Usuarios residenciales de alto poder adquisitivo, comercios e industrias enganchados a la red eléctrica producen fraudes por cifras millonarias en perjuicio de la Empresa Provincial de la Energía (EPE). Sin embargo, el volumen de denuncias no es importante en el Ministerio Público de la Acusación y si las situaciones llegan a esa instancia el criterio es perseguir un resarcimiento económico por la vía de la conciliación antes que un juicio y una condena penal. Así lo afirmó la fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren.
La funcionaria dijo que el MPA tiene como política priorizar un acuerdo reparatorio que implica el recupero económico del daño a favor de la parte damnificada, en Rosario la EPE y en Villa Gobernador Gálvez una asociación cooperativa que es la que presta el servicio en la vecina ciudad. De allí que los hechos una vez denunciados sean tratados en la Unidad de Salidas Alternativas, a cargo de los fiscales Marcelo Maximino y Damián Cimino.
De todos modos, "no hay un volumen importante de denuncias, eso va fluctuando según las políticas de las empresas. Recibimos presentaciones de la EPE y de la cooperativa de Villa Gobernador Gálvez", aseguró la fiscal Iribarren y describió los pasos que se suelen seguir: una audiencia imputativa en estado de libertad en la sede de la Fiscalía, sin presencia de un juez. Muchas veces esta audiencia abre el camino a la conciliación, es decir el resarcimiento económico por el daño producido. En otras ocasiones las partes presentan el acuerdo previo al que habían arribado.
Frente a un caso que involcura el delito de hurto de energía, que tiene una pena máxima de dos años de prisión, una de las más bajas previstas en el Código Penal, la idea es que la persona, comercio o industria denunciada pueda hacerse cargo del resarcimiento económico en relación al daño causado. "Se buscan métodos alternativos, de acuerdo a lo que prevé el Código de Procedimientos, sin llegar a una condena penal", continuó la máxima autoridad del Ministerio Público de la Acusación de la segunda circunscripción.
En la página web del MPA figura el convenio suscripto en agosto de 2018 entre el fiscal general Jorge Baclini y el entonces presidente de la EPE, Maximiliano Neri, para optimizar la persecución penal y evitar la criminalización de conductas sin interés para ambas partes. Se fijaron como pautas generales para radicar las denuncias, los casos de comercios, de hechos graves o reiterados y aquellos en los que prima facie hayan participado empleados o funcionarios de la propia empresa. Se prescinde de perseguir penalmente fraudes detectados que carezcan de interés para la compañía en cuanto al sustrato económico y que no comprometan el interés general desde la perspectiva de la Fiscalía.
El año pasado, la Empresa Provincial de la Energía logró recuperar en el Gran Rosario unos 640 millones de pesos al detectar poco más de diez mil clientes entre residenciales y comercios que cometían fraude eléctrico, y regularizar su situación. No se trata de vecinos de barrios populares -para quienes hay un programa especial que cerró con 3.882 normalizaciones del servicio- sino de “suministros pudientes”, los que tienen capacidad de pago y aun así realizan conexiones directas o adulteran el medidor. En total, habían consumido 50 gigavatios (cada gigavatio equivale a un millón de kilovatios).
