Renuevan prisión domiciliaria al imputado por una picada mortal

La audiencia para revisar la medida cautelar que había sido impuesta a Ariel L. se celebró ayer con una pequeña demora porque el muchacho, acusado del delito de "homicidio culposo triplemente calificado", no fue trasladado a tiempo a los Tribunales provinciales.

Ariel L. está investigado por su participación en una picada fatal que tuvo lugar a las 5.20 del 29 de julio pasado en la zona sur.

El joven corría una picada con un contrincante (Lisandro A., imputado por participar de la carrera ilegal) por 27 de Febrero y, cuando llegó al cruce con Necochea, chocó en el costado izquierdo en Fiat Duna que conducía Andrés Muñoz, de 40 años, que murió en el lugar.

En la misma audiencia en la que fue imputado el 31 de julio último, el juez Carlos Leiva decidió que debía cumplir prisión preventiva domiciliaria por 30 días para evitar el entorpecimiento probatorio. La medida cautelar vencía ayer y por eso se celebró una nueva audiencia para revisarla.

Nuevas pruebas

Ayer, el fiscal Walter Jurado solicitó que se renueve la medida cautelar, pero que esta vez fuera de cumplimiento efectivo. Eso mismo había pedido hace un mes, pero el magistrado Carlos Leiva resolvió imponer la medida morigerada.

Jurado explicó que un informe preliminar del perito oficial que participó en la pericia accidentológica, arrojó que los automóviles que participaron en la picada circulaban por lo menos a 130 kilómetros por hora.

También expuso ante el juez el resultado de las pericias de alcoholemia y alcoholuria, que dio que Ariel L tenía 0,82 gramo de alcohol en sangre, es decir, 0,32 gramo por encima de los permitido pero no lo suficiente como para que pueda ser considerado como un nuevo agravante del delito de homicidio culposo.

Jurado entendió que la sumatoria de pruebas en contra del imputado aumentan la expectativa de pena y por eso el riesgo de que intente darse a la fuga. Ese fue su argumento para volver a solicitar que la medida fuera de cumplimiento efectivo. Pero además pidió que, si el juez volvía a inclinarse por la domiciliaria, se controlara a Ariel L. a través de una pulsera electrónica.

La querella, representada por las abogadas Malena Copello y Bárbara Reynoso, acordó con el planteo fiscal y remarcó que el imputado no tiene arraigo comprobado porque no tiene hijos, ni pareja, ni casa propia, ni trabajo, ni estudios universitarios comprobados, por lo que —enfatizaron— el riesgo de fuga es grande.

Por su parte, la defensa, representada por la letrada Malena Corbalán, entendió que no existe peligro ni de fuga ni de que Ariel L. pudiera entorpecer la investigación y que en ese contexto "resulta arbitrario mantener una medida como esta".

El juez Leiva se ubicó en el mismo lugar que hace un mes y volvió a ordenar la prisión preventiva domiciliaria por otros 60 días con controles periódicos y en distintos horarios, a los que sumó, además, la utilización de la pulsera electrónica.