La ciudad

Se complica la situación judicial de Beto Riba

El titular del Sindicato de Vendedores Ambulantes fue denunciado por prácticas extorsivas y ayer se sumaron pruebas que lo comprometen.

Viernes 10 de Agosto de 2018

La investigación por presuntas prácticas extorsivas para que vendedores ambulantes puedan ejercer su actividad sumó una prueba fundamental: los recibos con los importes que los puesteros pagaban al Sindicato de Vendedores Ambulantes (Sivara). Según denunciaron unos 15 comerciantes informales, las autoridades del gremio les exigían entre 300 y 500 pesos diarios para permitirles trabajar.

Esos montos les permitirían recaudar más de un millón de pesos mensuales.

Entre el martes y ayer, los vendedores ambulantes ratificaron frente al fiscal Matías Edery las acusaciones que ya habían presentado en Centros Territoriales de Denuncias (CTD) contra las autoridades del Sivara.

No sólo eso, fuentes de la Fiscalía indicaron que los puesteros contaron puntillosamente y con lujos de detalles cómo se concretaba el pago de extorsiones para trabajar en las calles del centro, parques o espacios públicos de la ciudad.

Según contaron, cada semana "personas cercanas al sindicato" pasaban por los puestos y dejaban un talonario donde figuraban los montos que, después, los puesteros debían saldar en el local del gremio, en 27 de Febrero al 900.

Si los pagos se atrasaban, apuntaron, en la próxima visita la cordialidad quedaba de lado. Generalmente, dijeron, el grupo estaba formado por las mismas dos o tres personas y, entre ellas, identificaron al líder del sindicato, Alberto Adrián Ribadero, más conocido como Beto Riba, el nombre que usaba para subirse a los escenarios de música tropical.

Es más, los vendedores le acercaron al fiscal los comprobantes, que exhibían preimpreso el logo del sindicato.

Los puesteros explicaron al fiscal que mediante esta maniobra se garantizaban la posibilidad de trabajo en las zonas más cotizadas, como calle San Luis o el parque Independencia, y también en encuentros deportivos o espectáculos masivos.

Los montos

De acuerdo a las denuncias ratificadas en la Fiscalía, los puesteros debían garantizar entre 300 y 500 pesos diarios al gremio para no ser molestados. Fuentes de la fiscalía y del municipio estimaron que de esta forma se podrían embolsar un ingreso superior a un millón de pesos mensuales.

El número surge de una estimación entre las sumas que los vendedores decían pagar y el cálculo de que existen unos 2.500 puesteros trabajando en espacios públicos, de los cuales sólo 600 cuentan con la habilitación del municipio.

Las denuncias por extorsiones y amenazas se hicieron públicas hace ocho días, cuando un grupo de vendedores ambulantes marchó hasta el Concejo para exponer el problema.

En la Fiscalía ya se había presentado la denuncia de la dueña de un carrito del parque Independencia, quien había sufrido el ataque a balazos del frente de su vivienda de Biedma al 2200 y el incendio de su puesto de choripanes.

En los Centros Territoriales de Denuncias se presentaron después otros puesteros que dejaron asentadas 15 denuncias contra el sindicato por prácticas extorsivas y amenazas.

A través de las redes sociales, Riba negó enfáticamente esas acusaciones. Apenas indicó que recorre los puestos solicitando un aporte solidario para financiar el gremio y brindar a sus trabajadores cobertura y beneficios sociales.

Y contraatacó advirtiendo que los propios inspectores de Control Urbano son los que "cobran coimas" a los puesteros que no están en regla para dejarlos trabajar en esos espacios.

Consultada por los medios, la intendenta Mónica Fein pidió a la Justicia que actúe e investigue las acusaciones formuladas contra el gremio.

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