Senadores comenzará una ronda de consultas por la ley de unión civil

El proyecto de ley que autoriza la unión civil de parejas gays y heterosexuales, cuya media sanción está a consideración de las comisiones parlamentarias en la Cámara de Senadores santafesina, comenzará a ser debatido en las próximas semanas cuando los legisladores reciban por separado a integrantes de la asociación civil Vox —fogonera del proyecto— y representantes de la Iglesia Católica santafesina.

Así lo informaron a LaCapital fuentes parlamentarias consultadas en el edificio de la avenida General López, las que consignaron además que "antes de despachar el proyecto en comisiones y previamente a su tratamiento en el recinto de sesiones la idea es contar con el mayor abanico de opiniones posible sobre la cuestión".

La decisión se tomó después de una semana ajetreada. El jueves pasado, miembros Vox (asociación civil que lucha por los derechos de las minorías sexuales) mantuvieron reuniones con senadores de distintos bloques para discutir aspectos de la iniciativa (ver aparte).

Y, al mismo tiempo, se conoció el contenido de una nota que la Federación de Asociaciones y Uniones de Padres de Familias de Colegios Católicos de la Arquidiócesis de Santa Fe envió a la presidenta del Senado, Griselda Tessio, advirtiendo que "pretender legalizar estas uniones agravia a los padres de familia santafesinos".

En el escrito, los integrantes de esta organización plantean que respetan las acciones privadas de las personas, pero que no comparten y se resisten a que "se aprueben como un valor social la figura de las uniones estables entre las personas del mismo sexo, equiparándola a la institución del matrimonio".

También el Concejo. Además en la sesión del último jueves ingresó a la Cámara alta una declaración votada el 28 de agosto pasada por el Concejo Municipal, pronunciándose a favor de la aprobación del proyecto.

La ley de unión estable de parejas recibió media sanción a mediados del mes pasado en la Cámara de Diputados de la provincia con el voto afirmativo de la mayoritaria bancada del Frente Progresista y el acompañamiento de sólo uno de los cuatro bloques del peronismo, mientras que las tres restantes bancadas del PJ prefirieron abstenerse.

A la Cámara de Senadores el proyecto fue ingresado hace tres semanas, motivo por el cual los legisladores consultados por este diario durante la última sesión de la Cámara alta se excusaron de anticipar una opinión.

"Todavía no hemos leído el proyecto", fue la unánime respuesta recibida al consultar a tres integrantes de la Cámara que preside Tessio.

Lo cierto es que la iniciativa ya fue girada a la comisión de Derechos Humanos, cuyos miembros resolverán en los próximos días un pedido de audiencia formulado por los integrantes de la asociación civil Vox, a la vez que citarán a representantes de los arzobispados de la provincia con el fin de recoger diversas opiniones.

Impulsado en anteriores periodos parlamentarios por los diputados del Partido del Progreso Social, Miriam Benítez y Ricardo Reynoso, y el actual legislador cavallerista, Oscar Urruty, el proyecto de unión civil posibilita a parejas gays y heterosexuales acceder a una serie de beneficios en materia de seguridad social.

Entre ellos se establece que los integrantes de la pareja tendrán idéntico tratamiento legal al de los convivientes respecto de las leyes previsionales, licencias laborales, acceso a la vivienda, asistencia integral a la salud, asignaciones especiales, visitas íntimas a personas detenidas dentro del sistema carcelario y acceso a planes sociales.

La iniciativa parlamentaria define la unión estable de pareja "con independencia de su sexo u orientación sexual", como la "unión conformada libremente por dos personas capaces que convivan en pareja con ostensible trato familiar".

Y establece para su reconocimiento legal una serie de requisitos como la convivencia "en una relación de afectividad estable, notoria, singular y pública por un período ininterrumpido de dos años", salvo que entre sus integrantes haya descendencia en común.

Además ambas personas deben tener domicilio real en la provincia registrado con dos años de antigüedad.