La ciudad

Revisarán procesos de cinco empleados de Litoral Gas

La Justicia aceptó el planteo de inconstitucionalidad que hizo su defensa, pero rechazó los de García y los familiares.

Jueves 28 de Agosto de 2014

El juez Guillermo Llaudet Mazza, de la sala III de la Cámara Penal, hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad planteado por la defensa de los cinco empleados de la empresa Litoral Gas procesados por la explosión de Salta 2141. Su resolución rechazó al mismo tiempo pedidos similares de inconstitucionalidad presentados por el gasista Carlos García, quien trabajó con el regulador el día del siniestro, y de cuatro familiares de las víctimas, que requerían sumar al menos una nueva indagatoria en la búsqueda de más responsables. Ante esta decisión, ahora la causa fue elevada a la Corte Suprema de Santa Fe, que resolverá si corresponde hacer lugar a las apelaciones que el mismo Llaudet Maza había rechazado a principios de mayo invocando una cuestión de procedimiento.

Seis meses después de la tragedia, a fines de febrero pasado, la jueza de Instrucción Nº 10, Irma Patricia Bilotta, procesó a once personas por el delito de estrago culposo agravado por las 22 muertes que dejó como saldo el hecho.

Aparte de los cinco empleados de Litoral Gas, quedaron formalmente acusados de la explosión tres gasistas particulares que trabajaron en el edificio y los tres administradores del consorcio.

De las once defensas, nueve apelaron ese fallo a los pocos días, con el nuevo Código Procesal Penal ya vigente, que determina que sea un juez de alzada (por sorteo) quien revise si se admite el recurso.

Fue por eso que el expediente quedó a cargo de Llaudet Maza, quien en esa instancia entendió, siempre según el nuevo trámite judicial, que el procesamiento de los imputados no suponía un "gravamen irreparable" porque no implicaba prisión preventiva.

Y así fue como la siguiente estrategia, tanto de la defensa como de la querella, apuntó al recurso de insconstitucionalidad con diferentes argumentos.

De las tres presentaciones, una por García, otra por cuatro familiares de víctimas de la explosión y la otra por los empleados de Litoral Gas, sólo prosperó la última.

Y así fue como ayer se conoció —aun cuando todavía no se había notificado oficialmente a las partes— que el mismo juez, Llaudet Maza, aceptó el pedido de inconstitucionalidad presentado por los defensores de la gerenta técnica de la empresa, Viviana Leegstra, el jefe de los inspectores Claudio Tonucci y los inspectores Gerardo Bolaños (a quien se acusa de haber cortado el gas el 25 de julio sin poner un cepo de seguridad para que trabajara el gasista José Allala, otro imputado), Luis Curaba y Guillermo Oller, quienes reconectaron el servicio un día más tarde sin hacer una inspección integral.

La defensa de los procesados por la firma había recurrido al planteo de inconstitucionalidad para que se le permita apelar el fallo de Bilotta planteando la nulidad de las indagatorias de sus clientes y la inexistencia de responsabilidad penal.

En cambio, el magistrado no hizo lugar al mismo pedido del abogado que representa a García, a quien se imputa haber desatado la fuga mientras intentaba cambiar un regulador, y tampoco al de los familiares de las víctimas, que apostaban a sumar responsabilidades, por ejemplo la de otro empleado de Litoral Gas de apellido Vila a quienes atribuyen participación en el desastre.

El defensor de García, Hugo Bufarini, que ayer no había sido notificado aún de la resolución del juez, pidió la inconstitucionalidad que ahora le fue denegada porque entendió que la resolución de la jueza Bilotta resulta "gravosa" para su cliente. Su punto clave de impugnación son las pericias técnicas realizadas por la empresa marplatense GIE, ante la "sospecha de parcialidad".

Decepción. En el caso de las familias querellantes, el planteo era "reabrir la investigación", sostuvo la mamá de Santiago Laguia, Claudia Vaio, "para ampliar las indagatorias". Al enterarse ayer de la resolución, Vaio expresó una profunda decepción y recordó que habían sido citados por el mismo juez para el 9 de septiembre próximo. "Hoy no entiendo para qué", se quejó.

Ahora será la Corte Suprema provincial la que determine si el recurso de inconstitucionalidad es procedente o no. Si lo acepta, ordenará que se tramiten las apelaciones. Si no, a la defensa le quedará la alternativa de llegar hasta el máximo tribunal de la Nación.

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