Fueron separados de sus centros de vida para evitar la vulneración de derechos en su entorno familiar. Sin embargo, para los siete niños, niñas y adolescentes que llevan casi un año viviendo en hospitales públicos pese a contar con el alta médica, la inacción de la Secretaría de Protección y Promoción de los Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia para alojarlos en espacios adecuados está muy lejos de garantizar la restitución de esos derechos que en los enunciados busca garantizar.

Más aún, la dilación de una respuesta los revictimiza, los priva de sus derechos a la recreación, a vincularse con sus pares y, en algunos casos, a educarse. Sobre una de estas situaciones, incluso pesa desde fines de agosto una intimación judicial para que el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia resuelva en no más de 72 horas el alojamiento de una niña de 11 años. Así y todo, la externación de la paciente aún no se concretó.

"Acá hay cuatro chicos. Dos, son nenes de 13 años que están desde marzo y que en todo el año no fueron a la escuela", dice Mónica Lenoci para dar una idea de la situación que atraviesan tres niños y una niña en el Hospital de Niños Zona Norte, donde ella es representante de la comunidad en el consejo de administración y desde donde reclamaron hasta el hartazgo soluciones a funcionarios provinciales.

"A los cuatro se les da una cama y comida y todo el amor, pero el hospital no es un lugar donde vivir", deja en claro.

El escenario se replica en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde la directora, Viviana Esquivel, detalla que "hay tres casos que ya están judicializados" y que pese a eso no lograron respuesta de las autoridades de Niñez. Una de las situaciones está en manos del Tribunal Colegiado de Familia Nº 3 de Rosario y otras dos en el juzgado de San Lorenzo, a cargo del juez Marcelo Scola, que el 22 de agosto intimó al Ministerio de Desarrollo Social y a la Secretaría de Protección y Promoción de los Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia a resolver la situación de una paciente de 11 años que desde que recibió su alta, la primera semana de marzo, espera ser externada.

"No puede el Estado, con su accionar, lesionar nuevamente el estado físico, mental o psíquico de un niño, niña o adolescente. Su función es darle una protección especial frente a una vulneración de derechos", dijo en declaraciones a la prensa días atrás el magistrado sobre el caso de la niña que espera en el Vilela.

Sin alojamiento

"La respuesta de las autoridades en las diferentes reuniones que mantuvimos, por los tres casos, es que las externaciones se darán a la brevedad, pero la verdad es que no suceden. Incluso con las medidas judiciales", explicó a La Capital la directora del hospital y afirmó que "mientras tanto los tres pacientes están de alta en el hospital, acompañados por todos los equipos, desde médicos, psicólogos y pediatras hasta enfermeros, que son los que contienen los momentos de angustia y tristeza que atraviesan".

El escenario no es nuevo y viene siendo planteado sistemáticamente, incluso a través de documentos escritos dirigidos a las máximas autoridades del Ejecutivo y el Legislativo provincial y firmados por centenares de integrantes de los equipos interdisciplinarios que en los centros de salud trabajan en el abordaje de infancias y adolescencias.

Médicos, trabajadores sociales, psicólogos y acompañantes señalan que ya en la previa de la pandemia estas internaciones indebidas, porque en todos los casos los chicos ya tienen orden de ser externados, se venían produciendo cada vez con mayor frecuencia y por períodos de tiempo cada vez más extensos, pero recalcaron que la articulación con la Secretaría de Protección y Promoción de los Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia se tornó más difícil aún tras la pandemia.

La falta de espacios y centros de alojamiento de las infancias y adolescencias son los principales argumentos, así como la ausencia de equipos y recursos humanos adecuados para atender a los chicos frente a situaciones de crisis subjetivas. "La situación se agravó en el último tiempo y lo que termina pasando es que a los chicos es el Estado el que les sigue vulnerando sus derechos", recalcó la directora del Vilela.

"Los devuelven"

La representante de la comunidad en el Hospital de Niños Zona Norte explica sin medias tintas lo que más de una vez sucede con los niños, niñas y adolescentes. "Algunos están por temporadas largas en el hospital ante una crisis, otros logran volver a los centros de atención por un tiempo, pero los devuelven. O en otros casos, los centros residenciales, pese a que tienen el alta, no los aceptan y no los quieren recibir", explica sobre la falta de capacidad para atender las necesidades de las infancias con las que se cuenta en los centros de alojamiento con los que tienen convenios las áreas de Niñez.

Lenoci plantea que el "deambular por el hospital" no es lo que "los chicos necesitan" y agrega: "Acá se les da una cama y comida, contención, pero no tienen un lugar dónde estar, deambulan todo el día, en los momentos que están con sus acompañantes personales pueden salir, pero eso no está garantizado las 24 horas y la mayoría no va a la escuela. Se levantan tarde, no hay un ritmo de vida pautado, cuando lo que ellos deben justamente es volver a sus actividades".

En el Zona Norte, los dos adolescentes de 13 años desde marzo no concurren a la escuela, además hay una niña de 9 años y otro niño de 11, ambos también con el alta médica ya otorgada. "Estamos a la espera de Niñez, de una residencia, pero el proceso de las externaciones no llega o se van un tiempo y vuelven, porque los devuelven", insiste.

Así como en el Vilela, los equipos médicos tienen "todas la presentaciones judiciales realizadas", dice Lenoci, pero señala que eso no "no logra garantizar los derechos de los chicos, que son revictimizados".

Si bien en el caso del Vilela se garantiza la escolaridad, ya sea a través de salidas o de la escuela en el hospital, Esquivel recalcó que los chicos "transitan muchos momentos de angustia en relación a la situación que atraviesan" y agregó: "Hemos incluso planteado la situación a la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, porque no sólo están de alta en términos hospitalarios, sino porque además el alta, legal y subjetivamente, para estos chicos significa volver a sus centros de vida y es un momento de mayor vulnerabilidad que debe ser resguardado". Por ahora, justamente, eso es lo que no sucede.