En medio de la discusión desatada por el proyecto para prohibir la instalación de nuevos barrios cerrados (ver página 3), la oposición salió a reclamar al municipio el cumplimiento de la ordenanza que crea el Fondo Municipal de Tierras. La norma, aprobada hace ya 13 años, apuntaba a crear una reserva de terrenos para la construcción de viviendas sociales y espacios verdes, pero nunca se reglamentó. Y según se denunció en el Concejo Municipal, la omisión tuvo su costo: la pérdida de 3 mil viviendas sociales del Plan Federal.
  La ordenanza en cuestión (6.493) se aprobó el 15 de diciembre de 1997. Establecía la incorporación de 20 hectáreas al año —a 2010 el fondo debería estar conformando como mínimo por 240 hectáreas—, crear una cuenta bancaria para capitalizar el dinero de las compensaciones de los urbanizadores privados o derivados de compraventas, canje por deudas impositivas, donaciones, cesiones o expropiaciones (ver infografía).
  La norma permitiría repensar los modos de urbanización, sobre todo en lo referente al hábitat de los sectores sociales medios o bajos, y que la misma dinámica urbanística de la ciudad fue expulsando hacia la periferia. A pesar de que en la Municipalidad explican que ya existe un registro de suelos, nunca se instrumentó tal cual lo establece la ordenanza; es decir, con mecanismos de participación de las entidades intermedias y de control de distintas esferas de gobierno.
  El proyecto fue impulsado en su momento por el ex concejal y ahora diputado provincial Oscar Urruty (Frente para la Victoria - PPS), quien no ahorró críticas al ser consultado sobre el destino de su iniciativa. “Los problemas de hábitat están relacionados al manejo del suelo. Cuando hay disponibles fondos para viviendas, el cuello de botella son las tierras. Rosario perdió 3 mil viviendas del Plan Federal (eran 4.500) por embarcarse en una discusión con el Ejecutivo provincial en 2007 porque no las querían hacer todas juntas en la Zona Cero (autopista a Santa Fe y Circunvalación)”, indicó.
  En el mismo sentido se expresó el presidente de la comisión de Planeamiento del Concejo, el radical Jorge Boasso. “El Fondo de Tierras es una herramienta para la planificación de viviendas y espacios verdes. Está demostrado que a esta gestión la manejan, a gusto y piacere, los emprendimientos privados”, sostuvo.
  Un razonamiento parecido esgrimió la concejala de Encuentro por Rosario, María Eugenia Bielsa. “La ordenanza nunca se efectivizó”, sostuvo e indicó que “el municipio violentó la norma. Desde 2006 ingresó dinero de las compensaciones económicas que hacen los urbanizadores privados, y siempre se argumenta que va a Rentas Generales, donde no se sabe en qué se invierte. Con esta política, las tierras urbanas están cada vez más comprometidas a los sectores altos”, dijo.

Respuesta. Si bien admitió que no es bajo la forma del Fondo Municipal de Tierras, tal cual lo establece la ordenanza, la secretaria de Planeamiento, Mirta Levin, dijo que “ya existe” un registro de tierras en la órbita municipal, al que se acude para proyectar viviendas sociales para sectores medios. Y retrucó las críticas diciendo que “en vez de pensar si funciona o no el banco de tierras, lo que hay que hacer es gestionar los fondos para construir las viviendas, que es lo que falta”.
  La directora del Servicio Público de la Vivienda (SPV), Susana Nader, admitió que el registro no fue reglamentado tal como lo ordenó el Palacio Vasallo. “El banco de tierras no funciona”, reconoció, pero coincidió con Levin en que “hay una base de datos con suelos aptos, a los que se recurre de acuerdo a las necesidades”. Algo es seguro, la norma, como tal, nunca se implementó. l