Los familiares de las víctimas de la explosión del edificio de Salta 2141 recordaron ayer los 14 meses del siniestro con una concentración en Tribunales donde volvieron a reclamar justicia y denunciaron "maniobras para impedir la incorporación de nuevas pruebas" a la causa. Concretamente, aseguran, se trata del pedido de los fiscales de varias medidas tendientes a avanzar en la responsabilidad que se reprocha a agentes de Litoral Gas SA. De todos modos, desde la fiscalía se negó que la investigación esté paralizada.
"Todo el tiempo nos ponen palos en la rueda, pero tienen que saber que no vamos a parar, no nos van a amedrentar", se quejó Eleonora López, hermana de Carlos, uno de los 22 fallecidos en la tragedia desatada el 6 de agosto del año pasado. Se refería a la solicitud de la defensa de los cinco empleados de Litoral Gas de suspender nuevos actos procesales hasta tanto la Corte Suprema santafesina se expida sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado contra los procesamientos de esos agentes.
El pedido de los abogados Walter Stramazzo y Gustavo Peirone llegó a la jueza Irma Bilotta el mes pasado. Concretamente, explicaron fuentes de la causa, solicitaron que mientras dure el trámite ante la Corte no se realicen "actos procesales que puedan afectar el derecho de defensa de los imputados".
En base a eso, el 29 de septiembre pasado la magistrada corrió traslado del requerimiento de los defensores y de las medidas propuestas por los fiscales a todos los intervinientes en la causa. "Es apenas una consulta que los querellantes tienen cuatro días más para responder. Después de eso, la jueza resolverá sobre las medidas pedidas por los fiscales", consideraron fuentes de la causa.
Y destacaron que la investigación "no está frenada" y que "todo el tiempo los fiscales están trabajando, realizando consultas, reuniéndose con los querellantes y avanzando en ese sentido".
En lucha. No obstante, un grupo de familiares no ahorró críticas. "El pedido de Stramazzo busca que no se siga investigando hasta que los jueces de la Corte se expidan. Es una maniobra para dilatar, para ganar más tiempo, para frenar la incorporación de nuevas pruebas, pero queremos que sepa que seguiremos luchando", indicó López.
La mujer señaló que las medidas que solicitaron los fiscales buscan ahondar en la hipótesis sobre la responsabilidad de la empresa prestataria del servicio de gas en la explosión que causó la muerte de 22 personas, unos 60 heridos y pérdidas materiales millonarias.
El primer escrito de la fiscalía se presentó el 17 de septiembre y se reiteró nueve días después. Allí, las fiscales Graciela Argüelles y Luis Schiappa Pietra solicitan "se prosiga con la investigación", proponiendo una batería de medidas, algunas de las cuales buscan establecer, entre otras cosas, si el gasista que manipulaba las instalaciones cuando se desató el siniestro pidió instrucciones a Litoral Gas para realizar ese trabajo.
Entre otras cosas se requieren las filmaciones correspondientes al 1º de agosto de 2013 de las oficinas de zona sur de Litoral Gas donde el gasista Carlos García dijo haber haber concurrido para pedir instrucciones sobre el cambio de regulador y la lista de empleados de esa sucursal, entre otras medidas que los familiares de las víctimas consideran "fundamentales" ya que la estrategia defensiva de la empresa se basa en sostener que la intervención del gasista no fue debidamente notificada.
En febrero, Bilotta procesó a once personas, a las que reprochó distintos grados de responsabilidad por el delito de estrago culposo agravado por las 22 muertes.
Al gasista Carlos García, quien manipulaba la instalación cuando se desató la fuga, se le sindica haber provocado el escape de gas.
No obstante, se considera que el resto de los acusados contribuyeron a desatar el drama en una cadena de actos negligentes.
En esa situación se inculpó a otros dos gasistas, los tres administradores del inmueble siniestrado y cinco empleados de Litoral Gas.
En agosto, el juez de la Sala III de la Cámara Penal, Guillermo Llaudet Mazza, hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad planteado por los empleados de la empresa.
Su resolución rechazó al mismo tiempo pedidos similares presentados por el gasista García y de cuatro familiares de las víctimas, que requerían sumar al menos una nueva indagatoria en la búsqueda de más responsables.
La defensa de los procesados por la firma había recurrido al planteo para que se le permita apelar el fallo de Bilotta planteando la nulidad de las indagatorias de sus clientes y la inexistencia de responsabilidad penal.
Ahora será la Corte la que determine si el recurso es procedente o no. Si lo acepta, ordenará que se tramiten las apelaciones. Si no, a la defensa le quedará la alternativa de llegar hasta el máximo tribunal de la Nación.
Escrache
Además de manifestarse en Tribunales, anoche los familiares de las víctimas de la tragedia marcharon otra vez hasta las oficinas de Litoral Gas y realizaron un escrache frente a la oficina del abogado de la firma, Walter Stramazzo, en Sarmiento al 700. Y volvieron a pedir una reunión con la presidenta Cristina Kirchner y el gobernador Antonio Bonfatti.
