“En Rosario hacemos un control muy fuerte de todo lo que es venta callejera. La fiscalización es mucha y de manera constante. Tenemos 251 puestos autorizados y regulamos que esos vendan lo que tienen que vender”. De esa manera, Pablo Seghezzo, secretario de Control y Convivencia Ciudadana, destacó el rol activo que cumple la Municipalidad de Rosario en las tareas de inspección. “Como en todas las áreas de control, siempre nos quedan muchas cosas por hacer. Pero estamos muy conformes con lo realizado en el último año”, agregó.
En relación a la postura de la Municipalidad ante el fenómeno de puestos callejeros o venta ilegal, Seghezzo apuntó: “Nosotros ya dimos un número de permisos y no damos más. Nuestro deber es controlar que todos esos puestos cumplan con la normativa vigente. Y si a fin de año juntan muchas actas de infracción, no se les renueva o se les retira el permiso”.
“La verdad es que no es un trabajo sencillo, pero hay que hacerlo. Desde la Intendencia hay una bajada de línea, una regla que está muy clara. La intención siempre es preservar el espacio público para todos los ciudadanos. Y si hay vendedores ambulantes, es mucho más difícil circular”, se encargó de resaltar el funcionario.
—¿Cómo se está controlando la venta ilegal en las calles de la ciudad de Rosario?
—En Rosario existe la ordenanza 7.703 del año 2004. Quiere decir que hay una regulación de la actividad. El problema se presenta cuando no hay ninguna norma. Por ejemplo, en el caso “trapitos” no hay ninguna regulación, y es poco lo que se puede hacer. Hay que esperar alguna denuncia de extorsión. En cambio, en la venta ambulante, esta ordenanza existente nos da un marco legal que indica lo que se puede hacer, y lo que no, en la ciudad. Esa es la principal diferencia con otras ciudades importantes del país, que no cuentan con ese apoyo legal.
—¿Qué establece concretamente la ordenanza?
—Que el vendedor debe atender él mismo el puesto, tiene que tener domicilio en la ciudad de Rosario, dos años de residencia y no contar con otro medio de subsistencia en el grupo familiar. Esto está dirigido fundamentalmente para gente que no tiene otro sustento de vida, no para los que participan de una red de distribución de mercadería trucha. Eso pasa en muchas ciudades, y es el riesgo que también corre Rosario. La semana pasada denunciamos una familia que se dedicaba a eso y le retiramos directamente el permiso.
—¿Cómo es el procedimiento habitual de inspección?
—Entendemos que los permisos otorgados tienen una función social, con un límite preciso de mercadería. También hay una ubicación donde están instalados los puestos y eso es lo que se controla. A los que están fuera de esto, les pedimos que se retiren con una correspondiente notificación. Al otro día hay una nueva notificación, y al tercer día ya procedemos a la incautación de mercadería de manera preventiva. El Tribunal de Faltas es el que establece si hay que restablecer la mercadería, y si no, es donado a algunas entidades reconocidas de bien público.
—¿De qué manera manejan la relación con el comerciante tradicional, que se queja de una competencia desleal?
—Es que se dieron una cantidad de permisos y ya no se dan más nuevos. Eso no quiere decir que no aparezca gente que se instale con “paño al piso”, pero estamos permanentemente retirándolos. En el centro de la ciudad hay más de 40 personas asignadas a eso. La GUM está controlando constantemente esto en el centro y una de las consignas es la venta ambulante.
—¿Cómo calificarías las tareas de control?
—Hacer venta ambulante en el centro de una ciudad tan grande como Rosario es algo que mucha gente pretende. Por eso, si no existieran controles permanentes, se llenaría. Siempre están las imágenes de los días en que hay paros de municipales, lo que pasa con esos vendedores. Tenemos muchos incidentes fuertes. La semana pasada hubo incidentes de siete vendedores ambulantes con dos mujeres de la Guardia Urbana, y eso es porque estamos controlando como se debe.
—¿Cómo se distingue la venta ambulante de la ilegal?
—Hay que separar. Una cosa es la venta ambulante, y esa persona tiene necesidades y el puesto trabaja así, se nota a la vista. Si está bajo la ordenanza, está bien. Pero atrás de eso puede haber una red de distribución de mercadería trucha, que viene de contrabando. Y esa persona está empleada en negro, y vaya a saber bajo qué regímenes está sometido. Eso ha crecido en el país de manera impresionante.
—¿Cómo deben ser los trabajos de protección?
—Hay que estar muy atentos porque puede venir gente de otras ciudades, de Buenos Aires, de Mar del Plata. Es un negocio muy grande el de la venta ilegal, que lógicamente se lleva a través de la venta ambulante. Por suerte, hemos podido detener ese proceso en Rosario con mucha presencia de la GUM y de Control Urbano.
