficios son para el tejido productivo, para quien tiene una dolencia y requiere prestación. Un trabajador que sufre un accidente necesita inmediatez, atención, y es eso lo que propone la ley".