El gerente general de Terminal Puerto Rosario (TPR), Diego Fernández Quejarazu, descartó de plano la idea "instalada en el imaginario colectivo" de que los puertos del Gran Rosario son "una especie de colador" para el
narcotráfico.
"En el imaginario colectivo se ha instalado, lamentablemente, la idea de que los puertos del Gran Rosario somos una especie de colador por donde ingresan a diario sin ningún tipo de control toneladas de droga, y no es así, en absoluto", subrayó Quejarazu.
Mientras tanto, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, firmó un convenio con la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (Capym) para poder controlar los treinta puertos privados del Gran Rosario y combatir así el ingreso y egreso de drogas por estos canales, una medida que forma parte del acuerdo de cooperación entre la Casa Rosada y el gobierno de Santa Fe.
"Las embarcaciones que navegan por el río tiran paquetes de droga a la costa. Eso sucede tanto acá como en las costas más angostas de Itatí", Corrientes, señaló Bullrich en el marco de la reunión que mantuvo con el gobernador Miguel Lifschitz y funcionarios federales, en el plan de lucha contra el narcotráfico. Y apuntó: "Contra la droga hay que entrar a los puertos, celebro que los puertos estén abiertos para que el Estado pueda entrar para evitar que la droga perjudique a los pueblos".
El propio Quejarazu destacó que el convenio "es muy importante para todos los operadores portuarios de la región", y aclaró que en la actualidad "toda carga que ingresa al país por vía fluvial es inspeccionada por Aduana y Prefectura. No se trata de controles esporádicos sino cotidianos, sistemáticos y generalizados, donde se utiliza un scanner y se exige que toda la documentación esté en regla".
Por su parte, el presidente del Ente Administrador Puerto Rosario, Ángel Elías, destacó la importancia del convenio y sostuvo que hay "un compromiso de las terminales" privadas para sumarse a las alternativas de prevención que se puedan tomar a través de los puertos.
Las tareas de fiscalización quedarán a cargo de Prefectura Naval, que deberá reforzar los controles de toda la franja costera de la hidrovía Paraguay-Paraná, por donde se mueven al año 60 millones de toneladas de carga, lo que lo convierte en un polo agroexportador clave en el mercado mundial.
"Estamos dando un paso muy importante en la lucha contra el narcotráfico. Vamos a trabajar en un control preventivo. Estamos hablando de una infraestructura clave para el progreso del país que debe ser fiscalizada para evitar el tráfico ilegal de estupefacientes", explicó Bullrich tras la firma del convenio.
Lifschitz celebró la "sintonía de acción" entre todos los instrumentos del Estado para combatir el delito, el narcotráfico y la inseguridad. "Nos enfrentamos a organizaciones sofisticadas que en su mayoría tienen vínculos internacionales. Demasiada ventaja les estábamos dando. Estamos concretando una medida para atacar la raíz del ingreso y egreso de droga", subrayó.
La agenda de Bullrich en Rosario incluyó una reunión con los jueces y fiscales federales para poder "fortalecer las estructuras judiciales" y acabar así con "los cuellos de botella" que se generar por la falta de recursos.
"Ya lo hablamos con el gobernador y con el presidente de la Nación, la necesidad de cambio en el código procesal, además la Nación tiene un nuevo mecanismo que es la flagrancia que nos va permitir hacer juicios en un plazo mínimo de 40 días, esto será muy bueno para terminar con la puerta giratoria", dijo.
La batería de medidas anunciadas hoy forman parte del convenio de cooperación firmado semanas atrás entre el ministerio de Seguridad y el gobierno de Santa Fe, que tiene como objetivo bajar la alta tasa de delitos y homicidios que tiene las principales ciudades de la provincia.
Antes de fin de mes, según confirmó Bullrich, arribará un "grupo importante" de gendarmes para controlar barrios peligroso, rutas y otros puntos claves de la seguridad pública. El acuerdo resalta que "la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo y el crimen organizado requiere la formulación de una metodología de intervención básica, consensuada y coordinada a los efectos de optimizar la utilización de recursos y materiales, perfeccionar la capacidad y el tiempo de respuesta a fin de mantener la paz social y la tranquilidad pública".
