Alquilar un departamento de dos dormitorios en la zona delimitada por Pellegrini, Oroño y el río
cuesta un 80 % más que en el 2005. Y no hay que pensar en pagar menos de mil pesos por mes. Lo
mismo se da en la zona del macrocentro —27 de Febrero, avenida Francia y el río— donde
un contrato de locación hoy se hace por un 65 % más que hace dos años. Y en los barrios se replica
la situación: un departamento de un dormitorio cuesta un 55 % más. Todo esto, en una ciudad que
crece en altura y donde el boom de la construcción sigue sumando unidades al mercado.
Los datos se desprenden de un informe realizado por el centro de
estudios Concejalía Popular que se presentará hoy, a las 10, en Entre Ríos 343. El informe compara
los precios de los alquileres de los mismos inmuebles entre 2005 y 2007. Y las conclusiones
demuestran que en algunos casos, sobre todo en el centro de la ciudad, los incrementos superan el
80 %.
Los precios se dispararon en parte porque se revalorizaron los terrenos
de la ciudad, como sucede por ejemplo en la zona del parque España. Sin embargo, el titular del
Centro de Estudios Metropolitanos de la Concejalía Popular, Nire Roldán, denunció el “abuso
sistemático del derecho de las personas que hacen de las viviendas un único negocio” y
reclamó la intervención del Estado para regular la actividad. En esta nueva realidad, los más
afectados son los jubilados y las familias de uno o dos hijos.
Sin salida. Un departamento de un dormitorio en Corrientes al 2100 costaba 280 pesos por mes
en 2005, mientras que hoy ese mismo inmueble cuesta 600. Es decir que sufrió un aumento del 114 %
en dos años.
“Algunos lo podrán pagar, pero otros se verán expulsados a otras
zonas de la ciudad”, manifestó Roldán, y reconoció que es patente el aumento del metro
cuadrado en Rosario, pero “hay que tomar medidas para que la gente pueda tener una
casa”, subrayó.
No son pocos los inquilinos que se llevan una sorpresa cuando van a
pagar el segundo año del alquiler y se les exige un precio mayor. “Eso sucede por la
indexación de los contratos, que ya es una práctica usual pero prohibida por la ley”,
denunció Roldán.
El coordinador del área de vivienda de la Concejalía Popular, Ariel
D’Oracio, recordó que ya en los contratos “se incorpora una cláusula que indica que en
un plazo determinado las partes renegociarán el canon”.
Indexación encubierta. En otros casos, se establece un valor para el primer año y otro
superior para el segundo. Otra forma de indexación “encubierta” es la de fijar un
precio determinado para la totalidad del contrato y un monto bonificado por el locatario. “El
inquilino firma por un monto intermedio y termina pagando el máximo, cuando en realidad debería
firmarse por un costo fijo por los dos años”, agregó Roldán.
Oferta para algunos. Paradójicamente, ante al boom de la construcción en la ciudad y, por lo
tanto, al aumento de la oferta, muchos se ven obligados a abandonar su hogar por no poder afrontar
los nuevos valores de los alquileres.
Según Roldán, “el aumento de la oferta es de inmuebles a estrenar,
que suponen un mínimo de 1.500 pesos de alquiler por mes y la mayoría es para la venta. No todos
pueden acceder a estos precios”, manifestó, aduciendo a que los nuevos emprendimientos
inmobiliarios están destinados a un sector social de mayor poder adquisitivo, en tanto que otros
sectores se ven desplazados a zonas más alejadas de la ciudad, en detrimento de su calidad de vida.
Como ejemplo, comentó la situación de quienes debieron trasladarse desde el parque España a zona
oeste donde, “entre otras cosas, es deficiente el servicio de cloacas”, opinó.
Para paliar esta situación, desde la asociación proponen un programa de
vivienda protegida, donde el Estado compre terrenos, construya y venda departamentos a bajo costo y
los inquilinos puedan comprar sus viviendas con una hipoteca a largo plazo.
Otra idea consiste en que se brinde una ayuda económica anual para
personas que no pueden pagar la totalidad del alquiler, y la implementación del Servicio Público de
Alquileres, donde se intente fijar una igualdad entre las partes.
También desde la concejalía proponen crear un registro único de
contratos sobre locaciones para evitar cláusulas abusivas y “como una manera de que el Estado
regule en forma igualitaria el negocio”, señalaron.
Además, “se podría llevar una estadística de las zonas donde
aumentan los alquileres, cuáles son las franjas etáreas más afectadas y dónde deberían intervenir
el Estado a través de la vivienda protegida”.
Algunos de estas propuestas fueron presentadas por Nire Roldán en el
Concejo Municipal, pero todavía están sin resolución.